Contra toda recomendación en materia de Derechos Humanos sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la administración de AMLO anunció la fusión de las fuerzas armadas y civiles en una "nueva" corporación bajo mando militar, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Jueves 15 de noviembre de 2018
Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, un ajuste a la política implementada en 2006 por el gobierno panista de Felipe Calderón y que ha sumido al país en una crisis con cifras históricas de violencia. A pesar de que buscó presentarse como una propuesta de cambio de paradigma, este Plan mantiene y profundiza el modelo de militarización de la seguridad pública.
La creación de una Guardia Nacional, similar a las fuerzas represivas del Estado Español y de Francia, como parte del nuevo plan de seguridad pública, fue uno de los ocho ejes centrales de este plan. El resto son: procuración de justicia y erradicación de la corrupción; empleo, salud y bienestar (entre lo que consideró como un avance la construcción del Tren Maya); derechos humanos; "regeneración ética de la sociedad" (a través de su "Constitución Moral"); reformulación del "combate" a las drogas (que incluye la iniciativa en materia de regulación de la marihuana); "construcción de la paz" y "recuperación y dignificación".
Según explicó el tabasqueño, esta Guardia Nacional integraría en una sola corporación a la Policía Naval, a la Policía Militar y a la Policía Federal. Estaría bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, que actualmente organiza y administra el despliegue del Ejército por el país. Las fuerzas públicas civiles, consideró AMLO, continúan tan incapacitadas como en 2006 para "prevenir y combatir" el delito. Alfonso Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública fue más crudo y aseguró en entrevista que la Policía Federal se encontraba "en un grave proceso de descomposición".
Considerando que sería "desastroso" retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública (prohibida por la Constitución Política), esta iniciativa busca brindarles un "marco legal" a través de una reforma al artículo 76, que limita los poderes del Ejecutivo para decidir sin consulta previa al Senado, entre otros temas de gran importancia, sobre la Guardia Nacional. Es en este sentido que, tras la presentación del Plan, la comparación entre éste y la Ley de Seguridad Interior promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y recién declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia, no se hizo esperar.
Según explicó el próximo secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, la construcción y organización de la Guardia Nacional constará de tres etapas. La primera, consolidará la integración en una fuerza (la Guardia Nacional) de las policías federal, militar y naval. La segunda, abrirá las puertas a la incorporación a la Guardia de miembros activos de las fuerzas armadas que así lo deseen. La tercera etapa buscará reclutar 50 mil jóvenes por medio de la estructura militar de las fuerzas armadas, es decir, recibirán instrucción en planteles militares.
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En lo que fue su primera aparición pública como parte del gabinete obradorista, Sandoval anunció que la Guardia Nacional comenzaría a operar a partir del 1 de diciembre y contaría con una identidad, uniforme e imagen propios. El plan divide al país en 266 coordinaciones (establecidas por región con base en criterios de población y peligrosidad) con un mando único y requerirá el despliegue de entre 120 mil y 150 mil efectivos (500 por coordinación). Para el 2019 se preveé la formación de 150 coordinaciones de la Guardia Nacional; para 2020, 200 y el resto para 2021.
A pesar de que este Plan de seguridad acompañó la formación de la Guardia con otras medidas de carácter preventivo, durante la presentación de AMLO quedó claro que sería esta Guardia Nacional el principal instrumento del Ejecutivo para "prevenir el delito".
Esta Guardia Nacional realizaría labores de seguridad pública y será auxiliar del Ministerio Público. Esto significa que puede hacer labores de seguridad y realizar detenciones "cuando se presuma la comisión de un delito", es decir, de sospechosos, a quienes se presentará ante el MP.
Conscientes del grave descrédito que enfrentan las fuerzas armadas en México por su participación y probada responsabilidad en actos de tortura, detenciones y ejecuciones extrajudiciales, tanto Sandoval como AMLO insistieron en que todo se realizaría con "estricto respeto a derechos humanos" y apegados a los protocolos del "uso proporcional de la fuerza". Esta mañana, el futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, hizo hincapié en que "no se usará el mismo modelo militar" usado en los últimos dos sexenios.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se apresuró a señalar que este Plan "abandona la vía civil y opta por una propuesta militar". El partido responsable de declarar "la guerra" al crimen organizado aprovechó para atacar otras iniciativas como la regulación del cannabis y la polémica propuesta de amnistía de AMLO. Esta última propuesta también forma parte del Plan presentado por Obrador.
Bajo las administraciones federales del PAN y el PRI de los últimos dos sexenios, las Fuerzas Armadas desplegadas como parte de la "guerra contra el narco" suman cientos de denuncias por violaciones graves a los derechos humanos. Así lo señalaron distintas organizaciones civiles, quienes criticaron que "se pretenda llevar la militarización del país a la Constitución" y denunciaron haber sido engañados por Durazo, quien les aseguró en agosto que el proyecto de Guardia Nacional no prosperaría. El "retiro gradual de los militares" esperado no sólo quedó descartado, sino que ahora se legalizará su accionar.
Para que las modificaciones constitucionales claves para este plan sean aprobadas, se requiere de la aprobación de dos tercios del Congreso, mayoría que alcanzan Morena y sus aliados sin necesidad de contar con el apoyo de otros partidos.
