Los últimos días recorrieron el país las imágenes de saqueos o intentos frustrados de los mismos -ya que la mayoría no fueron consumados- en Las Heras y Tunuyán, en Mendoza. Se extendieron, en menor medida, a Córdoba, Neuquén y otras localidades, incluyendo la provincia de Buenos Aires, en José C. Paz. Detrás de los hechos, está la profunda crisis socio-económica causada por el ajuste permanente.
Martes 22 de agosto de 2023 19:26
Foto: Nicolás Ríos, Diario Uno.
Las imágenes circularon por todo el país. Durante el fin de semana, decenas de personas se juntaron frente a los supermercados Átomo y Vea. Al no poder ingresar, terminaron llevándose mercadería de una carnicería y otros negocios. En el caso de Tunuyán, aparentemente se trataba del comienzo de una manifestación en reclamo de alimentos, que derivó en un intento de saqueo tras el desalojo por parte de la policía provincial en la ruta 40.
Durante este martes, se viralizaron fake news a través de las redes mensajes, que llamaban a realizar saqueos en distintos sectores de la provincia contra supermercados, comercios y hasta a pasajeros de colectivos. Esto generó un fuerte temor social que llevó al cierre de muchos negocios, gran despliegue policial en las calles, familias retirando a sus hijos e hijas de las escuelas y suspensión de clases en universidades.
Hasta el momento, tanto el gobierno provincial como el nacional, afirmaron que “hay algún sector organizado” detrás de estas acciones, aunque “no se puede determinar” quién es. Pero, más allá de la intencionalidad o del nivel de organización que pueda haber detrás de estas acciones, desvelan un trasfondo de profunda crisis social y económica, ante la cual el gobierno solo responde con represión.
Tras las elecciones nacionales del pasado domingo, la devaluación realizada por el ministro-candidato Sergio Massa -de más del 22 %- impulsó una suba acelerada de precios, en particular en productos alimenticios y de primera necesidad. Las remarcaciones se generalizaron en todos los supermercados. Esto agravó la situación de gran parte de la población, de la cual más del 40% está bajo la línea de pobreza en la provincia de Mendoza, tomando los datos de julio, antes de esa devaluación.
Esos aumentos de precios, en los barrios más pobres de la provincia, pueden significar comer o no comer para las familias más humildes. Los saqueos no pueden explicarse de ninguna manera sin atender a ese trasfondo social. Es sobre la base de esta crisis social que pueden actuar grupos organizados que busquen algún provecho propio.
Frente a esta situación crítica, la única respuesta del gobierno provincial de Rodolfo Suárez, que se condice con las declaraciones del ministro Aníbal Fernández, es abordarlo desde un problema de “seguridad” y “orden público”. Nuevamente se busca dar una respuesta penal a un problema social. Quien también siguió esta línea fue el peronismo local, con su candidato a gobernador Omar Parisi, que se puso a disposición del gobernador pidiendo un “comité de crisis y defensa de la paz social”.
Desde este lugar, el circo electoral continúa. Tanto el candidato a gobernador Alfredo Cornejo - aliado de la candidata a presidenta Patricia Bullrich-; los seguidores de Milei que ganó en la provincia; los candidatos De Marchi de la Unión Mendocina; o Mario Vadillo, del Partido Verde, buscan aprovecharlo para sus campañas electorales.
Este enrarecido clima es caldo de cultivo para operadores de todo tipo que -a través de fake news que anuncian saqueos por todos lados de pequeños comercios y hasta de colectivos- buscan generar un clima de temor y enfrentamiento al interior del pueblo trabajador. De esta forma buscan fomentar aún mas el clima represivo y alentar a sectores lumpenizados a que ataquen al pequeño comerciante, o a las propias ferias populares, donde la gente vende lo que tiene para sobrevivir, como lamentablemente sucedió estos días.
Esto tiene su contracara. Quedan diluidos los grandes responsables de los aumentos de precios: las grandes multinacionales alimenticias; las grandes cadenas de comercialización; las grandes cerealeras y exportadores de alimentos. Esos grandes formadores de precios lucran con el hambre del pueblo y especulan con los precios. Los Gobiernos nacionales y provinciales son cómplices. Les permiten que aumenten indiscriminadamente, además de favorecer esos aumentos, como lo hace la devaluación de Massa.
Las burocracias sindicales de la CGT y la CTA también tienen su responsabilidad en estas situaciones dramáticas, donde quedan enfrentados pobres contra pobres muchas veces. Su complicidad con el ajuste deja sin perspectiva y en la desesperación a las grandes mayorías. Por eso, el Frente de Izquierda viene exigiendo que convoquen a un paro nacional y movilización en las calles uniendo trabajadores ocupados, desocupados, formales e informales, para dar una respuesta a la crisis. Esa medida de lucha tiene que tener como primer objetivo un aumento inmediato de salarios, jubilaciones y planes sociales, acorde a las subas de la inflación.
Sin embargo, para evitar esta crisis son necesarias medidas de fondo. Hay que terminar con el poder de los grandes especuladores que hacen ganancias a costa del pueblo trabajador. Hay que garantizar comités para controlar los precios en cada empresa, en cada gran supermercado y en cada barrio. Hay que nacionalizar a las empresas alimenticias que especulan con los precios y llevan al hambre del pueblo.
Se necesitan respuestas sociales, que aborden la pobreza y la indigencia y el aumento de precios desde su raíz. Solo la organización desde abajo, con la unidad del pueblo trabajador y los pequeños comerciantes frente a los especuladores, pueden dar una salida de fondo a los ajustes de los gobiernos nacional y provincial.
