Organizar la resistencia. Motosierra en la salud pública: sin turnos, sin hormonas y cirugías

“Convivo con VIH desde hace 11 años, y las únicas veces que tuve problemas para conseguir mi medicación fueron cuando tuve obra social. No me malinterpreten, no estoy en contra de las obras sociales, pero quiero destacar lo importante que es poder acceder a la medicación de forma gratuita y sin complicaciones, solo con una receta, para seguir indetectable y vivir”, comenta un joven de 27 años, estudiante y trabajador.

Desde abril, los hospitales públicos están desbordados: no hay reactivos para medir las cargas virales de las personas con VIH, y faltan preservativos. La situación promete empeorar en 2025, ya que el proyecto de presupuesto plantea un fuerte recorte para la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, según denuncia el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis. Esto se reproduce en la mayoría de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

“El sistema de salud pública está devastado, y esto es algo que no puede negarse, sin importar de qué sector político se hable. Los recortes a salud y educación son cada vez más fuertes, y siempre hay sectores que terminan pagando el costo, como las personas con diversidad funcional o las personas trans. La verdad es que nunca fuimos prioridad en las políticas públicas del Estado”, asegura Marina, médica de la UBA.

En 2025, la Ciudad de Buenos Aires ha experimentado una serie de despidos y ajustes en el sector de la salud pública. El Ministerio de Salud de la Nación anunció la no renovación de 1.400 contratos, afectando a diversos hospitales y organismos sanitarios, incluyendo el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte y el Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas". Además, el gobierno nacional ha manifestado su intención de transferir la administración de los hospitales nacionales a las provincias, argumentando que la salud es una responsabilidad local.

En el caso específico del Hospital Bonaparte, se denunciaron aproximadamente 200 despidos, lo que ha dejado al hospital con la mitad de su personal y sin capacidad operativa para mantener servicios esenciales como la guardia.

“Desde noviembre no puedo acceder a mis hormonas, ya estoy empezando a notar cambios físicos”, cuenta un adolescente que se atiende en el Hospital Ramos Mejía. Con solo 17 años, es consciente de sus derechos: “La Ley Nacional de Identidad de Género establece que la entrega debe ser gratuita”. Y tiene toda la razón. Ese derecho, conquistado en 2012, hoy se ve amenazado por los recortes del actual gobierno y el desfinanciamiento de administraciones anteriores. La respuesta es del sistema público y de las obras sociales es esperar sin tener en cuenta el impacto que tiene en la salud.

Las hormonas como otros medicamentos están incluídos en el Programa médico obligatorio. ¿Qué es esto? El Programa Médico Obligatorio es una especie de canasta básica de medicamentos, prestaciones e insumos que deben ser garantizados al 100% por los tres subsistemas de salud: el sistema público, el de medicina prepaga y las obras sociales.

“Me enteré por correo electrónico que se recortaron las cirugías y que no hay turnos hasta marzo. No tengo hormonas ni recetas para conseguirlas, y no puedo suspender mi tratamiento. Además, tengo hipotiroidismo”, cuenta otro paciente del Hospital General de Agudos Carlos Durand.

Y no solo el sector público está en crisis: un hombre de más de 40 años que tiene la obra social Unión Personal denuncia que, desde noviembre, las dilaciones burocráticas son constantes: “El problema es por el sello, la firma, o la fecha de la receta. Estoy usando Nebido inyectable, y ya no sé qué hacer para que me lo cubran”. Es importante recordar que las prepagas aumentaron un 435% en promedio, en un sector desregulado donde los únicos que ganan son los empresarios.

La falta de acceso a la hormonización, hay que tener en cuenta que las personas más afectadas por estos riesgos son las más pobres y las que no tienen empleo formal. La médica Marina Erichirli agrega que “si no hay acceso a la salud pública las persona trans se exponen nuevamente a tratamientos inseguros como inyecciones de aceite industriales o siliconas líquidas, que producen altos riesgos inmediatos (de muerte por embolias) y a la largo plazo por inflamación crónica, infecciones y migración de los aceites; así como al uso de hormonas anticonceptivas para feminizar el cuerpo, a veces en altas dosis, tratamientos que aumentan muchísimo el riesgo de tener coágulos en las venas, trombosis en los pulmones, aumentan el riesgo cardiovascular, etc”.

Si no se garantizan los tratamientos hormonales y quirúrgicos en el sistema público, se realizan de manera insegura y se sigue perpetuando la injusticia a la cual son sometidas las personas trans en el ámbito de salud, la educación y el trabajo. Estas injusticias requieren no sólo acceso universal a la salud sino también al trabajo.

El odio como política de Estado

La discriminación hacia las personas trans sigue siendo parte del panorama político actual, y esto es más que evidente en la administración de Javier Milei. El rechazo hacia quienes transgreden las normas tradicionales de género está llevando a muchas personas a una situación de vulnerabilidad extrema, sumida en la violencia y la marginación. Y, tristemente, estas son políticas de Estado. Desde su discurso que niega el patriarcado, el gobierno ha recortado recursos y eliminado programas destinados a prevenir y contener la violencia hacia las personas trans.

Se trata de un ajuste que impacta de lleno en los sectores populares que se atienden en hospitales y centros, y que la oposición mayoritaria en el Congreso y los sindicatos de la CGT están dejando pasar. Por eso debemos exigir un paro general que enfrente el ajuste y luche por un sistema de salud y educación más justo y accesible para todos y todas.