CORRUPCIÓN Y MUERTE. Masacre de Once: “Era evitable”, pero el Gobierno y los empresarios “no hicieron nada”

En el marco del juicio por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012, en el que fallecieron 51 personas y cientos quedaron heridas, ayer culminó el alegato del fiscal federal Fernando Arrigo. Lo hizo tras cinco jornadas completas en las que desarrolló sus conclusiones frente a los jueces del Tribunal Oral Federal n°2 de Retiro.

Previamente habían expuesto sus alegatos las cuatro querellas representantes de las víctimas.

En esas cinco jornadas el fiscal desarrolló varias ideas que sintetizaron parte de lo recogido durante este año y medio de audiencias, por las que pasaron casi 400 testigos y las responsabilidades de funcionarios y empresarios fueron quedando cada vez más en evidencia. Sobre el final del alegato, Arrigo solicitó las condenas para los imputados.

Se comprobó que son culpables

A casi todos los procesados el fiscal los acusó de cometer los delitos de “defraudación contra administración pública, “administración fraudulenta” y “estrago culposo agravado por resultado de lesionados graves y muerte”.

Por esos cargos Arrigo pidió que se condene a los hermanos Sergio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa TBA, concesionaria de la línea Sarmiento, a la pena de 10 años y 11 meses y 10 años y 6 meses, respectivamente.

También solicitó 11 años de prisión para Ricardo Jaime y 10 años y 10 meses para su sucesor Juan Pablo Schiavi, quien al momento de la tragedia era el secretario de Transporte de la Nación. Para los exresponsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero el pedido fue de 10 años de prisión.

Para 19 de los empleados de TBA y Cometrans (controlante de la concesionaria), el fiscal pidió penas de hasta 10 años y 7 meses. Con respecto a los empleados de la concesionaria Carlos Lluch y Miguel Huerva, planteó condenas de 5 años y 9 meses, y 3 años en suspenso, respectivamente. A ambos los acusó de partícipes del delito de defraudación pero no así del de estrago culposo.

Además Arrigo solicitó a los jueces que se acuse por falso testimonio a los trabajadores jerárquicos ferroviarios Julio Pastine, Raúl Díaz, Ernesto Ianni y a los funcionarios de la CNRT José Nicanor Villafañe, María Grabiela Stortoni y Horacio Gagiani Gernecia, quienes declararon en las audiencias en favor de sus respectivos patrones.

Un párrafo aparte merece el trato dado a Marcos Córdoba, el maquinista de la formación que se estrelló aquella mañana contra los paragolpes de la estación de Once. De las cuatro querellas del juicio, dos habían identificado a Córdoba como el único culpable. Mientras consideraban inocentes a los funcionarios y los empresarios, pedían para el trabajador nada menos que una condena de 22 años. Por su parte las otras dos querellas, entre quienes se encuentran representados los padres de Lucas Menguini Rey, no habían encontrado responsabilidades en el motorman. Finalmente el fiscal Arrigo pidió 3 años y 8 meses de prisión para el conductor del tren “chapa 16”, al considerarlo autor del delito de “estrago culposo”.

Finalizada la audiencia de ayer el fiscal Arrigo declaró a los medios que en el juicio quedó más que probado que el accidente era “evitable”, pero que ni los funcionarios nacionales ni los empresarios “hicieron nada para detenerlo”.

Para el fiscal, la “falta de reparación general durante tanto tiempo” del tren llevó a la tragedia. Y concluyó sentenciando que si los responsables “hubieran cumplido con sus roles, Córdoba hubiera podido detener la formación”.

Investiguen a De Vido

Como parte de las conclusiones del proceso judicial, Fernando Arrigo solicitó a los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Tassara que se defina la responsabilidad penal que le cabe en los hechos analizados al ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Para el fiscal es claro que De Vido “no podía desconocer lo que arreglaban” Jaime, Schiavi y el resto de sus subordinados con los empresarios que detentaban la concesión del Sarmiento. “El desastre era evitable. Los funcionarios lo sabían y no hicieron nada para detenerlo”, dijo.

La imputación contra De Vido es producto de la acusación fundada que decenas de familiares realizaron contra el gobierno nacional desde el mismo momento del choque. Por caso, los padres de Lucas Menghini Rey apuntaron con precisión en cada aparición pública, homenaje a las víctimas y entrevista periodística que el accidente no se podría haber producido sin la larga década kirchnerista de desidia y negociados en el ferrocarril a costa del sufrimiento y hasta la vida de los pasajeros.

Las conclusiones de fiscal debieron hacerse eco de esas denuncias, que fueron acompañadas por la masiva movilización y el pedido de justicia de los familiares de los muertos.

Como informó La Izquierda Diario, la querella impulsada por María Luján Rey y Paolo Menghini ya había pedido en los alegatos que se investigue a De Vido, al haber pruebas suficientes sobre su responsabilidad.

Bancando este proyecto

Los intentos oficiales por salvar el pellejo de Schiavi fueron muchos y sostenidos. Y quien más quiso protegerlo fue, precisamente, De Vido.

Frente a los hechos, Schiavi renunció a su cargo en la Secretaría de Transporte el 7 de marzo de 2012, dos semanas después de la masacre. En su reemplazo Cristina Fernández nombró a Alejandro Ramos, el hasta entonces intendente de Granadero Baigorria (Santa Fe).

Buscando hacerle frente a las críticas por años de desidia en materia ferroviaria, De Vido aprovechó aquel acto de juramento de Ramos para reivindicarse a sí mismo y a sus amigos.

Con el secretario de Transporte renunciante sentado en primera fila y rodeado de funcionarios de la talla de Amado Boudou y del entonces ministro de Economía Hernán “me quiero ir” Lorenzino, De Vido dijo que “a quienes nos toca la función pública (…) nos interesa el juicio de la historia. Y tenemos muy claro que todas las cosas que hemos hecho con Juan Pablo seguramente van a ser, yo no digo bien valoradas, pero no tengan dudas que muchísimo mejor valoradas que lo que se hizo en los 30 años anteriores en materia de transporte en Argentina”.

El ministro socio de los Kirchner finalizó aquel discurso saludando a Schiavi y deseándole “que se recupere y que esté bien”. Enseguida irrumpió un sostenido aplauso de toda la concurrencia.

Ayer el exsecretario de Transporte no recibió aplausos. Por el contrario, si los jueces le hacen caso al pedido del fiscal, al amigo de De Vido le espera un década tras las rejas.