Así lo había denunciado el diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT) en la anterior reunión de comisión. La discusión seguirá durante la semana.
Martes 21 de julio de 2020 10:28
¿Beneficios fiscales para Vicentin? Aunque suena a chiste parece que no lo es. La denuncia la hizo el diputado Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) el jueves pasado en la reunión de comisión destinada a discutir el proyecto de moratoria que impulsa el oficialismo nacional.
Este martes, desde las 11 h, ya se encuentra reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller. Si bien el oficialismo había señalado que intentaría lograr dictamen para sesionar esta semana, durante la reunión se anunció que el proyecto seguirá en discusión una semana más.
Pasamos de hablar de expropiación a la moratoria para los estafadores de Vicentín. ¿ Así empieza la llamada "reconstrucción" post-pandemia?
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) July 16, 2020
El debate había comenzado el jueves pasado, con la presencia virtual del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Esta funcionaria fue quien destacó que la nueva moratoria podría alcanzara a una deuda total de $ 534.000 millones, contraída tanto por personas humanas como por empresas en el marco de la emergencia sanitaria.
La nueva moratoria -según el discurso del Poder Ejecutivo- apunta a incorporar a quienes no accedieron al régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social, sancionada en diciembre pasado. Permitiría incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y la primera cuota vencería el 16 de noviembre, según indica el texto en discusión.
Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que adhieran, podrían regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. En el caso de los compromisos de la seguridad social, los plazos serían de hasta 48 o 60 cuotas. Quedarán afuera solo las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART.
Como ya se señaló, durante la reunión del jueves pasado Nicólás del Caño había señalado varias críticas. En primer lugar, atendió al hecho de que el proyecto oficial no discrimina a grandes multinacionales de un comercio de barrio. Al mismo tiempo -por omisión- incluye la posibilidad de ingresar a la moratoria a empresas que hayan violado la prohibición de despedir o que hayan incumplido otros diversos tipos de normas.
