Opinión. Los genocidas a la cárcel y la resistencia que se pone en marcha

La política del gobierno actual en materia de derechos humanos ha encendido alarmas en diversos sectores de la sociedad argentina. Los recientes episodios de impunidad hacia genocidas condenados, junto con los ataques a las instituciones y trabajadores encargados de preservar la memoria histórica, dibujan un panorama preocupante.

Para muestra basta un botón

Alejandro Domingo D’Agostino, que condujo el avión desde el que fueron tiradas al río a Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas y otros familiares y militantes de derechos humanos, se pasea impunemente. El año pasado, el represor violó su prisión domiciliaria más de diez veces, saliendo sin autorización. Sin embargo, ante el pedido de revocación de la domiciliaria, el tribunal oral primero y ahora Casación le permitieron mantener la "domiciliaria".

El asesinato de los doce de Santa Cruz –como se conoce la masacre–, entre las que se encontraban las Madres Azucena Villaflor, María Ponce y Esther Ballestrino de Careaga y las monjas Léonie Duquet y Alice Domon, se debió a que se reunían en plena dictadura militar para organizar acciones de reclamo por el paradero de sus seres queridos, secuestrados y desaparecidos. Fue posible gracias a la delación de un infiltrado. El mismo que organizó hace unos meses “la visita a Ezeiza”, el genocida de la Armada Alfredo Astiz. La delegación del gobierno que concurrió al penal con la intención de avanzar con la impunidad de los genocidas creyeron que iban a ser aplaudidos, que se convertían en héroes, y terminaron rechazados y repudiados.

En su testimonio la infatigable Madre de Plaza de Mayo Nora Cortinas contó, en el marco del juicio por la causa ESMA, en 2010, cómo “Hacia junio o julio de 1977 apareció un hombre joven que tendría la edad de nuestros hijos, apuesto y muy deportivo, decía que era hermano de un desaparecido y nos quería traer su testimonio. Caminaba en el medio de nosotras, nos agarraba del brazo, y nosotras éramos muy ingenuas…”.

Un ataque en regla a los derechos humanos: sin trabajadores no hay memoria

Mientras D’Agostino recibió un regalo de navidad, el gobierno de Javier Milei viene intensificando su ofensiva contra la memoria histórica y los derechos humanos en Argentina. Un paquete de medidas que favorecen la impunidad de los represores, despidos masivos en la Secretaría dependiente del Ministerio de Justicia y la reducción drástica del salario de la planta, el vaciamiento de los espacios de memoria y la permanencia de beneficios judiciales para represores condenados.

Se trata de la pérdida en el Ministerio de Justicia de más de 2400 puestos de trabajo y familias en la calle y la reducción del 50% del salario, el desmantelamiento casi completo de la Secretaría de Derechos Humanos y de áreas como los espacios de la memoria, y de trabajo específicas sobre los crímenes de lesa humanidad.

Aprovechando la contratación precaria de sus trabajadores, así como también el pago de medio sueldo a la planta permanente y transitoria, que vienen aplicando las diferentes gestiones desde la década de 1980, mediante el Ente Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el gobierno dispuso su cierre. Es decir, despido abierto o encubierto, ya que así se considera la reducción salarial por tratarse de un derecho adquirido. Persigue los mismos propósitos que el congelamiento de los salarios de los estatales en general, solo que en forma extrema. Ahogar económicamente a sus trabajadores y provocar más renuncias y doble empleo.

Los despidos masivos afectaron fuertemente a abogados querellantes en juicios de lesa humanidad, dejando provincias sin representación y poniendo en riesgo las causas. Debido a que en la Justicia Federal se respeta el principio acusatorio: si la fiscalía no acusa, no resultan condenas. La Mesa de DDHH de Córdoba, por ejemplo, denunció que, “con el despido de los abogados que constituyeron las querellas, esas causas quedarán ahora, en su gran mayoría, sin patrocinio”.

El gobierno busca barrer con el resultado de años de lucha democrática en la Argentina, atacando un lugar emblemático para los derechos humanos. Busca avanzar con la impunidad y envalentonar a las fuerzas represivas, en general, como atestiguamos recientemente con el brutal asesinato de Fernando Gómez en Salta por parte de la Gendarmería Nacional. Con represión, políticas demagógicas de trabajadores contra trabajadores y acuerdos con la casta, el gobierno se ilusiona con lograr un salto histórico en beneficio de los grandes empresarios y el FMI. Pero las acciones donde participaron miles y miles de trabajadores y jóvenes para impedir el ataque de Milei dicen mucho.

Desde la dictadura militar, pasando por los ’90 hasta la actualidad: la resistencia es en las calles

En pocos días, dos eventos masivos –el Abrazo a la ESMA y Festival del pasado sábado– mostraron no solo que existe la fuerza, también que no partimos de cero y contamos con una experiencia que involucraron a distintas generaciones durante décadas. Dejaron ver la posibilidad de construir una resistencia con la participación de los trabajadores de la Secretaría junto al inmenso arco solidario de organizaciones políticas, sociales y sindicales, asambleas barriales y centros de estudiantes que se congregó.

Pensemos que el gran movimiento democrático de nuestro país –reconocido mundialmente– surgió a partir de la valentía de un puñado de madres reunidas en Plaza de Mayo en plena dictadura. Y se fue ampliando cada vez más a lo largo de las décadas 1980 y 1990. Trabajadores y estudiantes, profesionales, sectores de la cultura y organizaciones democráticas y de izquierda formaron un movimiento democrático amplio que luchó en las calles y logró el repudio masivo a la represión estatal y a la impunidad de ayer y de hoy. El festival representó una confluencia entre esos sectores y miles de jóvenes, muchos de los cuales vienen de pelear contra los planes motosierra en la educación y ahora acompañan la lucha contra el avance de la impunidad y la represión.

Pero ameritan las preguntas de Ciro Annicchiarico, trabajador de la Secretaría, integrante de un equipo de abogados que llevaron adelante juicios por delitos de lesa humanidad. "¿Qué hacen nuestros compañeros políticos que integran el campo nacional y popular? ¿Qué lugar están ocupando frente a la defección de los dirigentes sindicales…? ¿Qué están haciendo nuestros diputados y senadores todos, aparte de dedicarse a rosquear espacios y lugares en las listas para las próximas elecciones?"... Parece que aún siguen igual, pretenden transformar actos de lucha en electorales. Incluso después del Festival se rehusaron a convocar una única asamblea de toda la Secretaría de Derechos Humanos. Divide y reinarás.

Las palabras de Myriam Bregman en el Abrazo a la Esma fueron concluyentes: “la lección que sacamos, es que si las abuelas siguen encontrando nietos a tantos años es porque nunca abandonaron esa pelea. Entonces qué nos van a hablar de derechistas, qué nos van a hablar de gobierno fachos, acá han pasado un montón. Lo importante es la unidad de los trabajadores y las trabajadoras, que democráticamente se organizan, que la pelean en cada lugar de trabajo, que exigen un plan de lucha para que esta lucha no se pierda.... Lo que es más importante es que hay que construir esa resistencia. Porque la resistencia contra este gobierno...se construye poniendo el cuerpo. Se construye estando en las calles. Se construye estando a la par de ustedes, no va a salir de ninguna red social”.

La necesidad de un gran frente de lucha que comience por rodear de solidaridad a los trabajadores, apele al apoyo y participación de todo el país y también internacional, por la defensa de los derechos humanos en la Argentina. Organizar la resistencia, de forma democrática con los sectores que ya dijeron presente en el Festival, pareciera ser la tarea del momento.

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