Alrededor de 2.500 médicos especialistas dejaron de laborar horas extras como respuesta a los bajos salarios, excesiva carga laboral, extenuantes horarios y falta de equipamiento necesaria para que dichos trabajadores puedan desempeñar sus funciones. Gracias a la huelga, organización y la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud; se pudo avanzar en varios derechos importantes.
Viernes 12 de abril
Desde hace alrededor de 8 meses que se venía dialogando con la Junta Directiva de La Caja una serie de reclamos de los trabajadores de la salud de la institución. Dichos reclamos son por las extensas horas de trabajo, causadas por la falta de contratación de personal; también se reclama por falta de infraestructura como hospitales o quirófanos, y por salarios que no se equiparan al trabajo desempeñado. Esta situación ha creado un ambiente laboral tan pésimo que sus trabajadores y trabajadoras ya no están dispuestas a seguir aguantando. Ejemplo de esto; este mes inicia con una huelga de médicos especialistas en las que se niegan a trabajar horas extras.
Esta situación hay que entenderla como la respuesta de los trabajadores y trabajadoras ante los ataques del gobierno y sus fichas dentro de La Caja para atacar a la institución desde adentro. Por una parte, la cuantiosa deuda que tiene el gobierno con La Caja y su negativa a pagarla; se conjuga con la complicidad de la presidenta de la institución, Marta Esquivel, que incluso se valió de un informe actuarial bastante criticado por su falta de veracidad, con el fin de mostrar la situación económica de la institución en números rojos. Esta narrativa es luego vehiculizada para poder obstaculizar la construcción de hospitales y EBAIS, contratar a más personal, o ajustarle el salario a los médicos especialistas en este caso. ¡Un auténtico ajuste!
Este no es un ajuste aislado, más bien ocurre en un contexto internacional en el que los organismos internacionales financieros como el FMI, BM o la OCDE avanzan en sus políticas expoliadoras a través de diversos mecanismos estatales y del lobby político, con el fin de desfinanciar servicios tan esenciales como el de la seguridad social con el fin de pagar la deuda, creando una problemática social que va a llevar a que el país tenga que obtener nuevos créditos, endeudarse cada vez más para mitigar las problemáticas a corto plazo causadas por el deterioro de la salud pública, y entrar en un círculo vicioso de endeudamiento y expoliación. El caso más emblemático, actual y en la región es el de Argentina, donde se están pulverizando los salarios, la seguridad social, la educación entre otros derechos para poder pagarle al FMI. En Costa Rica, Marta Esquivel ya fue cuestionada por diputados en la Asamblea Legislativa, por escoger “a dedo” al Banco Mundial (BM) para realizar los informes actuariales de las IVM, es problemático porque la gravedad de la situación va mucho más allá que el mismo hecho de que se quisiera escoger “a dedo” al BM en vez de por concurso; estamos hablando de una institución que precisamente está detrás de la precarización laboral como uno de los métodos de sometimiento financiero, lo cual es el problema real aún más allá del cómo se pretende escoger.
Los trabajadores de la salud se están enfrentando justamente a esa precarización. En un sondeo que la Unión Médica Nacional realizó a hospitales públicos entre el 2021 y 2022, se pudo conocer que 208 médicos especialistas renunciaron a la seguridad social para poderse incorporar al sector privado o al Instituto Nacional de Seguros, debido a las condiciones laborales. Estas condiciones abarcan la falta de centros de salud y el equipamiento requerido; extenuantes horarios que se han venido manteniendo por meses y que mantiene al personal en el agotamiento; y ataques a los salarios como en el caso de la modalidad de trabajo a destajo.
Esta huelga se dio en un contexto donde hay una creciente problemática con las tan sonadas listas de espera; la Junta Directiva no desaprovechó en ningún momento la oportunidad para desestimar la huelga de los médicos especialistas, aludiendo a la necesidad que existe en las largas listas de pacientes que están a la espera de recibir algún servicio médico. El problema con este argumento es que las listas de espera no se van a terminar sobre explotando a los trabajadores de la salud, porque precisamente siempre va a haber gente que necesite del servicio; la solución del problema pasa por que la dirección de la institución esté en manos de trabajadores de la salud y personas usuarias, y que se logre evitar la lógica neoliberal que precisamente sea susceptible a la influencia de organismos como el FMI, OCDE o BM.
Ya hemos profundizado más sobre la dirección de los trabajadores y trabajadoras, las tareas pendientes y de la estrecha relación entre el gobierno y sus fichas en La Caja, y es que es en este ambiente de complicidad entre el gobierno que no paga la deuda con La Caja y la Junta Directiva de la misma institución que se resiste a mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, al tiempo que prepara un presupuesto de ¢12.600 millones, publicado en el SICOP, para contratar servicios de urgencias médicas. Esta es la cara del ajuste, en el que realmente sí hay dinero pero quieren destinarlo al pago de la deuda exterior, no a las necesidades del pueblo trabajador, y se van a valer de cualquier artimaña para lograrlo.
A diez días de haber iniciado la huelga de los médicos especialistas, SINAME y la junta directiva de La Caja llegaron a acuerdos para terminar con la huelga; en dicho acuerdo, la junta directiva de La Caja se compromete a hacer una serie de mejoras salariales como el salario global definitivo, la posibilidad de que las personas profesionales que tengan salario compuesto lo puedan migrar a dicho salario global de manera voluntaria, una política de retención y atracción de médicos especialistas que podría permitir más mejoras salariales a partir del 2025, mejoras y flexibilidad de horarios para que los médicos también puedan escoger trabajar medios y cuartos de tiempos, y finalmente la derogación de los acuerdos 6, 7 y 8 de la sesión del pasado 5 de abril, el sindicato busca evitar la privatización de servicios de la caja y que se deje de poner la responsabilidad de la gestión irracional que hay en torno a las lista de espera, sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras de la salud.
La huelga demostró que sí hay dinero, que las condiciones laborales de los médicos especialistas no son un gasto innecesario sino toda una necesidad para la institución y las personas usuarias; se demostró las intenciones de grupos alineados a políticas privatizadoras de organismos internacionales como el Banco Mundial; finalmente se demostró que la dirección de los trabajadores y trabajadoras de la salud, es la única capaz de cambiar la lógica sobre la que se deciden cuáles son las prioridades y por lo tanto, en función de qué se ponen a disposición los recursos que La Caja ya posee.
