CAPITALISTAS Y COIMEROS. Obra pública: confirman procesamiento de Roggio, Wagner y otros doce empresarios

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento por “administración fraudulenta” del expresidente de la empresa de aguas Aysa, Carlos Ben, del titular del grupo Roggio y dueño de la concesionaria del Subte Aldo Roggio y de varios exfuncionarios y empresarios, entre ellos también el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner.

A todos se les mantienen los embargos dictados por el juez de instrucción Sebastián Casanello y pese a que están libres porque no pesa asobre ellos el pedido de prisión preventiva, tienen prohibido salir del país. Los cargos se fundamentan por el direccionamiento de licitaciones para adjudicar la construcción de dos plantas potabilizadoras, una en Paraná de las Palmas, en Tigre, y otra en Berazategui.

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La decisión de la sala I del Tribunal de Apelaciones, a cargo de Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, alcanzó a catorce empresarios y cinco exfuncionarios involucrados en esas licitaciones, para las cuales se asociaron empresas argentinas y la brasileña Odebrecht. Según informó la agencia Télam, los camaristas confirmaron todo lo hecho en la investigación a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

Los procesados son el expresidente de la empresa estatal de agua Carlos Ben, los exdirectores Raúl Biancuzzo, Carlos Donnoli y Antonio Caucion y el exgerente Carlos Di Somma, todos acusados de coautores de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Los empresarios procesados son Aldo Roggio, Tito Biagini, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martin, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Gustavo Horacio Dalla Tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallán, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Sergio Gabriel Chividini y Jaime José Juraszek como partícipes del delito.

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"Los encartados, cada uno desde su posición o rol, contribuyeron a alterar los fines del proceso licitatorio a efecto de direccionarlo hacia las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias en condiciones favorables para éstas y en perjuicio de la Administración Pública atento las deficiencias y mayores costos” de las obras, remarcaron los jueces.

Según el fallo de la Cámara, así como los exfuncionarios “con sus decisiones incidieron protagónicamente en los sucesos condicionando con sus actos, dada la calidad que detentaban, la voluntad negocial de la Administración en aras de un interés no administrativo”, los empresarios “pactaron previamente con los funcionarios distribuirse los contratos, simulando licitaciones para que les sean adjudicadas las obras, el permiso para modificar las condiciones de contratación y que les fueran otorgadas nuevas obras, obteniendo como consecuencia un lucro indebido en perjuicio de las arcas públicas”.

Los jueces afirman que las licitaciones “estuvieron direccionadas para que resultasen adjudicatarias: en la primera, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Constructora Norberto Odebrecht, Sucursal Argentina SA, Benito Roggio e Hijos SA, Jose Cartellone e hijos SA y Supercemento SA; en la segunda, la UTE conformada por Construçoes y Comercio Camargo Correa, Sucursal Argentina y Esuco SA”.

Y rtifican “prohibición de innovar y embargo preventivo sobre los bienes y dinero de las firmas ‘Construcciones Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Argentina’, ‘Benito Roggio e Hijos S.A.’, ‘Supercemento SAIC S.A.’, ‘José Cartellone Construcciones Civiles S.A.’, ‘Esuco S.A.’ y ‘Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal Argentina’”.