Elecciones presidenciales. Maduro intenta debilitar eventual candidato de la oposición

En un resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de este jueves se ordena que la tarjeta de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) –que aglutina a la mayoría de los partidos de la oposición derechista– no se pueda validar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), aludiendo argumentos insubstanciales que en el pasado reciente no había utilizado siendo que se estaba presentado la supuesta misma situación alegada.

Reza la sentencia de la Sala Constitucional: "Se ordena al CNE la exclusión de la MUD en el proceso de renovación convocado, en razón de que su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional". El TSJ alega que permitir la validación de la tarjeta de la MUD va en contra "abiertamente (de) la prohibición de la doble militancia".

Como vemos, originalidad es lo que le falta al subordinado TSJ, pues la MUD es una coalición electoral y registrada como tal y por tanto compuesta por diversos partidos, por lo que el llamado criterio de “doble militancia” no aplicaría. Pero el objetivo es allanarle el camino a Maduro.

Momentos antes, la rectora electoral Tania D’ Amelio había informado que los de la oposición derechista no podrían validar su tarjeta de coalición en siete estados del país, en los que se había interpuesto una querella penal contra la MUD. Aludía a que sobre dicha coalición electoral pesa en esos lugares una acusación por falsificación de firmas cuando solicitaron el referendo revocatorio en 2016. De acuerdo a la demanda en tribunales penales presentada por el PSUV en ese entonces se argumentaba que la MUD entre las primeras firmas que había entregado" habían unas personas fallecidas, menores de edad, personas que estaban en interdicción", pero sin que hasta el momento exista una sentencia definitivamente firme sobre el caso tras un año y tres meses de investigación.

La MUD había inscrito su tarjeta de coalición en el proceso de este fin de semana, y varias de las formaciones que la integran habían llamado a acudir al proceso electoral convocado por la “Asamblea Constituyente”. Las formaciones Primero Justicia de Henrique Capriles y Voluntad Popular de Leopoldo López ya habían anunciado que no validarían su tarjeta, y por el contrario llamaron a renovar la de la MUD, para lo que se requiere el apoyo del 0,5 % del censo electoral en al menos 12 de los 23 estados del país.

Como habíamos anticipado por este medio, el chavismo anticipó las elecciones presidenciales, que debían realizarse en diciembre para antes del 30 de abril vía un decreto a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, compuesta únicamente por el oficialismo y que se autoproclama plenipotenciaria y supraconstitucional, estableciendo que es "de obligatorio cumplimiento por todos los poderes según Constitución", aunque el llamamiento formal de convocarlas corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es de constatar que incluso ya antes de que se anunciara el decreto de la “Asamblea Constituyente” Maduro había entrado en carrera electoral, y este miércoles era oficial como candidato del chavismo, siendo que el PSUV está abiertamente en campaña, cuando aún no está establecida la fecha precisa.

Con esta nueva sentencia del TSJ, el chavismo va estableciendo nuevos mecanismos para ir debilitando un eventual candidato de la oposición de los partidos de la derecha, únicos en verdad en disputarle una elección presidencial. Como viene informando este medio, Maduro busca aprovechar la actual crisis de la MUD y el resto de las organizaciones de la oposición, que se encuentra dividida y en una gran crisis con su anticipación de las presidenciales, siendo que el chavismo ha venido realizando elecciones en las fechas que bien le place en función de su conveniencia como cuando aplazó las elecciones de gobernadores que tenían que realizarse a finales del 2016 para el segundo semestre del 2017 previendo una segura derrota, pues venía de perder las legislativas de finales del 2015 con un resultado aplastante a favor de los partidos aglutinados en la MUD.

El gobierno de Maduro convoca estas elecciones en medio de una de las peores crisis económicas del país, en una verdadera catástrofe económica donde el padecimiento de las masas se acelera de manera vertiginosa. Además, en el marco de un Estado de excepción permanente donde las garantías democráticas están limitadas, imponiendo una fraudulenta Asamblea Constituyente en la que sólo participó el chavismo, además de maniobras para garantizarse el triunfo en las elecciones a gobernadores y en las municipales recientemente.

Como escribe Milton D’León en una reciente columna en este mismo diario “Las maniobras bonapartistas de Maduro no hacen –una vez más-, más que dejar en manos de la derecha la demagogia de la demanda de democracia. A esta tampoco le interesa que el pueblo trabajador pueda pesar en las decisiones ante la catastrófica situación nacional, sino lograr algún tipo de pacto que le permita disputar el gobierno para sus propios fines reaccionarios”.

Concluye el también dirigente de la LTS: “Denunciamos esto, sin por ello renunciar a pelear por el fin de las medidas arbitrarias, de la represión a las protestas populares y militarización de los barrios, de la persecución a luchadores de izquierda y por todas las legítimas demandas democráticas del pueblo trabajador. Reclamamos también plena legalidad para todas las organizaciones obreras, populares y de la izquierda. Hace falta forjar un gran polo de independencia de clase, que levante un programa de acción obrero ante la catástrofe y que se prepare a dar la pelea en todos los terrenos (incluido el electoral) por una salida política de los trabajadores”.

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