Línea 12. Línea 12 del metro: crimen social e impunidad para Grupo Carso

Después del primer día de audiencia contra los 10 señalados como responsables del colapso en la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, Grupo Carso principal responsable de la tragedia anunció que prevé destinar 800 millones de pesos para la rehabilitación del tramo afectado, sin embargo, esto sólo representan alrededor del 1% de sus ventas. Sin embargo, el monto definitivo dependerá de lo que se asigne en el proyecto de reconstrucción que entregue el Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia con analistas, Arturo Espinola, director financiero de Carso Infraestructura y Construcción, dijo que esto no representará más de uno por ciento de sus ventas como grupo. Lo cierto es que parte de lo que se invierta correrá por cuenta de los contribuyentes, ya que es un gasto que va contra resultados y pagará menos impuestos. Estos fundamentos dan más peso a la realidad para justificar la política de una comisión de investigación independiente.

La compañía del multimillonario mexicano Carlos Slim, estuvo a cargo de la construcción del tramo de la Línea 12 del metro de Ciudad de México y por más que simples detalles técnicos (de los que hablaremos más adelante) esta colapsó en mayo pasado, dejando 26 personas muertas y decenas de lesionadas. Han pasado meses y lo implicados, los peces gordos no han sido responsabilizados por tan terrible tragedia.

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Por su parte, la empresa noruega DNV presentó un dictamen preliminar sobre el colapso del tramo elevado de la línea 12. En este informe, concluyeron que el siniestro fue provocado por una falla estructural relacionada con al menos seis "deficiencias".

Avaricia empresarial y complicidad política

El actual canciller de la 4T, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, quien fuera jefe de gobierno en los primeros años de operación de esta línea, su sucesora actual en el cargo, Claudia Sheinbaum, así como directores operativos del metro y la empresa constructora de Carlos Slim, Grupo ICA, son responsables por el diseño, construcción y mal mantenimiento de dicha obra.

Ante esta situación, el Colegio de Ingenieros Civiles de México reveló que alrededor de una tercera parte del tramo aéreo necesita reparaciones con equipo especializado, al igual que el tramo del Periférico Oriente a Zapotitlán. Por si fuera poco, también denunciaron soldaduras cuestionables, separación insuficiente de vigas, columnas con fisuras superficiales en columnas, trabes y cabezales, diafragmas desalineados en trabes de acero e inconsistencias en atiesadores horizontales.

La responsabilidad vs la impunidad

Se estima que más de 5 millones de personas utilizan el metro a diario en la Ciudad de México, en el caso de la línea 12 en particular, los funcionarios declararon que unas 220 mil personas lo usaban para transportarse. El desplazamiento de la población trabajadora de la periferia hacia la ciudad, ha provocado que cada vez más personas tengan que recorrer horas de camino desde sus hogares hasta sus centros de trabajo.

No sólo los ya mencionados Ebrard, Sheinbaum y Mancera, son responsables de esta tragedia, también Calderón, Peña Nieto, López Obrador, Horcasitas (director del Proyecto Metro), Bojórquez (ex director del Sistema de Transporte Colectivo Metro), Joel Ortega (ex director también), Florencia Serranía exdirectora, todos son responsables de haber solapado a los empresarios que se enriquecieron con obras públicas que representan un riesgo para la vida de miles de millones de personas.

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Ante este crimen social y la descarada impunidad contra los responsables la clase trabajadora solamente alcanzará justicia por medio de una comisión independiente de investigación, conformada por arquitectos, ingenieros civiles, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y demás voces, sin la participación de los partidos del congreso, y donde la principal demanda sea el juicio y castigo a los políticos y empresarios responsables de la tragedia.

Es momento de plantear una comisión de investigación, siempre y cuando se discuta la dinámica del caso judicial, la audiencia, que ahora se difirió, que las familias aducen que no tienen acceso al caso y plantear una comisión de investigación independiente vinculada directamente a una exigencia concreta al Estado, en resumen se trata de que el estado de acceso a todos los expedientes a una comisión de investigación independiente que garantice los recursos humanos, financiero y materiales, etc y otras cuestiones.