Entrevistamos a Santiago Lupe, dirigente de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras. Hablamos del nuevo gobierno, el salto en la integración de Podemos e IU en el Estado imperialista español y las perspectivas para construir una izquierda revolucionaria.

Contrapunto: Finalmente la investidura ha salido adelante y el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ya está en marcha ¿Cuál es el análisis que hace la CRT de este llamado gobierno “progresista”?

Nosotros lo hemos definido como el gobierno de la “restauración progresista”. El Régimen del 78 viene arrastrando una crisis histórica desde el año 2011 con distintos puntos críticos, el último en 2017 en Catalunya. Mariano Rajoy y el bloque del 155, que incluía al Rey, la Judicatura y el mismo PSOE, intentaron entonces imponer lo que denominamos una restauración “reaccionaria”. Se quiso acabar con la cuestión catalana por medio de la represión y lograr una relegitimación de las instituciones del régimen en base al espíritu del “a por ellos”. Ese intento fracasó, el movimiento independentista no se desvaneció y la “España de los balcones” no era un pegamento capaz de recomponer el viejo bipartidismo. Producto de ese fracaso surgió una brecha nueva por arriba, sobre la cual se intenta una nueva vía para hacer posible una restauración exitosa.

Desde la derecha se sigue apostando por la política ensayada en 2017, incluso radicalizada con el ascenso de Vox. El PSOE, con la ayuda inestimable ayuda de Unidas Podemos, opera para conseguir los mismos fines restauradores, pero por otras vías. Con diálogo vacío para apaciguar el movimiento catalán mediante la ayuda de la dirección procesista y gestos, un discurso más social y pequeñas concesiones para restablecer un consenso que permita sacar adelante toda la agenda de reformas estructurales pendientes. Éstas siguen la senda de las últimas décadas, gobernar al servicio del IBEX35 y las multinacionales imperialistas españolas.

Las reivindicaciones de Iglesias acerca de la Transición y el rol del PCE de Carrillo son una buena muestra de lo que están intentando; colarnos la tercera restauración borbónica. Pero esta nace aún más descafeinada que la anterior. En el 78 se impuso la Constitución entre el palo del golpe de Estado y la zanahoria de conseguir la democracia, integrarnos en Europa y la promesa de desarrollar un tardío Estado del Bienestar. Ahora se intenta replicar el palo con la amenaza de Vox, pero como zanahoria ¿qué ofrecen? Una tibia recuperación parcial de lo perdido en esta década de crisis y otros 40 años del candado de la Constitución del 78.

Lejos de la imagen que vende la derecha de que estamos ante un gobierno que vendría a derrocar los cimientos del régimen del 78, ayuda a apuntalarlos. Mantienen incólumes los pilares políticos y económicos de estos últimos 45 últimos años. Desde la Corona o la unidad de España, hasta que las políticas económicas y sociales en ningún caso pueden afectar a las grandes empresas, pasando por el mantenimiento de todas las políticas que lleva adelante el Estado como la quinta potencia imperialista de la UE, desde las leyes de extranjería o las misiones militares en el extranjero.

Sin embargo, estamos ante el primer gobierno de coalición con partidos a la izquierda del PSOE desde el Frente Popular de 1936 ¿Qué significado tiene la entrada de Unidas Podemos al Consejo de Ministros?

Rosa Luxemburgo, a la que Irene Montero reivindicaba el día de su toma de posesión como ministra, decía que cuando ministros obreros entran en un gobierno burgués, éste no se transforma en un gobierno obrero, sino que los ministros obreros se transforman en ministros burgueses. No definiría a los cinco ministros de Unidas Podemos como ministros obreros o socialistas, pero el símil es válido. Su entrada no cambia el carácter del gobierno, sino que da cuenta de la integración sin retorno de Podemos e IU y el PCE al Régimen del 78 en su más alta expresión. Ya los habíamos visto gobernando junto a los social-liberales en ayuntamientos y comunidades, aplicando políticas antisociales e incluso estando al frente en los casos de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza. Pero esto es un salto cualitativo, es ser parte del gobierno central de un Estado imperialista.

El gobierno de coalición no es un gobierno progresista, es el gobierno de la quinta potencia imperialista de Europa. Entrar supone nada menos que la aceptación de ser gestores del Estado que gobierna para la Repsol, Telefónica, Endesa o ACS, porque eso es el Estado español y sus instituciones empezando por el ejecutivo. Por eso llevan años, casi desde la emergencia de Podemos, en un trabajo constante de rebaja de programa y expectativas. Era su manera de prepararse para gobernar, y siempre dijeron que “venían a gobernar”. Fijémonos que desde el principio renunciaron a cualquier demanda que cuestionara el rol de las multinacionales españolas en América Latina, aceptaron la pertenencia a la OTAN y ser parte de las misiones militares. Lo mismo para la política migratoria que es asumida en lo fundamental. En el terreno de la política económica, fueron adoptando un programa abiertamente socialdemócrata muy moderado y al mismo tiempo advirtiendo que estaría adaptado al marco que impone la UE y los grandes empresarios, aquellos que “votan todos los días” como ellos mismos decían antes. Respecto al Régimen del 78 se pasó de hablar de abrir procesos constituyentes, a pedir una reforma constitucional de la Carta Magna, para llegar ahora a defenderla en su totalidad.

Es una operación consciente de rebaja de expectativas que hoy se corresponde con ser parte de un gobierno que ya ha dicho que no derogará en su totalidad la reforma laboral de 2012 -ni hablar de las anteriores-, que subirá el SMI solo lo que los empresarios permitan, que pretende igualar la edad media de jubilación a la que marca el pensionazo de 2011 -67 años-, y que limitará todo aumento del gasto social a cumplir el artículo 135 y los mandatos de la Comisión Europea. Un tránsito de la socialdemocracia al social-liberalismo en tiempo récord.

El ascenso electoral de Vox, los movimientos de la Judicatura y el PP para hacerle oposición al nuevo gobierno o ahora la polémica del “pin parental” alientan en un sector de la izquierda la idea de que no hay otra opción que la alianza con el PSOE ¿Cuál es la posición de la CRT sobre cómo enfrentar el ascenso de la extrema derecha?

Es así, ya desde las elecciones de abril se ha instalado un nuevo “malmenorismo” que, como todo “malmenorismo”, conlleva una adaptación tras otra, en sentido descendiente del programa. En este caso, hasta terminar justificando que ser ministro o ministra de un gobierno que mantendrá los CIEs, las expulsiones en caliente o el maltrato institucional a los menores extranjeros, es el camino para enfrentar el auge del racismo y la xenofobia.

Toda la izquierda reformista se ha prestado a esta lógica del mal menor, no solo la que hoy está en el gobierno, también grupos como EH-Bildu o el BNG que dieron el voto en la investidura al PSOE. Incluso Anticapitalistas, que se opusieron a la entrada en el gobierno de Podemos, pero sostenían que había que votar a Pedro Sánchez para evitar que el “trifachito” pudiera fortalecerse en unas posibles nuevas elecciones o que el PSOE acabara pactando con la derecha.

Lo que no se ve es que hay un sustrato común entre las derechas y los social-liberales. Ambos son hijos del neoliberalismo, ambos son partidarios de mantener las políticas de extranjería, no cuestionar la financiación pública de la Iglesia o el Concordato, defender la Corona, la reaccionaria Judicatura y la negativa tajante del derecho de autodeterminación. Por lo tanto, para enfrentar el auge de la extrema derecha enfundada en sus políticas contra las mujeres y el colectivo LGTBI, los inmigrantes o Catalunya, es necesario hacerlo con total independencia del llamado gobierno “progresista”.

No compartimos tampoco la lógica de levantar una suerte de “frente antifascista” con la izquierda del régimen, porque a la derecha y la extrema derecha tenemos que combatirla oponiéndole un programa que hay que pelear también frente a este mismo gobierno. Si no lo hacemos así, si no hay una izquierda independiente que vaya a la raíz de estos problemas, la única alternativa que aparecerá visible ante la frustración con el gobierno “progresista” será la derecha y la extrema derecha.

Por ejemplo, sobre el pin parental, hay que combatirlo por supuesto, pero no para defender el actual modelo de educación, en el que casi dos millones de niños, niñas y adolescentes estudian en centros sostenidos con dinero público que están en manos de órdenes religiosas. Ese es el pin parental más grande de todos ¿o alguien piensa que en Maristas, las Carmelitas o Corazonistas se va a poder implementar educación sexual o talleres sobre diversidad sexoafectiva? Combatir el pin parental hasta el final es luchar por el fin de la concertada, su expropiación y pase a la red pública, por el fin de la financiación pública de la Iglesia y acabar con el Concordato. En definitiva, por la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, es decir, tocar otro de los pilares del consenso del 78 que ni el PSOE ni ahora tampoco Unidas Podemos quiere tocar. Y esto lo podemos aplicar a todas las demás guerras culturales que se abrirán en esta legislatura, que serán muchas.

La cuestión catalana seguirá siendo una de las principales brechas del régimen ¿Cómo queda el movimiento democrático catalán?

Hay movimientos que buscan una confluencia para algún desvío duradero que termine de desactivar el movimiento democrático catalán. Por un lado, el gobierno de coalición, por el otro, la dirección procesista encabezada por ERC pero con JxCat siguiéndola de cerca. Volver a un diálogo en clave autonomista, que es lo único que cabe en la mesa de negociación pactada, y volver a ser clave de estabilidad del gobierno -como lo fue Convergencia históricamente tanto con el PSOE como con el PP-, a cambio de una tenue rebaja de la persecución y alguna concesión de competencias.

Esto no quiere decir que haya ni una impugnación ni una reversión de lo anterior: la ofensiva represiva contra el independentismo y el recorte de derechos y libertades han venido para quedarse. No solo porque hay una parte del Estado profundo, empezando por la Judicatura y la misma Corona, que van a hacer todo lo posible por que se mantenga y haya nuevos golpes. Ahí están las maniobras de golpe judicial para destituir a Torra, y no olvidemos que según Omnium hay 2.500 personas encausadas. Pero también porque el PSOE ha sido parte y asume lo central de este nuevo consenso reaccionario, la convicción de que el desafío de 2017 debe resarcirse por la vía represiva. Podemos, con su llamamiento a acatar la sentencia, ya anunció que se sumaba a su manera a este consenso.

Por lo tanto, la lucha por el derecho a decidir, terminar con la represión y la amnistía, las tres grandes demandas del movimiento democrático catalán seguirán pendientes. Ha quedado más que demostrado que no se podrán conseguir dentro de los marcos de este régimen, ni tampoco en alianza con los partidos de la burguesía y pequeña burguesía catalana. Éstos ya demostraron en 2017, y de nuevo en 2019, que serán un obstáculo para que se pueda desarrollar la movilización social necesaria que permita imponer estas demandas. Hay una necesidad de sacar esta lección hasta el final, en primer lugar por parte de la izquierda independentista que llevó adelante una política de alianza con estas fuerzas, para poder definir una hoja de ruta basada en la independencia de clase. Esto sigue siendo fundamental para evitar que el desvío que preparan ERC, JxCat, Podemos y el PSOE termine imponiéndose.

La CRT plantea la necesidad de construir otra izquierda ¿Cómo veis el mapa actual de la izquierda a la izquierda del gobierno PSOE-UP? ¿Cuál es vuestra propuesta?

Por el momento, prima cierta expectativa en el nuevo gobierno, con una buena dosis también de conformismo, algo así como “es lo que hay” o “mejor esto que la derecha”. Pero también es cierto que en sectores de la juventud y la clase trabajadora sorprende y hasta indigna la rápida integración de Podemos e IU. Ver a Garzón o Iglesias jurando lealtad al rey, o que vetaran en la Mesa del Congreso la petición de la CUP para que el monarca comparezca por los lazos de la Casa Real con la monarquía saudí, que ahora defiendan la misión militar en Iraq, justo cuando su parlamento ha exigido su retirada, o que en América Latina pasen a ser parte del gobierno que reconoce al golpista Guaidó como presidente, son cosas difíciles de digerir. Que no todo es “luna de miel” o “cheque en blanco” lo demuestra por ejemplo la huelga de Euskadi de la semana que viene, o que una parte del movimiento feminista considere que este año también es necesaria una jornada de huelga para el 8 y el 9M, como se votó recientemente en la asamblea feminista de Catalunya.

En la izquierda ha habido movimientos interesantes. En primer lugar, en la CUP, que está en estos momentos más alejada de su política de alianza con el procesismo. En el debate de investidura ha sido la única fuerza en oponerse por izquierda al gobierno de coalición y ha advertido que se quiere fraguar una nueva Transición. Sin embargo, la oposición a este gobierno no debe basarse solamente en que no asume las reivindicaciones democráticas catalanas -en esto hace eje la CUP-, y debería hacerse sin la menor ilusión en recrear las alianzas con otras formaciones como ERC o JxCat que son tan neoliberales como el PSOE.

También hemos visto como desde Anticapitalistas rompían con Podemos en diferentes territorios, sobre todo a raíz del acuerdo de gobierno, aunque todavía permanecen en Andalucía. En nuestra opinión es una capitulación a Podemos y por esta vía al régimen imperialista. Además están a la cabeza de la gestión del ayuntamiento de Cádiz con una política idéntica a la de los llamados “ayuntamientos del cambio”, como gestores del capitalismo. Respecto al gobierno del PSOE-Podemos, tienen la visión de que hay que apoyar desde afuera algunas medidas, cuestionar las regresivas y ubicarse en su campo frente a la derecha. Pero dicen que no es una "cuestion de principios" participar en el gobierno. Una posición totalmente oportunista, cuando el gobierno -del que forma parte Podemos y ellos integran este partido- es capitalista e imperialista.

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Nuestra concepción del Estado no tiene nada que ver con la hipótesis reformista Podemos de acceder al gobierno de un Estado capitalista por medio de una victoria electoral, ya sea en solitario o en coalición. Ese fue el proyecto original de la formación, del que fueron parte también las compañeras y compañeros de Anticapitalistas. También en Grecia se ensayó esta vía de gestión del Estado por un partido que pretendía hacer cambios graduales. Es una visión que asume la democracia representativa como un marco neutral, en el que el Estado capitalista puede ocuparse poco a poco por “los de abajo” y transformar su naturaleza. Todo lo contrario, no solo a los fundamentos y principios básicos del marxismo revolucionario, sino a toda la experiencia del reformismo del siglo XX. En el caso de Syriza, ya vimos a dónde llevó esa hipótesis: acabó aplicando los memorándums de la Troika. Algo que en aquel momento Iglesias definió como lo único posible que podía hacer Tsipras.

Para nosotros, no hay apoyo posible a un gobierno imperialista. Pero tampoco existe justificación alguna para que una fuerza que se reivindica anticapitalista permanezca en Podemos.

La única salida realista a la crisis, al aumento de la pobreza y la precariedad pasa por expropiar a los expropiadores. Para hacerlo no hay otra posibilidad que luchar por un gobierno y un Estado de otro tipo, un gobierno de la clase trabajadora, sostenido por sus propios organismos de democracia directa y sobre las ruinas del actual Estado de los capitalistas. En Grecia había alternativa a la hipótesis Syriza. Pero faltó una izquierda que se hubiera planteado desarrollar las enormes fuerzas sociales que la clase trabajadora y la juventud pusieron en acción en más de 30 huelgas generales en un sentido revolucionario, para que se hicieran con el control de las empresas estratégicas, levantaran sus propios organismos de poder y autodefensa y para imponer el no pago de la deuda, el bloqueo de todos los capitales y la expropiación de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, entre otras medidas urgentes.

Desde la CRT no ocultamos que aún nos separan grandes diferencias de programa y estrategia con estas formaciones, pero aun así venimos insistiendo en la necesidad de al menos abrir un debate fraternal y franco sobre qué izquierda es necesario construir. Hay un gobierno que mantiene políticas neoliberales en el marco de la UE y defraudará, una derecha a la ofensiva y perspectivas económicas, geopolíticas y ambientales a nivel mundial que auguran nuevos saltos en la crisis. Por otro lado, estamos viendo el resurgir de la lucha de clases en Chile, Ecuador, el norte de África o en Francia, con una huelga histórica. Para este escenario nos tenemos que preparar, por eso nos hemos dirigido a la CUP, que podría emplazar a un agrupamiento de la izquierda anticapitalista de todo el Estado, y también a las compañeras y compañeros de Anticapitalistas, instándoles a que salgan de Podemos y sean parte de un proceso así, que hay que poner en marcha desde ahora mismo.

La única manera de poder enfrentar los ataques que vendrán del siguiente “gobierno progresista” y a la vez construir una alternativa que enfrente a la extrema derecha que espera su turno, es poner en pie una izquierda distinta que pelee por un programa anticapitalista, que mantenga total independencia de los partidos del régimen y de la burguesía catalana y ponga en el centro el desarrollo de la movilización y la autoorganización, con la perspectiva de luchar por gobiernos de trabajadores.

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