El regreso presencial paulatino a clases dictaminado por el Ministerio de Educación Pública (MEP) se hará sin la vacunación de trabajadores y trabajadoras de escuelas y colegios. Denunciamos la irresponsabilidad del MEP, poniendo en riesgo a no solo miles de trabajadores y trabajadoras en educación, sino a todo el sistema de salud.
Jueves 21 de enero de 2021
El próximo 8 de febrero tanto escuelas como colegios públicos regresarán a clases de manera presencial, pese a que, para ese momento, el cuerpo docente y trabajadores en educación no contarán con las vacunas contra el COVID-19. Esto se debe que se pretende regresar a clases mucho antes de que trabajadores y trabajadoras de escuelas y colegios, que se encuentran en línea en el grupo 4, tengan sus dos dosis de la vacuna.
En este momento tienen prioridad policías municipales, de seguridad, tránsito y del OIJ, están siendo a vacunados, es decir, el cuerpo encargado de proteger la propiedad privada, de reprimir y de recetar justicia patriarcal ante, por ejemplo, femicidios. Esta situación viene a dar como consecuencia la sobrecarga laboral y emocional que ha venido a aumentar en pandemia para docentes, así como los problemas de salario que enfrentan, una vez más son relegados por el gobierno.
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Frente a este panorama, el regreso presencial a clases sin garantizar la vacunación a trabajadores y trabajadoras en educación, tiene riesgos. Así lo afirma una docente del Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA). “El regreso a clases presenciales sin vacuna puede ser un desastre, no solo para los y las docentes, sino también para el personal de mantenimiento, seguridad, etc. La educación debe ser dispuesta como un servicio esencial para la sociedad y que a pesar de los retos que se han presentado, los y las docentes nos hemos mantenido en nuestras labores, construyendo nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje. Para que haya un regreso que propicie un ambiente seguro los y las docentes, además del personal que conforma las instituciones educativas, deben ser parte de los grupos primordiales de vacunación”.
La respuesta de la ministra de Educación, Guiselle Cruz, no es para nada satisfactoria, pues afirma que “el retorno a la presencialidad, el lunes 8 de febrero, es impostergable y que la vacunación para todo el Magisterio no es posible”. Esta respuesta está lejos de lo que la docente del CINDEA espera, que es un regreso presencial a clases que procure “un ambiente sano y que dignifique la labor docente, que se ha mantenido y ha evolucionado para seguir con los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes durante la pandemia”.
Respecto a lo que indica la ministra, es necesario destacar que este regreso a clases causaría un posible aumento en la transmisión del virus, ya que la “probabilidad de un individuo de infectarse de COVID-19 depende mucho en el tiempo que está expuesto”, según investigadores de la universidad de Simon Fraser, Canadá, este estudio también menciona que lugares donde se mezclan diferentes burbujas sociales tiene un alto riesgo de contagio, como lo son escuelas y colegios, y que el uso de barreras físicas como mascarillas en estos escenarios no reduce significativamente el contagio.
Además, esta respuesta brindada por el ministerio de Educación, nos deja varias impresiones. En primer lugar, que la ministra no tiene problema con apegarse al plan de vacunación que el gobierno lleva adelante, plan que significa relegar a trabajadores y trabajadoras en educación, a esperar mucho más por la vacuna, sin importar los riesgos a los cuales se enfrentarán una vez iniciadas las clases presenciales, y esto significando a su vez un posible aumento en los casos de COVID-19, sobrecargando no solo al sistema de salud y a trabajadoras y trabajadores de primera línea que ponen en riesgo su vida todos los días, sino también, la muerte y consecuencias permanentes para miles de costarricenses. Para mencionar un ejemplo, el 15-30% de las personas que sobreviven COVID-19 tienen como consecuencia lesiones permanentes en el corazón, indican estudios de la Universidad de Ohio.
En segundo lugar, la ministra habla en términos del Magisterio, pero, el Magisterio contempla solamente el cuerpo docente, por lo que una de las preguntas que surge es, ¿serán contemplados los y las trabajadoras de limpieza, cocina y mantenimiento de escuelas y colegios? Tal parece que el MEP no está contemplando las necesidades de sus trabajadores y trabajadoras, pues la respuesta de la ministra se mantiene luego incluso de una reunión el pasado martes, en la que participaron varios sindicatos de educación, donde le plantearon a la ministra sus inquietudes. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación Costarricense (SEC), señala que “será responsabilidad del MEP, si se presenta una mayor propagación del COVID-19, como consecuencia de la presencialidad en el curso lectivo”, e insisten en la necesidad de vacunación antes del retorno a clases presenciales.
Señalan que “la estrategia regresar, propuesta por el MEP no aborda un esquema específico para la protección de la persona trabajadora de la educación y hay múltiples preocupaciones que giran alrededor del inicio del curso lectivo, principalmente por la desprotección al personal, carencias en infraestructura, condiciones y medidas, además del incremento en los índices de muertes”.
Esta situación deja claro que es necesaria la auto-organización de trabajadores y trabajadoras de la educación, pues el gobierno y el MEP no logran satisfacer sus demandas. Proponemos la nacionalización, unificación y reconversión de hospitales privados para atender la emergencia del covid-19 y la vacunación.
Denunciamos los planes de vacunación que se están aplicando a nivel internacional y nacional bajo lógicas de exclusión social. Planteamos que deben ser trabajadoras y trabajadores públicos y privados en primera línea, quienes son testigos de las consecuencias graves que puede tener el virus, que lleven adelante el plan de vacunación, tomando en cuenta todas las medidas necesarias para que se garantice la supervivencia de las personas que realmente están en más riesgo y considerando la educación como elemento esencial para el desarrollo, lo que implica un regreso seguro a la presencialidad.
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