Más de 70.000 personas marcharon el pasado sábado 9 de enero por el centro de Bilbao en una manifestación convocada por la coordinadora Sare (“red” en euskera), por el acercamiento de los 470 presos de izquierda abertzale, la mayoría a más de 800 kilómetros de sus familias.
Lunes 11 de enero de 2016
A lo largo de la Avenida Autonomía y otras vías céntricas de Bilbao, la marcha que tradicionalmente convoca la izquierda abertzale el segundo sábado de enero, ha reunido a más de 70.000 personas -según la Policía Municipal- por el fin de la política de dispersión de presos del entorno abertzale. También otra convocatoria paralela reunió a casi 10.000 personas en la ciudad francesa de Baiona.
Desde la Plaza de Casilla a las 17.30, la manifestación ha discurrido hasta las puertas del Ayuntamiento de la capital vizcaína entre las históricas consignas "Euskal presoak etxera" (Presos vascos a casa) y "Presoak kalera, amnistia osoa" (Presos a la calle, amnistía total).
La marcha fue encabezada por varios centenares de familiares de presos, junto con furgonetas con los nombres de las cárceles donde están sus familiares y los kilómetros de distancia que les separan, como «Granada 875 kilómetros» o «Almería 1.040 kilómetros»
Detrás, en la pancarta principal se podía leer “Derechos Humanos, resolución y paz. Euskal Presoak, Euskal Herrira” (Presos vascos a Euskal Herria). Estaba sujetada por personalidades del mundo de la cultura y el deporte, como el excantante de Kortatu, Fermín Muguruza o el exjugador de la Real Sociedad Inaxio Kortabarria, así como personalidades políticas como el antiguo preso y exdirigente de Gestoras pro Amnistía Juan María Olano, la exconsejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales por el PSE-EE, Gemma Zabaleta o los dirigentes de la CUP Anna Gabriel y David Fernández, que se encontraban en Bilbao mientras su partido aprobaba la investidura a CDC.
La manifestación estaba convocada por la coordinadora Sare, que integra diversas agrupaciones políticas, sindicales y sociales en torno a la cuestión del fin de la dispersión, siendo respaldada por EH Bildu (coalición formada por Sortu, EA, Aralar y Alternatiba) y los sindicatos LAB y ELA. PNV y Podemos no han secundado el acto, pero dejaron a sus afiliados acudir a título personal.
Durante la marcha, se organizó una colecta para sufragar los gastos de transporte de muchos manifestantes, que ya fue requisada con 70.000 euros durante la convocatoria anterior por la Guardia Civil. Así como un acto de cierre frente al Ayuntamiento en el que se reclamaba el fin de la política de dispersión y la excarcelación de presos enfermos.
Estas marchas son en numerosas ocasiones prohibidas, como la que reunió a 100.000 personas en Bilbao, según la Policía Municipal, bajo el mismo lema en enero de 2014 pese a haber sido ilegalizada por la Audiencia Nacional, o actos de protesta contra la política represiva del Estado Español, que son objeto de duras cargas policiales, como el muro popular que reunió a miles de personas en Vitoria en mayo de 2015 para impedir el encarcelamiento de tres jóvenes de la organización Segi (Seguir), que sufrió una brutal represión.
«Granada 875 kilómetros» o «Almería 1.040 kilómetros» son el tipo de distancias a las que suelen enfrentarse familiares de presos, ya que sólo 2 de 470 están en el País Vasco. Además, es habitual la prorrogación sucesiva de las condenas, dando lugar a una cadena perpetua encubierta, tal como denuncian las asociaciones de familiares de presos.
También es habitual la tortura sufrida en las cárceles, especialmente concentrada en presos del entorno de la izquierda abertzale, calculándose más de 7.000 casos de tortura a presos vascos en los últimos 30 años. Tal como recogen informes de las Naciones Unidas o Amnistía Internacional, que el Estado Español calificó en 2004 y 2008 de “falsos”, así como de “estrategia de ETA”.
La persecución a la izquierda abertzale bajo la excusa de la “lucha contra el terrorismo” prosigue 4 años después del abandono de la lucha armada por ETA, pasando por el encarcelamiento de activistas mediante la ilegalización de partidos, agrupaciones juveniles o gestoras jurídicas, represión amparada en la Ley de Partidos de 2002 que permite ilegalizar cualquier organización de la que el Estado sospeche de ser terrorista.
Así, recientemente, se han dado nuevas operaciones represivas hacia Segi o las Gestoras Pro-Amnistía, junto con la Operación Mate que supuso la detención de activistas políticos o la persecución al colectivo internacionalista Askapena. El Estado Español responde tanto al derecho de autodeterminación como a la protesta social con el diálogo de las porras y las prisiones, como vemos en la aplicación de su Ley Mordaza y la persecución a la juventud luchadora con casos como la Operación Pandora o el de Alfon, casos que suponen una represión de debemos enfrentar.
