Los sueldos por debajo de 1000 euros entre los 16 y 29 años pasan del 30 al 45% desde 2019. Los salarios pierden un 10% de poder adquisitivo en dos años. Es urgente coordinar las luchas salariales y un plan de lucha unificado en defensa de los salarios.
Jueves 1ro de diciembre de 2022
Cada vez más pobres, así son las y los trabajadores del Estado español. El relato del gobierno progresista, y en particular del ministerio de Trabajo, que asegura ser un gobierno que ha mejorado las condiciones laborales en el Estado español, no aguanta los datos. Como le gusta decir a la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “dato, mata relato”.
Entre las y los trabajadores más jóvenes, entre los 16 y los 29 años, desde 2019 los salarios por debajo de los 1000 euros se han disparado. A comienzo de la legislatura eran un 30% del total, mientras en 2022, según un estudio recientemente publicado de CaixaBank, suponen ya el 45,5% del total.
Casi la mitad de las y los asalariados jóvenes no ven 4 cifras en su nómina cada mes. Si nos fijamos en la franja de menor edad, hasta 25 años, los salarios son de auténtica miseria. Según la Agencia Tributaria apenas superan los 7.300 euros anuales, que a 14 pagas quiere decir 521 euros al mes.
Una situación que, en especial en las grandes ciudades, les impide emprender una vida independiente. Solamente un 15,8% viven fuera del hogar familiar según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.
Este avance del submileurismo es coherente con las tasas de precariedad que registra este colectivo. La temporalidad se sitúa en el 55,8% y los trabajos a tiempo parcial forzoso suponen ya el 30%, según denuncia CCOO.
La juventud, así como las mujeres y las personas migradas, ocupan los deciles salariales más bajos y los más altos en cuanto a precariedad. Un retroceso que es parte de la bajada general de salarios que en los dos últimos años ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de casi 10 puntos respecto a la inflación desbocada. Incluso colectivos como los y las trabajadoras públicas han perdido un 15% de salario real en la última década.
¿Ante esta situación el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz qué ha hecho? Como medida estrella aprobó hace ahora 10 meses la reforma laboral que, en vez de derogar la de Rajoy de 2012, confirmó el grueso de su contenido, transformó algunos contratos temporales en los también precarios fijos discontinuos y, en materia salarial, ha optado por dar ejemplo de moderación salarial con una subida de sueldos públicos del 3,5%, menos de la mitad que la inflación interanual.
¿Y las direcciones de CCOO y UGT? Se mantienen en la posición de lugartenientes del gobierno en el movimiento obrero. Han pactado todo lo que Díaz les ha puesto sobre la mesa, desde la propia reforma laboral hasta la bajada de salarios reales de los funcionarios. Y, por otro lado, han cacareado algunas amenazas hacia la patronal por su negativa a subir los salarios.
“Si no hay acuerdo, habrá conflicto”, “estamos dispuestos a ir a un otoño caliente”... en estos términos comenzaron septiembre. Pero el otoño dura lo que tarda en llegar el invierno, y este esta ya cerca. De caliente solo está teniendo las inusuales temperaturas de octubre y noviembre, ya que las direcciones de CCOO y UGT se están limitando a promover tan solo luchas aisladas, por sector o hasta por empresa, sin ningún tipo de coordinación y, en general, con medidas de lucha puntuales. Además de lo timorato de su plan de lucha, las reivindicaciones salariales se mantienen en torno a subidas similares que para los trabajadores públicos, de un 3,5% para 2023. Es decir, movilizaciones simbólicas no para defender el salario sino para perder algo menos.
Se trata de la enésima política de entrega de estas direcciones. La izquierda sindical, por su parte, viene denunciando y ha estado a la cabeza de algunas luchas que marcan la diferencia, como la de los y las conductoras de bus de Barcelona, que lograron una subida acumulada por encima del IPC, rompiendo incluso la limitación legal del 2% que regía para las empresas públicas.
Ejemplos como el de TMB deben conocerse y extenderse, la izquierda sindical, y en particular la CGT, tiene una responsabilidad de hacerlo. Es hora de poner en marcha una fuerte campaña en todos los centros de trabajo que busque quebrar la pasivización impuesta por las direcciones burocrátizadas de CCOO y UGT.
Hay que unir las fuerzas del sindicalismo alternativo junto a los sectores honestos y combativos de los grandes sindicatos, para promover asambleas, coordinar los conflictos existentes, rodearlos de solidaridad… a la vez que se denuncia la política de los Sordo y Álvarez y se exige un plan de lucha unificado que parta de una jornada de huelga general de 24h en defensa del salario.
Es urgente una subida de emergencia de todos los salarios y pensiones que no alcanzan para lo esencial para vivir. Hay que exigir una subida de las pensiones mínimas y el SMI de al menos hasta los 1600 euros. La ministra de Trabajo que tanto se queja del inmovilismo de la CEOE tiene en su mano una medida así que produciría inmediatamente una actualización de los sueldos de más de la mitad de las y los trabajadores que hoy están por debajo de esta cifra.
Al mismo tiempo es urgente recuperar las cláusulas de revisión salarial que con la reforma laboral de 2012 se fueron perdiendo y la reforma laboral de PSOE y Unidas Podemos se negó a reincorporar en los convenios. Para no seguir viendo como los salarios se licuan mes a mes, son necesarias cláusulas de revisión salarial obligatorias y mensuales que actualicen los sueldos según la inflación real.
