Según el oficialismo, la norma propuesta permitiría realizar consultas a los tres poderes del Estado, que estarían obligados a responder. El proyecto había tenido voces críticas en contra.
Jueves 1ro de septiembre de 2016
Este jueves, en el Senado de la Nación, obtuvo dictamen el proyecto de ley de acceso a la información pública. Esto ocurrió en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto.
En la reunión hubo cruces entre quienes proponían votar por el proyecto tal como había salido desde la Cámara de Diputados y el sector que sostenía la necesidad de hacer modificaciones.
En este último se encontraba el puntano Adolfo Rodríguez Saá que, en defensa de su posición, llegó a afirmar que “no somos una Cámara obediente ni sumisa. No acepto pactos entre diputados y senadores que anulen la facultad revisora del Senado”.
Desde el kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti y Virginia García pusieron en cuestión la oportunidad y la urgencia del debate.
El proyecto de ley presentado por el oficialismo plantea crear una Agencia de Acceso a la Información Pública y un Consejo Federal para la Transparencia. Este organismo sería el encargado de gestionar todas las preguntas que realicen los ciudadanos acerca de los tres Poderes de la Nación y sus organismos.
Cuando se presentó este proyecto hace ya varios meses, desde diversas organizaciones surgieron las críticas. Entre ellas estuvieron el CELS, Amnistía Internacional y la misma FOPEA. En ese entonces, una de las propuestas del CELS fue que la Agencia encargada de administrar el acceso a la información pública estuviera dirigida por un cuerpo colegiado, que tuviera una representación más plural que la expresada en el proyecto oficial.
La norma obtuvo media sanción en mayo de este año en la Cámara de Diputados. Allí cuando se llevó a cabo el tratamiento, desde el Frente de Izquierda, la legisladora Myriam Bregman (PTS-FIT) había señalado en su intervención que “la falta de la más elemental independencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública convierte a este órgano en una copia fiel de la inerte Oficina Anticorrupción, que ya ha dado muestras de para qué sirve. Lo hemos visto con la actuación bochornosa alrededor de los Panama Papers, así como también con la vergonzosa opinión emitida con respecto al secreto del contrato entre YPF y Chevron”.
