El actual ministro quien presidió en 2014 la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, ya había hecho esta propuesta en esa época. Al mismo tiempo, Boric afirma que debe existir una “regulación distinta” para la industria forestal. Sin intención de buscar responsables, el royalty es una salida económica que no cuestiona el modelo neoliberal, herencia de a dictadura, sino que reafirma la lógica de negocio que destruye hoy ecosistemas y poblados completos.
Sábado 11 de febrero de 2023
Luego de que la alcaldesa de Santa Juana, una de las localidades más afectadas, planteara la idea de un royalty al Poder Legislativo para las forestales, Esteban Valenzuela, actual ministro declaró al medio Emol con respecto a esta idea, haciendo alusión a su actuación en 2014 presidiendo en la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, que "De manera unánime se propuso que hubiese tributación de todas las grandes industrias y que una parte de la tributación se quede en las comunas y regiones respectivas".
Valenzuela agregó que "Fuimos parte del primer royalty minero que permitió aumentar la inversión en investigación y desarrollo en Chile. Lo mismo con la industria acuífera, que tiene una patente moderada y del mismo modo con el sistema tributario de la industria forestal. Parte de su aporte es el empleo y con el pago de impuestos también se pueden hacer los sistemas de agroforestería que son más sustentables, mejora de mantenimiento de cortafuego, el desarrollo económico local, entre otros".
Incluso, la tarde de ayer desde la comuna de Quillón en Ñuble, el Presidente Gabriel Boric, aseguró que debe existir una “regulación distinta” para la industria forestal tras la crisis desatada por los incendios. “He planteado a los parlamentarios, al alcalde, que tenemos que tener una discusión de más largo plazo con el tema de la industria forestal, una regulación distinta”, planteó Boric, haciendo hincapié en que lo prioritario en este momento es la coordinación entre el sector público y el privado para enfrentar la emergencia que ya cumple una semana.
Frente al tema, este viernes la ministra de Interior chilena, Carolina Tohá, en un punto de prensa informó que un equipo de expertos italianos llegará a Chile en los próximos días para investigar el origen de la ola de incendios más mortífera de las últimas décadas, que ha dejado 24 muertos y más de 300.000 hectáreas devastadas. «Será un equipo muy pequeñito, pero son equipos especializados en el trabajo forense de la investigación de los incendios, altamente calificados que nos ayudan a establecer cómo se originaron los incendios, si hay indicios de que haya habido intencionalidad”, explicó.
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Un estudio del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 se refirió sobre las causas de la propagación de este tipo de siniestros, indicando que “el riesgo de incendios se concentra en mayor proporción en los paisajes dominados por plantaciones forestales y, en menor grado, en aquellos dominados por bosque nativo”.
Así mismo, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, denunció que, según registros de Conaf y empresas forestales, 1.120 focos de incendios forestales serían de carácter intencional. “Desde el 1 de febrero se han informado 1.120 focos de incendios con presunción de intencionalidad. Los brigadistas forenses de Conaf han informado 478 y los de empresas forestales 642”, declaró. Es importante destacar que Corma, es una asociación gremial que reúne, entre otras, a grandes empresas del sector forestal y maderero como Arauco y CMPC.
Sin embargo, frente a la evidente responsabilidad de las empresas forestales en la catástrofe, Gabriel Boric llama a la coordinación entre el sector público y privado. Las forestales amasan enormes ganancias cada año, tan sólo el 2022 Fundación Sol estima que durante los primeros 9 meses del 2022 la CMPC, holding de las empresas forestales del grupo Matte, acumula ganancias diarias por $2.767.058.824 y Arauco, del grupo Angelini, durante el mismo periodo acumuló $3.112.178.824. Gracias a la herencia de la dictadura, el Estado tiene una débil política en prevención de incendios, dando cancha a que las forestales aumenten sus ganancias a costa del medioambiente y de la vida de las comunidades de la zona.
Boric encubre responsabilidades y resguarda los intereses de los grandes magnates de la CMPC y Arauco mientras, nuevamente, es el pueblo trabajador el que sufre la catástrofe, dejando a miles sin hogar. Mientras, las grandes forestales, aseguradoras y los bancos siguen ganando, ya que las plantaciones afectadas por los incendios cuentan con seguros de los que se benefician sólo las empresas. El gobierno, como buen continuador del legado de la Ex Concertación, deja impune y sin discusión el modelo neoliberal y capitalista base de los mega incendios y a todos los responsables de la situación. El royalty no viene a solucionar nada, sino más bien a incentivar la actividad industrial en la zona, gran responsable de la catástrofe ambiental y social, sin tocar las leyes creadas en dictadura que permiten esta situación.
Es urgente un plan de emergencia que responda a las necesidades inmediatas de la catástrofe, que esté financiado con un impuesto a las grandes fortunas, particularmente a los Matte y a los Angelini, que comprenda la reconstrucción de las viviendas y garantice el acceso a tratamientos médicos para todos los afectados, tanto físico cómo sicológico, durante el tiempo que sea necesario.
Finalmente, es imperante impulsar la lucha por acabar con la gran propiedad del suelo forestal, herencia de la dictadura que beneficia a los actuales magnates forestales, colocando en marcha un nuevo sistema alternativo. Estatización de las forestales, donde sean profesionales, trabajadores, mapuche y comunidades quienes planifiquen la producción de madera, de acuerdo a los intereses populares y el cuidado del medioambiente, bajo control de sus trabajadores. La única forma de lograrlo será con la fuerza organizada de las y los trabajadores en alianza con el pueblo pobre y mapuche.
