Cerramos la extensa serie de notas en polémica con la obra de Murray Bookchin y Janet Biehl, que a pesar de no tener mucha relevancia política, es reivindicado y utilizado de una u otra manera no sólo por el movimiento libertario sino por los sectores de vanguardia de los movimientos sociales, y en el Estado español incluso por la izquierda sindical, como en la actualidad reivindica la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo.

Cerramos la extensa serie de notas en polémica con la obra de Murray Bookchin y Janet Biehl, que a pesar de no tener mucha relevancia política, es reivindicado y utilizado de una u otra manera no sólo por el movimiento libertario sino por los sectores de vanguardia de los movimientos sociales, y en el Estado español incluso por la izquierda sindical, como en la actualidad reivindica la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo.

En la penúltima entrega abordamos debates sobre el tipo de “partido municipalista” que aspira a construir el movimiento libertario de Bookchin, y la impotencia para crear una “guardia armada” obrera y antiburguesa que haga frente al Estado burgués. En esta nota final queremos abordar el ejemplo de la Revolución española de 1936, como una lección histórica para discutir con Bookchin. En el que veremos que la estrategia municipalista acaba siendo consustancial a las maniobras de la burguesía por intentar integrar en su “Estado Ampliado” a los organismos de autodeterminación de masas y así poder bloquear su potencial revolucionario institucionalizándolos. Y también veremos que a pesar de todas las reivindicaciones por las revoluciones obreras, su práctica política es más parecida a la Democracia Participativa y los proyectos neorreformistas que han desviado procesos de revuelta de estas últimas décadas.

El ejemplo de la Revolución española: burocracia sindical e institucionalización municipal

El estudio de la Revolución española es una fuente histórica para discutir y desmontar la estrategia municipalista de Bookchin. Aunque a lo largo de esta serie de notas hemos discutido sobre la experiencia del control obrero y las milicias obreras en Relación a la revolución española, es importante destacar (aunque no podamos desarrollarlo profundamente) algunos elementos cruciales que aporta el minucioso estudio que hace el historiador Agustín Guillamón [1], para entender mejor las vías por las cuales se pudo restaurar el estado burgués y hacer fracasar la revolución y por tanto la lucha contra el fascismo.

En el contexto de las jornadas revolucionarias del 18 y 19 de julio que llevaron a la clase obrera española -en concreto, en Barcelona- a organizar embriones de poder obrero para rechazar el golpe de estado de Franco, se destacó el que la República española desplegó las formas que Gramsci llamó el “Estado ampliado” [2]. Haciendo referencia a cómo la burguesía lejos de esperar pasivamente el consenso con las fuerzas políticas del proletariado, desarrolló toda una serie de mecanismos para organizarlo activamente. Concepto que nos servirá como marco para pensar el debate con Bookchin.

En ese sentido, se puede ver cómo el aparato estatal de la burguesía española consiguió frenar y después derrotar la revolución obrera por la vía de desarrollar estos aspectos del llamado “Estado ampliado” o “Estado integral” que trató de explotar al máximo por el gobierno de la Generalitat. La victoria del “estado integral” sobre la revolución se expresó, por un lado, gracias al papel de la burocracia sindical que atomizó e institucionalizó las fuerzas de la clase obrera, y por otro lado, por medio de los organismos de colaboración de clases (que en el fondo son el fundamento real de la “democracia ciudadana”) así como su conversión lógica en instituciones municipales (Ayuntamientos).

En ese sentido, Bookchin, de forma absurda, echará en cara a los dirigentes de la CNT [3] no haberse hecho con el poder durante la Revolución española, cuando precisamente los obstáculos y los desvíos institucionales que sufrió la revolución son los aspectos que paradójicamente reivindica Bookchin como parte fundamental de su estrategia municipalista.

Como explicará Agustín Guillamón, durante las jornadas de julio del ’36:

“los comités revolucionarios: de defensa, de fábrica, de barrio, de control obrero, locales, de abastos, etcétera, fueron el embrión de los órganos de poder de la clase obrera. Iniciaron una metódica expropiación de las propiedades de la burguesía, pusieron en marcha la colectivización industrial y campesina, organizaron las milicias populares que definieron los frentes militares en los primeros días, organizaron patrullas de control y milicias de retaguardia, que impusieron el nuevo orden revolucionario mediante la represión violenta de la Iglesia, patronos, fascistas y antiguos sindicalistas y pistoleros del Libre. Pero fueron incapaces de coordinarse entre sí y crear un poder obrero centralizado”.

Guillamón, en los hechos, deja planteado cómo ésta impresionante fuerza obrera fue reventada por distintas vías: la burocratización y la institucionalización municipalizada.

“Esos comités revolucionarios, aunque potencialmente eran los órganos de poder obrero, sufrieron la pesada influencia de la ideología de unidad antifascista, y muchos de ellos se transformaron rápidamente en comités antifascistas, compuestos por obreros y burgueses, al servicio del programa de la pequeña burguesía. La entrada de ministros anarquistas en el gobierno de Madrid, y de anarquistas y poumistas en el gobierno de la Generalidad, permitió que en octubre de 1936 se promulgara un decreto de disolución de los comités locales, para dar paso a los ayuntamientos antifascistas. Los comités de defensa y de fábrica, y algunos de los comités locales, se resistieron a su definitiva disolución, aunque sólo consiguieron aplazarla”.

Sin embargo, a pesar del enorme potencial de los órganos obreros, para Guillamón seguían siendo “imperfectos” para hacer frente a un estado integral y unificado, ya que no terminaban de convertirse en verdaderos “consejos obreros” que acabaran por sustituir al Estado burgués.

En realidad:

“los comités, surgidos espontáneamente por doquier, en julio de 1936, eran órganos imperfectos e incompletos de poder obrero y se diferenciaban de los consejos obreros en que los delegados no eran escogidos democráticamente en amplias asambleas de fábrica, ante las que debían responder de su gestión. Los comités dependían de las burocracias sindicales o políticas que los habían nombrado. Esa dependencia impedía la coordinación de los comités entre sí, la posibilidad de crear órganos superiores de decisión, caracterizados por la unidad de clase, y por ejercer el poder obrero en la economía o las milicias”.

Una crítica y una consigna que en realidad será central en los escritos de León Trotsky sobre la Revolución española, dónde plantea esta misma falla política, al no acabar de convertirse en verdaderos soviets democráticamente estructurados y unificando a las distintas capas de obreros.

El problema añadido de esto, y que además Bookchin se niega a ver [(y que le hemos discutido en una nota anterior] es que en el interior de estas “nuevas estructuras” (órganos obreros) existía una burocracia sindical que ejercía como fuerza material de la hegemonía burguesa, que trataba de frenar las conquistas revolucionarias, dividiendo a las capas obreras para contenerlas dentro de los márgenes de la república burguesa (formando parte de él). A la vez que el gobierno frentepopulista de la Generalitat junto al Comité Central de Milicias Antifascistas, desviaban las iniciativas revolucionarias y las instituciones obreras con la estrategia política que ahora reivindica erróneamente Bookchin como una forma de adquirir “cada vez más poder legislativo” del “poder dual” dentro de las instituciones municipales.

Estos intentos del gobierno municipal por integrar los órganos obreros en el estado burgués los explicará muy bien Guillamón, ya que:

“así sucedió con organismos como el Comité Central de Abastos, el Consejo de Economía, las Patrullas de Control, la Oficina Jurídica, el Comité de Investigación, los Comités de Control Obrero, los Consejos de Obreros y Soldados, etcétera, que se formaron para reemplazar, quebrar o cambiar la naturaleza de clase de las iniciativas populares y obreras de carácter revolucionario; pero que, tras un período transitorio de dos o tres meses, durante el que funcionaron como organismos dependientes del CCMA, fueron integrados en la órbita del gobierno de la Generalidad, y más tarde disueltos o sustituidos por órganos del aparato estatal republicano”.

Es decir, como parte de esa estrategia de “poder dual” insertada en la democracia burguesa que absurdamente reivindica Bookchin, su resultado práctico en la Revolución española le sirvió a la burguesía para desescalar la dualidad de poderes a favor del estado burgués, por la vía de integrarlos “a largo plazo” como pretende hacer ahora el municipalismo.

Para Guillamón, por el contrario, este proceso de institucionalización municipalizada iba a suponer “un golpe de muerte” a los órganos de poder obrero:

“El decreto del 9 de octubre, complementado con el publicado el 12, declaraba disueltos todos los comités locales que habían surgido el 19 de julio, que serían sustituidos por los nuevos ayuntamientos. Pese a la resistencia de muchos comités locales a su disolución, y al retardo de varios meses en la constitución de los nuevos ayuntamientos, se trataba de un golpe de muerte del que no se recuperarían”.

El balance real del gobierno frente populista y el Comité Central de Milicias antifascistas en unas pocas semanas sería: el paso de unos comités locales revolucionarios, que ejercían todo el poder en la calle y las fábricas, a su disolución en beneficio exclusivo de la Generalitat. Del mismo modo, los decretos firmados el 24 de octubre que daban el paso de unas Milicias obreras a un ejército ciudadano, dirigido por la Generalitat y el paso de las expropiaciones y el control obrero de las fábricas a una economía centralizada, controlada y dirigida por la Generalidad, que como vimos Bookchin reivindica.

Por el contrario, Guillamón, que podría contestar a la deformada teoría del “poder dual” de Bookchin, explica cómo desde el 26 de septiembre al 17 de diciembre de 1936 se dio un avance de la contrarrevolución y un retroceso del movimiento revolucionario, paralelo al progreso de la Generalidad en la reconquista de todas sus funciones (asumiendo incluso poderes del Gobierno de Valencia). Los “hitos de ese avance contrarrevolucionario fueron la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas, la entrada del POUM y CNT en el gobierno de la Generalitat, y el decreto de disolución de los comités revolucionarios y de formación de ayuntamientos frentepopulistas”.

Aquí no tenemos espacio suficiente para desarrollar el estudio de Guillamón dónde da cuenta de las deformaciones, contradicciones y ambigüedades que impuso la burocracia sindical que por distintos eslabones mantenía dividido, burocratizado e institucionalizado los comités obreros revolucionarios de las fábricas y los barrios, que le servía para pervertir y deformar incluso el programa de la revolución obrera. Y que de hecho, como vimos, Bookchin reivindicará la municipalización burguesa de la Generalitat frente al “subversivo” control obrero que había conquistado la clase obrera española en la Revolución.

Y además, Guillamón, por otro lado, da cuenta de cómo la vía de la burguesía para restaurar su poder, precisamente se basó en la estrategia de integrar el poder dual en la democracia burguesa municipal (institución que Bookchin separa del Estado burgués y que reivindica como parte de las tradiciones revolucionarias). Al mismo tiempo, la “ideología antifascista” como explica Guillamón, es decir, el movimiento ciudadanista y la política ciudadanista, que es en esencia puro frentepopulismo, le servía a la burguesía para maniatar a las organizaciones obreras con las organizaciones burguesas. En todos los decretos de la Generalitat, los comités revolucionarios eran sustituidos precisamente por la institución que Bookchin reivindica como terreno para combatir al estado burgués: los Ayuntamientos. Los cuales expresaban ya en esencia lo que ya intentaban hacer los organismos de colaboración de clases. Así, los elementos que permitieron la derrota de la revolución española es lo que ahora Bookchin quiere convertir en estrategia.

Frente a esta estrategia política que Bookchin se propone desempolvar y que ahora quiere materializar con la construcción de un partido municipalista (que en realidad, es sólo una versión más derechizada del antiguo Partido Sindicalista de Ángel Pestaña de los años ’30, que acabó integrándose en las listas electorales del Frente Popular), es preferible rescatar la aguda reflexión de Agustín Guillamón:

“En ausencia de una vanguardia revolucionaria, capaz de plantear el antagonismo entre el proletariado y el Estado capitalista hasta llegar a la destrucción del Estado capitalista y la implantación del poder revolucionario del proletariado, cualquier movimiento revolucionario, sea cual fuere su componente proletaria, estaba destinado al fracaso. Dada la incapacidad de las organizaciones obreras para tomar y ejercer el poder, dada su ineptitud parar coordinar y centralizar el poder local de los distintos comités revolucionarios a escala regional y nacional, para constituir un poder de los obreros, no se abrió otra vía que la de la colaboración con otras organizaciones políticas burguesas y con el estado capitalista [….] Faltó un grupo revolucionario, o una minoría consciente, capaz de transformar esos comités en consejos obreros, caracterizados por la elección democrática de sus delegados en asambleas, revocables en todo momento, y capaces de coordinarse autónomamente a nivel regional y nacional”.

¿Qué imagen presenta la “democracia ciudadana” en la práctica?

Más allá de la reivindicación que hace Bookchin de los sistemas de consejos, soviets o comités revolucionarios, la realidad es que, en el plano teórico, las “asambleas populares” que propone el municipalismo, no tienen absolutamente nada que ver con las tendencias a la autoorganización que se dieron y se dan en los procesos revolucionarios. Más bien la imagen que presenta en la práctica esta “democracia ciudadana” tiene más que ver con los experimentos de la llamada “Democracia Participativa” que se desarrolló sobre todo en Porto Alegre (Brasil),

Allí se crearon multitud de “asambleas ciudadanas” para decidir sobre los asuntos públicos locales, y fue presentado por el Foro Social Mundial como la gran panacea de todos los problemas. Estas asambleas fueron impulsadas no sólo por el PT en los ’80 y ’90, sino que antes de él, en los ’70 fueron iniciativa de partidos burgueses como fueron el PMDB (Partido del Movimiento Democrático de Brasil) durante la dictadura militar. O en los ’90 por todos los partidos de la derecha y centro derecha como hizo el PFL (Partido del Frente Liberal), el PPB (Partido Progresista Brasileño), etc. Ya que a la burguesía brasileña le servía para administrar las arcas capitalistas municipales y provinciales en tiempos de crisis y escasez, y echar la responsabilidad a la población de los míseros presupuestos que venían acotados por el FMI, que acaban en detrimento de los trabajadores. Por ejemplo, con despidos y rebajas salariales de los trabajadores públicos o enfrentando a los municipios entre sí.

Lo que demostró esta “democracia municipal” es que nunca resolvió los problemas estructurales y la miseria salvaje que vive Brasil. Y no es de extrañar que los partidos de la derecha no hicieran “ascos” a este tipo de estrategias. Porque gracias a las “asambleas populares”, que no tenían poder sobre nada, por mucha participación que tuviesen, no tenían control sobre la propiedad capitalista, y en realidad actuaban como una manera de cooptar a los movimientos sociales y los trabajadores. No sin razón, este modelo de gestión fue premiado por las Naciones Unidas por ser “una de las mejores prácticas de gobierno”. No sólo a las grandes empresas les venía bien este modelo de “asambleas ciudadanas”, de los que los ejecutivos participaban, porque les permitía evitar con antelación posibles conflictos con la comunidad, sino que el Banco Mundial llego a decir que “es una de las experiencias más positivas e innovadoras surgidas en América Latina”.

La realidad es que mientras estas “Asambleas ciudadanas y populares se extendían”, y hablaban de democratizar los gobiernos locales, el régimen brasileño lo combinaba con una brutal represión y asesinatos selectivos contra los campesinos y el pueblo pobre. Ninguna de las grandes reivindicaciones democráticas de las masas como la reforma agraria, el derecho de autodeterminación para los pueblos indígenas y negros, la defensa de las libertades democráticas o la invasión imperialista sobre las tierras y selvas, fueron resueltas por esta supuesta “democracia directa” que en los hechos está proponiendo el Municipalismo libertario. Que lejos de constituir “una amenaza al Estado burgués”, las experiencias municipalistas en Brasil (de las más avanzadas y más reivindicadas), fueron asumidas por la burguesía que, sin ningún tipo de reparo, son capaces de integrarlas dentro de los regímenes democráticos, y promulgarlas. La “asamblea ciudadana” regimentada por los ayuntamientos actuaban como instrumento para conciliar intereses antagónicos.

Los proyectos municipalistas en los ’80 y ’90 en Brasil no son el único ejemplo de una política “municipalista”. En el estado español, después del movimiento del 15M (que Pablo Iglesias trató de capitalizar por medio del proyecto neorreformista de Podemos), el municipalismo y la democracia participativa volvió a ser debate del activismo. Y de hecho, al calor de las elecciones municipales, se formaron en las principales ciudades españolas partidos municipalistas y ciudadanistas, como fue Ahora Madrid, Barcelona en Común, Zaragoza en Común, etc... Unas supuestas candidaturas nacidas de “asambleas ciudadanas” que en realidad eran coaliciones de los partidos tradicionales (PCE, IU, etc.) junto a personalidades independientes que, incubando todos los vicios del municipalismo libertario, no tardaron en hacer aguas. Formando coaliciones y gobiernos negociados juntos o con el apoyo de la casta progre (PSOE) del Régimen del 78, que lejos de poner en cuestión los negocios de la burguesía se convirtieron en sus mejores alumnos.

Todas las grandes ideas de la democracia participativa y el municipalismo quedaron sólo para la galería. El resultado de estos proyectos a escala estatal acabó con el partido Podemos formando parte del gobierno imperialista junto al PSOE.

Pero además de ser parte de los proyectos electorales y de gobierno del neorreformismo, la apuesta por la “democracia ciudadana” también se expresó en importantes momentos de la lucha de clases de estos años, sobre todo en Latinoamérica. Por ejemplo, al calor de la crisis de 2001 en Argentina, además de ocupaciones de fábrica y movimientos de piqueteros, también surgió junto a las movilizaciones y los cacerolazos, un fenómeno muy progresivo de Asambleas populares en los barrios. Dónde se aglutinaban los jóvenes, los sectores intermedios y una multitud de trabajadores dispersos que acudían para organizar las movilizaciones cuyo lema común era: “¡Que se vayan todos!”. Sin embargo, a pesar de la enorme crisis social y política, la burocracia sindical se negó a desarrollar no sólo asambleas obreras para confluir con las asambleas populares sino también a convocar una fuerte huelga general política que pudieran soldar esta unidad y asestar un golpe mortal al régimen burgués. En este contexto, donde aparecieron distintos proyectos y planes de ajuste para que la crisis la pagasen los trabajadores, una propuesta parecida a la de Bookchin tuvo la centro-izquierda del partido ARI dirigida por la parlamentaria Elisa Carrió, junto a la burocracia sindical de la CTA que se negaba a desarrollar la lucha de clases. Justamente Carrió planteó un intento de salida gatopardista en el que llamaba a “refundar la república” mediante la institucionalizando de las asambleas vecinales. Esta copia de municipalismo libertario obviamente acabó ayudando a la recomposición del régimen argentino. Pasado el vendaval la misma Elisa Carrió formaría parte del partido Cambiemos, que llevó a la presidencia al mismísimo Mauricio Macri hace poco tiempo atrás.

Pero sin irnos muy lejos en el tiempo, también nos encontramos con el ejemplo de Chile, que ha vivido unas jornadas revolucionarias hace mucho tiempo no vistas que hicieron tambalear al régimen chileno. Aquí hemos visto cómo las burocracias sindicales, estudiantiles y sociales que participaban de la “Mesa de Unidad Social” pretendían entrar al dialogo con el gobierno, mientras miles y miles salían a las calles al grito de “fuera Piñera”. En este contexto, el Partido Comunista y el Frente Amplio, seguramente sin haber leído nunca a Bookchin, lanzaron la idea de “cabildos ciudadanos” como parte de su estrategia de “proceso constituyente” dentro de los marcos del régimen actual. Cabildos ciudadanos, que lejos de actuar como órganos de combate, son regimentados como “instancias de dialogo”, “espacios consultivos” dónde las proclamas simplemente son formuladas para enviar a los parlamentarios de esos partidos. Lejos de ser órganos de poder se utilizan como parte de la idea de adquirir espacios políticos en los márgenes de la democracia capitalista.

Por suerte, frente a esta política de la izquierda neorreformista, surgieron formas de autoorganización de masas y de frente único, que en el caso de desarrollarse podían apropiarse de esos cabildos, pero para darle un contenido diferente, convirtiéndolas en órganos de lucha. Este ejemplo se dio de forma germinal en la ciudad minera del cobre y centro estratégico de la economía de Chile (Antofagasta), en la que se impulso un organismo real de autoorganización, con la creación del Comité de Emergencia y Resguardo. Un espacio que articulaba los trabajadores de la educación, públicos, portuarios, estudiantes, pobladores, organizaciones de derechos humanos, el mundo del arte, profesionales de la comunicación, organizaciones sociales y políticas, que sirvió para organizar la lucha para echar a Piñera y desde el cual se exigía la convocatoria de una Asamblea constituyente. En sentido contrario iba la “democracia ciudadana” del PC y el Frente Amplio donde en lugar de desarrollar este frente único de la clase obrera en la perspectiva de una huelga general que tumbe al régimen, pretendían negociar con el gobierno mientras hablaban con el discurso ciudadano de Bookchin donde relegan a los sujetos a ser parte del régimen elaborando peticiones para los parlamentarios, en lugar de organizar la lucha.

Con esta última nota queríamos resumir muy brevemente la imagen que presentaría el municipalismo libertario en épocas de paz como hemos visto en Brasil, pero también en los momentos de revuelta o jornadas revolucionarias como en Chile o Argentina, o en grandes revoluciones como la española en los años ’30. Lejos de representar una innovación en la estrategia política, en distintas notas hemos demostrado como en realidad es una copia de los viejos partidos convencionales y de la vieja estrategia reformista pero confinada en lo local y con el hándicap de desechar a la clase obrera como principal sujeto de cambio para pensar la destrucción del estado burgués. Una estrategia que en los hechos viene a legitimar por activa o por pasiva los distintos desvíos institucionales que preparan los partidos patronales, y las burocracias sindicales y políticas, con las que frenar las revueltas sociales y las revoluciones.

Frente a estas estrategias, como planteara Guillamón, hace falta una vanguardia revolucionaria capaz de plantear el antagonismo entre el proletariado y el Estado Capitalista hasta llegar a la destrucción del Estado capitalista y la implantación del poder revolucionario del proletariado. Para nosotros, esto pasa en primer lugar por la construcción deun partido revolucionario que se fusione con esa vanguardia obrera.