El sociólogo e investigador del Conicet, entrevistado por La Izquierda Diario analizó las claves que explican un modelo de “ganadores y perdedores”, sin recuperación de salarios y con una marcada fuga de divisas del empresariado. “Por acción u omisión la política económica del FdT tendió a favorecer los intereses de los grupos económicos sobre los de los sectores populares”, sentenció.
Lunes 6 de noviembre de 2023 21:59
Pablo Manzanelli es investigador del Conicet, Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Magíster en Economía Política (FLACSO). Se dedica al estudio de la formación de capital en las grandes empresas y su impacto en el desempeño industrial. Autor de varios libros como ““Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina, desde Martínez de Hoz hasta Macri”, su última publicación fue “Los sectores dominantes en la Argentina”, Editorial Siglo XXI, junto a Eduardo Basualdo.
Mientras el empresariado exige avanzar en reformas anti obreras y pide mayor flexibilización laboral, Manzanelli junto a Leandro Amoretti elaboraron para el Centro CIFRA un interesante Informe de coyuntura, poniendo en números la sistemática transferencia de ingresos del trabajo al capital, que motivó la siguiente entrevista como parte del informe especial de La Izquierda Diario sobre Los dueños del país .
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El Frente de Todos, así como actualmente Unión por la Patria, constituyen frentes de carácter nacional, donde se incorporan buena parte de las representaciones de los sectores populares con representaciones del poder económico local. Esta alianza, impensada hace 8 años, fue posible para enfrentar los embates del capital financiero internacional cuyas expresiones políticas se encuentran en Juntos por el Cambio, y actualmente también en la Libertad Avanza. Ahora bien, lo que planteamos en el documento al que haces referencia es que por acción u omisión la política económica del Frente de Todos tendió a favorecer los intereses de los grupos económicos locales sobre los de los sectores populares.
Hay dos datos que permiten mantener firme la hipótesis de que los grupos económicos locales se impusieron en la disputa hegemónica. El primero tiene que ver con que, en el marco del proceso inflacionario, los trabajadores no pudieron recomponer los ingresos reales que habían caído durante la crisis de 2018-2019, mientras que las ramas industriales donde los grupos económicos tienen una presencia significativa lideraron los incrementos de precios. A tal punto que los precios aumentaron 25% por encima de los precios al consumidor entre 2019 y 2022. El segundo dato tiene que ver con el hecho de que una parte de las ganancias que derivaron de esa transferencia de ingresos del conjunto de la sociedad hacia los grupos económicos se fugó al exterior con “dólares baratos” a partir de la cancelación de su deuda de capital e intereses en moneda extranjera. En los primeros tres años de gobierno se fueron por esa vía alrededor de 25.000 millones de dólares, de los cuales estimamos -a partir del análisis de las obligaciones negociables que constituyen el principal título de emisión del sector privado- que el 60% corresponde a los grupos económicos locales.
En la generalidad de los casos no hubo un salto de productividad por incorporación de tecnología en estos años, por lo que es muy probable que el principal elemento de la recomposición de las ganancias de las grandes firmas tenga que ver con la transferencia de ingresos que obtienen de la puja distributiva en el marco del régimen de alta inflación. Para completar lo que venía diciendo no es un dato menor que los grupos locales hayan aumentado sus precios mayoristas 25% por encima del IPC mientras que sus costos salariales se contrajeron 17,7% entre 2019 y 2022. En ese marco, efectivamente se registraron casos de “ganancias extraordinarias”, como el de Techint, donde se registraron niveles de rentabilidad sobre ventas del 30% en promedio entre 2021 y la primera parte de 2023, lo cual duplica otras situaciones de ganancias extraordinarias como fue el 2003.
En la post pandemia hubo una aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios que tuvo un “impulso inicial” en el shock de precios internacionales que se vio acentuado en el marco de la guerra en Ucrania. El problema es que en la economía argentina, cuando se agotan los efectos de los impulsos iniciales, la tasa de inflación no se retrotrae a los niveles previos. Como decía Olivera la “rigidez a la baja en los precios” se vincula principalmente con la competencia imperfecta que se profundizó en la actualidad a partir de la consolidación de la conglomeración empresarial. Esto ocurrió en las devaluaciones de 2018 y 2019 como en la post pandemia.
Las ramas concentradas (en especial las que tienen presencia significativa de grupos económicos) trasladan rápidamente el “shock inicial” a sus precios y alteran los precios relativos del conjunto de la economía, lo que desata las pugnas distributivas por la apropiación del excedente que vuelven crónico un ritmo inflacionario superior al vigente en forma previa. Prueba de eso es que entre 2020 y 2022 los precios de los oligopolios industriales aumentaron 24% por encima de los precios de importación valuados en pesos, y los de los grupos 33% por encima. Es decir que su incremento fue incluso superior al impacto del shock de precios internacionales en la economía argentina. Obviamente todo esto se exacerba en el marco de la crisis de la deuda que limita la disponibilidad de reservas.
No se puede desconocer que este gobierno recibió una pesada herencia que, entre otras cuestiones, contemplaba la crisis de deuda a la que aludía antes, y que además atravesó los impactos económicos de la pandemia. Es innegable que la resolución de eso era complejo, pero creo que esa complejidad no fue asumida como tal en los primeros tres años, en especial en la gestión de Guzmán, por varias cuestiones.
Primero, porque fue decisivo no haber planteado una reestructuración de la deuda que permita cierta sostenibilidad en el plano externo, así como una administración de reservas menos concesiva en cuanto a la deuda de las grandes empresas. Segundo porque, de acuerdo a lo que planteé antes, faltó una estrategia para regular los precios relativos y limitar el impacto del precio internacional. Tercero, porque me parece que en una situación de alta inflación como la de la post pandemia las posibilidades de actuar sobre el problema sin reducirlo a una cuestión monetaria, requiere de imponer un acuerdo de precios relativos y sostenerlo en el tiempo con congelamiento de precios y probablemente una reforma monetaria que cambie la moneda. Por supuesto que, aún si este gobierno se lo hubiera propuesto, la posibilidad de plasmarlo dependía de la capacidad política que este gobierno claramente no construyó.
Guadalupe Bravo
Nacida en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires en 1985. Es economista, recibida en la UBA. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2004. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.