Esta tarde el juez Torres ordenó la liberación de los dos militantes del PO. Este logro, sin embargo, viene acompañado por un procesamiento que ataca la movilización del 18D y criminaliza la protesta social.
Martes 23 de enero de 2018 18:26
En las últimas horas se conoció el fallo del juez Sergio Torres, quien lleva adelante la causa por los hechos ocurridos el 18 de diciembre, cuando la masiva movilización contra la “reforma previsional” debió resistir un embate represivo de varias horas.
Por esa causa quedaron detenidos, tras presentarse ante el juez, César Arakaki y Dimas Ponce, ambos militantes del Partido Obrero. César pasó 26 días en prisión y Dimas 15. También pesa una orden de captura sobre Sebastián Romero, militante del PSTU.
La decisión que se vio obligada a tomar el juez confirma que era insostenible mantener una acusación sin pruebas, así como la prisión preventiva de ambos militantes. Mucho más si tenemos en cuenta la enorme simpatía con la movilización que ya se había expresado con los cacerolazos de la noche y la caída en la imagen del gobierno tras esas jornadas de protesta.
Pero en el fallo el juez ordena el procesamiento de los militantes, pero además realiza una evaluación criminal de la masiva movilización obrera y popular del 18 de diciembre, lanzando un duro ataque contra las organizaciones que participaron de ella. Un grave antecedente en cuanto a la criminalización de la protesta.
Según denuncia el Partido Obrero en la declaración que emitió esta tarde, “el procesamiento de Arakaki y Dimas es una arbitrariedad completa: aclarado que no puede demostrar las acusaciones en curso contra ellos, los procesa por solamente haber participado de la movilización. De ella, Torres desarrolla una evaluación subjetiva de la cual saca conclusiones inspiradas en las declaraciones de los funcionarios del gobierno. Así, acredita hechos y, aún más, da por probadas serias acusaciones con su apreciación personal, criminalizante, de la movilización del 18 de diciembre”.
Por el contrario, niega la existencia de un plan represivo como el que quedó expuesto esa jornada, procesado a un par de policías “por excesos”.
Para coronar este ataque en regla a los derechos democráticos, el juez indica al gobierno a aplicar un protocolo que imponga normas y condiciones a la protesta social. Un consejo represivo que no puede que más que alertar sobre el accionar del Estado en futuras movilizaciones y reclamos.
Hoy, mientras se realizaba la audiencia con el juez y un posterior acto en Comodoro Py, de la que participaron sus abogados y personalidades políticas y derechos humanos, entre ellas Alejandrina Barry (CeProDH) y Patricio del Corro (PTS-FIT), el gobierno militarizó el Acceso Oeste para impedir una protesta de los despedidos del Hospital Posadas. Todo un símbolo de los planes de un gobierno cuestionado tras las movilizaciones de diciembre, que Torres avala con su fallo.
Tras este paso adelante que significa la libertad de los compañeros Arakaki y Ponce, la campaña continuará con el reclamo desprocesamiento de los militantes perseguidos desde el 18D, la libertad de los detenidos el 14D, la investigación del accionar de las fuerzas represivas y una gran pelea contra la criminalización de la protesta social.
