La licitación de la vigilancia quedaría en manos de dos empresas, Líderes y Comahue. Peligran cientos de puestos de trabajo, además de los derechos adquiridos por el personal durante el período previo. Murata se mantendría impune por sus crímenes laborales, que se cobraron la vida de Martín Pino y Juan Campos trabajando para el ferrocarril
Lunes 5 de octubre de 2020
Trabajadores del sector denuncian que este fraude laboral es moneda corriente para quienes hace años trabajan brindando servicios a Trenes Argentinos, donde en cada cambio de firmas y traspaso pierden la antigüedad y a veces son removidos de sus funciones habituales. Sumado a las terribles condiciones laborales, con licencias sólo al 50% y sin garantías de continuidad, con elementos de seguridad e higiene deficientes, cabinas mal acondicionadas y a veces sin agua en un contexto de plena pandemia. Murata se ha encargado de exprimir hasta el último centavo de ganancia a costa de sus empleados para retirarse con el negocio hecho y darle lugar a nuevos estafadores.
Los vigiladores admiten que tales condiciones no hubieran podido sostenerse todos estos años sin un activo aparato de persecución y hostigamiento contra los que se organizan, dirigido directamente por el gerente de la empresa, Yamil González. Lo señalan como el principal garante todos estos años de la sociedad entre Murata y Trenes Argentinos, amedrentando sistemáticamente a los empleados frente a cualquier reclamo con traslados arbitrarios e infiltrando chats grupales para estar al tanto de todas las opiniones en su contra. A comienzos de la pandemia fue él mismo quien seleccionó a dedo a siete trabajadores que estaban reclamando en una asamblea autoconvocada guantes y barbijos y los amenazó con perder el trabajo para posteriormente castigarlos con un traslado y forzarlos a renunciar.
Murata no es sin embargo un caso aislado. Este mecanismo se repite en numerosas empresas tercerizadas del Estado, que es el mayor beneficiario de la precariedad laboral y los ataques a la organización sindical de sus trabajadores. Actualmente se encuentran en la misma situación MCM, Ci5, Hunter y Servisud. Las estrategias de Yamil González para mantener la desorganización entre sus empleados se demuestran entonces como un servicio no sólo hacia su propia empresa, sino hacia Trenes Argentinos, que en cada traspaso logra pasar sin resistencia una nueva degradación de las condiciones de trabajo y "limpiar" a quienes muestran disconformidad en el proceso.
En el 2010, para quebrar con este perverso sistema, los tercerizados confluyeron bajo la consigna por el pase a planta de todos en una gran Asamblea Permanente, con delegados electos por sector democráticamente, que votó un enorme corte de vías en Avellaneda y abrió el camino al triunfo. En medio de esa lucha, fue que la desesperación de Pedraza por preservar intactos sus negocios culminó con el asesinato de Mariano Ferreyra y el pase definitivo de 3000 empleados del ferrocarril a planta permanente. Diez años después, la tercerización continúa dividiendo a los trabajadores ferroviarios y golpeando directamente las condiciones de vida de quienes la sufren. Se llevó la vida de Juan Campos y la de Martín Pino, y ahora amenaza con arrebatarle al resto antigüedad y estabilidad laboral de un plumazo. Les roba la mitad del sueldo a quienes se enferman trabajando ante la falta de insumos de protección, empuja a trabajar a gente en situación de riesgo por la pandemia. Y las expresiones de hartazgo crecen diariamente.