La derogación de la reforma laboral acordada en el pacto de gobierno de PSOE-UP no llega. La ley de teletrabajo no funciona, ni se hace cumplir a los empresarios. El IMV es insuficiente. La confianza en el supuesto gobierno progresista y los grandes sindicatos está por los suelos. La clase trabajadora debe aspirar a dar la vuelta a una situación de desventaja tras muchos años de retroceso en derechos laborales.
Alex León @A10Leon
Jueves 9 de septiembre de 2021
Llevamos 9 años sobreviviendo a la última reforma laboral del PP, aprobada en 2012 en plena crisis económica y social, que consistía en dar otra vuelta de tuerca al empobrecimiento de la clase trabajadora. Esta reforma trajo consigo cambios sustanciales en el Estatuto de los Trabajadores, como la posibilidad de despedir con bajas por enfermedad justificadas, la perdida de prevalencia del convenio sectorial por un convenio inferior de la propia empresa o las facilidades y rebajas económicas en los diferentes tipos de despidos.
Todo este retroceso en derechos de la clase trabajadora ocurrió sin grandes manifestaciones ni huelgas generales masivas a causa del rol desmovilizador que jugaron (y juegan) las burocracias sindicales de UGT y CCOO. Los dos grandes sindicatos actúan incluso firmando convenios de empresa inferiores al convenio sectorial en perjuicio de los y las trabajadoras.
Sin derogación a la vista de la Reforma Laboral
Derogar esta reforma laboral era uno de los principales acuerdos del gobierno del PSOE y Unidas Podemos, pero tras casi dos años de coalición no solo no se ha derogado la reforma laboral sino que se ha creado una Ley de Teletrabajo derivada de la crisis sanitaria que no ha sido capaz de obligar a una gran parte de las empresas a pagar los gastos ocasionados por esta modalidad de empleo y que ahora mismo están recayendo sobre las y los trabajadores en momentos en los que vivimos máximos históricos del precio de la luz.
El año de la pandemia será recordado también por la pérdida de mas de un millón de empleos con las facilidades que la reforma laboral otorgó a las empresas para despedir a los y las trabajadoras. La medida estrella del gobierno “más progresista de la historia” para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria fueron los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs), haciéndose cargo el estado del 70% del salario y dando ayudas a las empresas mientras dejaban a una gran parte de la clase trabajadora sin ingresos.
En teoría, estas medidas se aplicaban para que las empresas no se acogieran a EREs. Pero nada de eso ha ocurrido, ya se están produciendo, en especial tras el fin del estado de alarma, en empresas como El Corte Inglés, H&M, NH Hoteles, perfumerías Douglas, Zara, Banco Santander, Bosch, Tubacex, y un largo etc.
Al fin y al cabo, la medida únicamente ha servido para que los despidos, que igualmente se están produciendo, no se hicieran de golpe dando lugar a un estallido social, sino que se han espaciado a los largo de los dos años con cuentagotas para evitar la respuesta organizada de la clase trabajadora. De paso, con los salarios ahorrados durante los ERTEs, muchas de estas empresas han podido abonar las indemnizaciones.
Otro de los grandes problemas que se debe abordar es la temporalidad de los y las trabajadoras, que se ha incrementado, no tras la reforma laboral de 2012, sino con las anteriores reformas laborales del PSOE y el PP, que trajeron medidas como la legalización de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para flexibilizar las contrataciones y despidos a las empresas, cubriendo puestos clave por empleados temporales externalizados, y otras modalidades de contratación en precario.
Bajemos al terreno de la práctica: el ejemplo de Marktel Global Services
Existen multitud de ejemplos donde las empresas se han beneficiado de la Reforma Laboral del PP de 2012, en la mayoría de los casos con el beneplácito de las burocracias sindicales de CCOO y UGT.
En Marktel Global Services, empresa de telemarketing que pertenece al José María Horrillo López del Rey, Marqués de Vivancos, se firmó en 2014 en Madrid un convenio de empresa muy por debajo del sectorial con la firma de 3 delegados de UGT y otros 3 delegados de CSIF, tras la expulsión del resto del comité de empresa unos años antes.
En este convenio no solamente se recorta el salario, ya que cobramos 90 euros mensuales menos que otro trabajador del sector con el mismo puesto, sino que también se recortan derechos laborales conquistados, como menos días de permiso por enfermedad de un cónyuge o por mudanza, o la desaparición de la obligatoriedad de un 50% de trabajadores indefinidos en la empresa.
Ahora, la empresa del marqués está aprovechando la Ley de Teletrabajo para evitar pagar los gastos ocasionados por este tipo de actividad. Según la ley estas cantidades se deben negociar entre empresa y trabajadores sin tener en cuenta que se hace cuando no se llega a un acuerdo (o una de las partes, la patronal, se niega a pagar nada). Son muy pocas son las empresas de la patronal del telemarketing que están pagando los gastos ocasionados del trabajo, ya que el gobierno les ha dado una salida legal para no hacerlo.
No es un caso aislado
El de Marktel no es un caso excepcional , ya que otras empresas, en especial aquellas de multiservicios, han utilizado esta herramienta creada al dedillo de los capitalistas para rebajar el salario de sus trabajadores y trabajadoras.
Eulen es una de estas empresas multiservicios que escudándose en dar diferentes servicios tiene varios convenios dentro de la propia empresa por debajo de los sectores a los que se dedica. El convenio de servicios auxiliares congrega en una misma categoría a los telefonistas y a los jardineros, por poner un solo ejemplo.
Otro ejemplo es la multiservicios Imán Corporation, en el que incluso representantes de CCOO firmaron el convenio propio a espaldas de de los trabajadores. Finalmente, la Audiencia Nacional anuló el convenio ya que los delegados que pactaron no respondían a toda la plantilla, sino solo a algunos centros de trabajo. Os dejo el hilo de Luis F. Pallarés donde lo explica.
La semana pasada tuve una sensación agridulce: el TSJ me desestimó un recurso por el que pedía que se abonasen unas diferencias salariales. Sin embargo la sentencia es clara: Iman Corporation SA aplica indebidamente un Convenio propio de 2009; es de aplicación el sectorial. Hilo
— Luis F. Pallarés (@Laboralista_LsF) November 9, 2020
Por último, está el ejemplo del convenio de Próxima Servicios Empresariales, SL, con tablas salariales en las que podemos encontrar en el mismo nivel profesional a oficiales de 1ª y 2ª, chófer, cocineros y programadores informáticos junior, todos con un salario base de 825€ al mes.
La pelea que necesitamos
Ante esta situación de leyes anti-obreras, gobiernos que las mantienen y burócratas sindicales que juegan para la empresa, no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Debemos organizarnos en nuestro centro de trabajo, en nuestras empresas y en nuestro sector, no solo para defendernos de los ataques de la patronal, sino para derogar las reformas laborales a través de la movilización sabiendo que las burocracias sindicales de UGT y CCOO están apostando todo a la negociación con la patronal y el gobierno de PSOE-UP de una nueva reforma laboral sin movilizar y a espaldas de la clase trabajadora.
En estas empresas, donde las condiciones laborales están mas retrasadas y han sido afectados por los peores puntos de la reforma laboral, no podemos esperar a que la solución venga del cielo en una nueva reforma laboral, sino que debemos luchar contra los ataques de la empresa, pero también contra las burocracias sindicales que permitieron que esos convenios propios por debajo del de sector pudieran ser aprobados.
La historia nos enseña que ningún derecho se regala, siempre ha habido que conquistarlo. Esta vez no va a ser diferente. Si queremos que la clase trabajadora no vuelva a cargar con otra crisis económica debemos superar a las burocracias de los sindicatos de pacto y obligarles, no solo a defender los derechos que nos han arrebatado, sino a pelear por nuevos derechos laborales acordes al siglo XXI.
En un sistema en el que el alto desempleo y le temporalidad son la norma debemos luchar por repartirnos el trabajo sin perder salario. Por ello hay que exigir y luchar por reducir la jornada laboral máxima para que todos y todas podamos acceder a un trabajo, pero también para no perder toda nuestra vida en el centro de trabajo y podamos tener una vida que merezca la pena ser vivida.
Debemos luchar también por acabar con las ETT, con los y las trabajadoras externalizadas y con el régimen de becario que sirven para pauperizar las condiciones del conjunto de trabajadores.
Hay que hacer un llamamiento para exigir a las centrales sindicales que rompan su pleitesía al gobierno y pelear en los centros de trabajo, junto al sindicalismo alternativo, por poner en marcha una campaña y un plan de lucha hasta la derogación de las reformas y la conquista de nuevos derechos.
