CMDS a cargo del Alcalde Jonathan Velasquez busca implementar Aula Segura contra jóvenes que se movilizan por la educación
Viernes 1ro de abril de 2022
A casi un mes de iniciado el año escolar, les estudiantes secundaries han protagonizado movilizaciones en contra de la precarización y el acoso en los liceos ¿Cómo planean responder los municipios y el gobierno?
En los últimos días los estudiantes se han movilizado a nivel nacional en contra de la violencia de género y el acoso en los colegios y liceos, en contra de la falta de infraestructura y protocolos sanitarios, recibiendo una dura represión por parte del gobierno de Boric, que terminó incluso con un estudiante baleado en Santiago. En esta misma línea los liceos iniciaron una persecución hacia les jóvenes que se organizan y luchan en contra de la precarización de la educación pública.
Luego de las distintas movilizaciones que estudiantes secundaries han protagonizado, la Corporación Municipal de Antofagasta lejos de querer mejorar las falencias con las que los colegios han recibido esta vuelta a clases ha amenazado con la cancelación de matrículas. El municipio ha optado por aplicar la Ley aula segura y la Ley penal juvenil, leyes represivas que sólo criminalizan la pobreza.
Estas leyes son otro filtro de clase en la educación, que hoy en día están siendo utilizadas para perseguir a los jóvenes que se quieren organizar.
Estas medidas punitivas tienen consecuencias nefastas para les estudiantes secundarios, sobre todo sabiendo que la educación pública ya se encuentra en crisis por desfinanciamiento y deserción escolar;
“Se estima que, "las expulsiones por Aula Segura fueron en 2018 de 745 escolares en todo el país, un promedio de seis por semana”.
CIPER CHILE 2018. Aula segura: la dura violencia escolar de la que no se habla.
A pesar de la significativa cifra de alumnos castigados con la máxima sanción, el Partido Comunista y el Frente Amplio (actual gobierno) convivieron pasivamente con esta ley es decir que dejaron pasar en la comisión de educación el proyecto, votando en contra después simbólicamente.
Instituto nacional, 2018.
El ambiente al interior de los liceos para les estudiantes se torna rápidamente hostil: están viviendo las amenazas de cancelación de matrículas, cancelación de prácticas (en colegios técnicos), anulación de especialidad y suspensión de clases. También, les han amenazado con aplicar la Ley de Aula Segura, que tiene como una de sus principales medidas la expulsión de les estudiantes a causa de "actos de violencia".
Pero no es lo único, han querido procesar estudiantes por la ley penal juvenil, como una respuesta al aumento de violencia que existe en los establecimientos . Esta ley permite que los jóvenes sean procesados a partir de los 14 años y aunque establece que su principal objetivo es la reinserción de jóvenes, la realidad es que es una ley criminalizadora que arroja a menores de edad a las cárceles, donde no tienen ninguna posibilidad de salir de los ambientes de pobreza y violencia en los que han crecido.
Pequeña radiografía al sistema escolar:
Les jóvenes que durante este último mes han dado inicio a la presencialidad, han vivido un regreso a clase abrumador. Esto ha significado pasar de estar en sus casas, en muchos casos hacinados, conviviendo con la pobreza, la violencia y los problemas de salud mental, llegar a establecimientos sin salas suficientes, sin profesores y con condiciones sanitarias paupérrimas. En el caso de alumnas y alumnxs, han vivido el acoso callejero y la violencia machista en las escuelas, además, soportando largas jornadas escolares en esta situación, lo que ha derivado en ataques de pánico, desorientación y efectivamente,violencia.
Esta violencia es una respuesta a la violencia estructural a la que el Estado, el gobierno y sus instituciones arrojan a la juventud. Las autoridades, prefieren garantizar la represión y el castigo antes que solucionar el abandono que viven los liceos públicos. Antes de garantizar una educación de calidad y una educación sexual integral, con un plan para detener la educación machista que recibimos durante décadas en Chile y abordar las crisis de salud mental, con psicólogos a disposición y espacio suficiente, prefieren estar preparados y gastar millones en encarcelar y perseguir.
Pero la política represiva contra los estudiantes en los colegios, no es más que la continuación de
la política del gobierno y las municipalidades. Izkia Siches ha condenado la movilización de les jóvenes entregando el apoyo del gobierno a los pacos, en un intento por normalizar que las instituciones represivas disparen a estudiantes y sitien los establecimientos educativos. Agentes que entran a los liceos para reprimir, como sucedió hoy en el liceo Domingo Santa María de Arica. El Ministro de educación no ha entregado ninguna medida efectiva, se ha quedado en silencio ante la falta de infraestructura. Se ha negado a acabar con la jornada completa de educación y ha propuesto un jornada de educación sexual no sexista a mediados de abril, cuando lo que se necesita es colocar urgencia a la aprobación de la ley que garantice una educación sexual integral para todos los colegios.
La única forma de enfrentar estas medidas represivas es fortaleciendo la organización de los estudiantes, levantando centros de alumnos y asambleas triestamentales para pensar las necesidades de la comunidad educativa. Les estudiantes de esta generación entendemos cómo las comunidades solidarizan con nuestra lucha, que mira de frente una educación heredada de la dictadura, que no responde a las necesidades actuales de una juventud que se cuestiona la violencia machista y la precariedad en los liceos, lucha que también es de los profesores que exigen sus sueldos, que se levantan contra el agobio laboral y la de los padres que viven las consecuencias de la educación de mercado día a día.
El gobierno de Boric, con los municipios y la prensa burguesa buscan a toda costa criminalizar a la juventud que se organiza, con el objetivo de aislarla. Buscan apagar la gran llama que pueden ser para movilizar el país, y conducirla por los canales institucionales de participación donde puedan controlarla. Necesitamos recuperar los organismos estudiantiles y mostrar otra alternativa a la resignación "a la medida de lo posible" que ofrece el gobierno.
Los centros de estudiantes y alumnxs autoconvocades pueden organizar asambleas para que se discuta el camino que debe tomar la movilización. Esta movilización debe incluir entre sus demandas a las que ya están en la calle, acabar con la Ley de Aula segura y la Ley penal juvenil, exigir su derogación y fortalecer los organismos estudiantiles para enfrentar la represión y la persecución al interior de los colegios por parte de los directivos.
¡Adelante, les secundaries contra la represión!
