Repartidores en toda la región se suman al reclamo por hacer que nuestras vidas valgan más que las ganancias capitalistas. El Acto internacional contra el racismo y la violencia policial este sábado, pone la demanda por las vidas negras, por las vidas trabajadoras. Saludos desde Brasil, Argentina, Chile, México y Costa Rica.
Viernes 10 de julio de 2020
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Las condiciones en que empresas como Uber Eats, Glovo o Rappi mantienen a sus trabajadores y trabajadoras recaen sobre los hombros de jóvenes, negros y migrantes. La precarización que pasa por no reconocer la clara relación laboral entre repartidores y empresas, permite que los empresarios aumenten bochornosamente sus ganancias sin preocuparse por reconocer un solo derecho laboral. Todo esto bajo la mirada cómplice de los diferentes gobiernos.
La exposición al contagio del coronavirus y a todo tipo de accidentes, que ya han cobrado varias vidas de repartidores en toda Latinoamérica, choca con el discurso sobre el lugar "esencial" que ocupa la juventud precarizada en las aplicaciones de reparto.
En este marco, es importante sumar el reclamo por condiciones de trabajo dignas, por poner nuestras vidas antes que las ganancias de los grandes empresarios, al lado de los reclamos de la juventud combativa en todo el mundo: desde los miles de jóvenes que agitan el Black Lives Matter en el corazón del imperialismo norteamericano, hasta la juventud que se rebeló en Chile.
En este sentido, extendemos la invitación al Acto internacional contra el racismo y la brutalidad policial de este sábado, a toda la juventud precarizada en aplicaciones de reparto. Para demostrar que no somos desechables, y dejar claro que las vidas trabajadoras importan.
En Costa Rica hay motivos de sobra para sumarse
El aparato estatal y policial costarricense concentra los rasgos más reaccionarios y racistas de la burguesía; algunos ejemplos de ésto son los asesinatos de los dirigentes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera; así como del activista ambientalista Jairo Mora, casos en los que el estado, la policía y el aparato judicial demostraron no sólo su completa negligencia al investigar a los responsables, sino que además se sumaron a los ataques de desprestigio hacia los activistas y sus reclamos. A éstos ejemplos se suma el caso de Antown Serrano Davey, un joven menor de edad que la policía asesinó en el 2018, durante la huelga general, en el barrio Santa Eduviges.
