La participación y responsabilidad del Ejército en el caso Ayotzinapa no se limita a la omisión o colusión directa de algunos de sus integrantes con el crimen organizado.
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Jueves 25 de agosto de 2022
Las secuelas del último Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, continúan. La detención de Jesús Murillo Karam por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia ha causado revuelo, aunque el mismo Andrés Manuel López Obrador ha salido a garantizar la inmunidad de Enrique Peña Nieto y del general Salvador Cienfuegos, dejando claros los límites de los objetivos de las pesquisas.
Nombres como el ex fiscal Tomás Zerón —prófugo y actualmente refugiado en Israel—; Rodrigo Archundia, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Hugo Ruíz, y Gualberto Ramírez, a cargo de la Unidad Especializada en Secuestro, son otros de los nombres de funcionarios de alto nivel señalados de tortura y desaparición forzada señalados por el informe de la Comisión encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Sobre el rol del Ejército en el caso, la Fiscalía General de la República anunció que, de las 83 órdenes de aprehensión emitidas, 20 corresponden a mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de infantería. Figuran también en la lista 11 policías estatales de Guerrero, 26 municipales de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, así como cinco autoridades administrativas y judiciales de la entidad. Catorce más son integrantes del grupo criminal denominado "Guerreros Unidos".
Uno de los nombres más destacados de esta lista es el del general de división Alejandro Saavedra Hernández, ex comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Guerrero, señalado por haber tenido acceso en tiempo real a cámaras de vigilancia que daban cuenta de la agresión contra los normalistas y no haber intervenido. Junto a él, fueron señalados dos almirantes retirados, Marco Antonio Ortega, exjefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina y Eduardo Redondo Arámburo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Naval. El capitán retirado José Martínez Crespo, acusado en 2020 por delitos contra la salud, por vínculos con el crimen organizado y también señalado por estar al frente de los operativos militares durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, es otro de los militares de alto rango involucrados en la masacre que ha sido señalado o puesto bajo algún tipo de investigación.
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La participación y responsabilidad del Ejército en el caso Ayotzinapa, sin embargo, no se limita a la omisión o colusión directa de algunos de sus integrantes con el crimen organizado. No se trata solamente de "manzanas podridas", sino de una institución que, tan solo desde 2006 (con la declaración de la "guerra contra el narco"), acumula miles de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen tortura, desaparición forzada y ejecución.
El espionaje y la infiltración en aras de la "seguridad nacional" han sido otras de las prácticas militares que han salido a relucir en torno al caso pero que no son exclusivas de él. Así lo han denunciado distintas organizaciones de DDHH en episodios como la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, con la infiltración de militares entre las filas de manifestantes para informar, provocar o accionar llegado el momento. En el caso de la normal rural de Ayotzinapa, una de las más combativas de este sistema educativo que resiste en las zonas más empobrecidas del país, a la fecha es pública la infiltración por parte de un joven militar perteneciente al órgano de Búsqueda de Información del 50° Batallón que corrió la misma suerte que sus compañeros normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
El uso de instalaciones militares es otra de las prácticas que se han acreditado tanto en el caso Ayotzinapa como en, por ejemplo, la llamada "Guerra sucia", en donde el campo militar número 1 fue utilizado para detener, torturar y desaparecer a luchadores sociales. En el caso de los normalistas de Ayotzinapa, las instalaciones del 27° Batallón —entonces comandado por el coronel José Rodríguez Pérez— fueron utilizadas para ocultar los restos de estudiantes ejecutados. Cabe destacar que las acusaciones se han limitado a lo que llamaron "enlaces operativos para desarrollar la investigación" y dejado fuera a personajes de la cadena de mando como al comandante de la novena región militar en Acapulco, general de división Martín Cordero Luqueño; el general Roble Arturo Granados, entonces titular del Estado Mayor de la Defensa Nacional, además del general Cienfuegos que, como mencionamos arriba, el Presidente descartó cualquier proceso en su contra.
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La consigna de «Fue el Estado» expresa cómo sus instituciones, desde la policía municipal hasta sus agencias de inteligencia y fuerzas armadas estuvieron involucradas en la masacre. Asimismo todo su poder, político y mediático, fue utilizado para fabricar una "Verdad histórica" hecha con tortura, alteración y fabricación de pruebas, así como el montaje de una presunta escena del crimen en el basurero de Cocula. En el caso de las Fuerzas Armadas, que incluyen al Ejército y la Marina, su participación muestra el accionar de una institución que el actual gobierno ha fortalecido de manera significativa e histórica, de la mano de un discurso de "pueblo uniformado" que desmienten masacres como Acteal, Aguas Blancas o Tlatlaya.
Como decimos aquí, es necesario recrear un amplio movimiento democrático, del que participen sindicatos, trabajadoras y trabajadores, jóvenes y mujeres, organizaciones sociales y políticas, independiente del gobierno y de la derecha, que tome las calles por juicio y castigo a todos y cada uno de los responsables.
