Cristina Caamaño, actual interventora del organismo, denunció a los exfuncionarios por la presunta venta irregular, y a precio irrisorio, de armamento a funcionarios y agentes en actividad.
Martes 30 de junio de 2020 11:48
Cristina Caamaño, interventora de la AFI
En las cuevas de los servicios de inteligencia de la AFI no todo es espionaje, parece que también hay jugosos negocios y compra venta de armas a ofertas imperdibles.
El expresidente Mauricio Macri y a Gustavo Arribas (extitular de la AFI) y Silvia Majdalani (exsubdirectora), acaban de ser denunciados por Cristina Caamaño, actual interventora del organismo, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad.
La presentación judicial que realizó Caamaño señala que “la puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias y, menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentren en desuso”.
A Mauricio Macri se lo señala por ser el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.
El nudo de la denuncia está en el hecho de que Arribas dictó resoluciones en 2017 y 2018 por medio de las que se habilitó la venta de armas a agentes de inteligencia a precios irrisorios. De este modo fueron vendidas 290 armas cuyo objetivo, se sospecha, era hacer caja.
Esas resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento "en condiciones de rezago" dado que no era "económicamente rentable ni factible su recuperación" y que se trataba de armamento en condiciones de “rezago”. Frente a eso, se autorizó a los agentes de la AFI a adquirir las armas mediante “descuento de haberes”.
La cuestión es que, según lo denunciado penalmente por Cristina Caamaño denunció, el informe de Arribas no daba cuenta ni demostraba que se tratara de armamento de rezago sino “que se lo clasifica como material en desuso”, por lo tanto no eran “residuos” sino que tenían capacidad para seguir siendo utilizado: estaban “aptas para el disparo y utilización” señala la denuncia.
De este modo, los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían "el 20 por ciento del valor real de un arma usada en el mercado formal", según la denuncia, en la que se subraya que también se vendieron "armas de colección que no se consiguen en el mercado."
Según lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente estaban en condiciones de comprar hasta cinco armas a "un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad" y "prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso".
La interventora de la AFI acusó a los exfuncionarios Arribas y Majdalani, además de al expresidente Macri, de “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia”, y señaló que esto “constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad".
La denuncia por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado, según informaron fuentes judiciales a Télam.
Una arista más de las que se nutren los cimientos del Estado, jugosos negocios de la venta de armas y favores.