Entrevistamos a Oly Millán, economista, profesora universitaria y parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC). Es una de las voces que más activamente se ha venido manifestando en contra de la política expresada en las llamadas “Zonas Económicas Especiales”. Le damos esta Tribuna Abierta para poner a disposición de las y los lectores del suplemento Ideas de Izquierda VE, su punto de vista y la explicación sobre las implicaciones de esta política. Es parte de las actividades que, en conjunto con otras fuerzas, nos proponemos llevar adelante para hacer frente a esta orientación gubernamental.

Empecemos por dejar sentado cuál es la trascendencia de este asunto. ¿Por qué es tan importante salirle al paso a esta ley?

El primer lugar pienso que esta no es una ley cualquiera. La misma, conjuntamente con otras, como por ejemplo la Ley Antibloqueo y otras que constituyen la agenda legislativa 2021, forma parte de una estrategia que se viene delineando desde hace unos cuantos años atrás, y que responde a la mentalidad e intereses de un sector dominante del gobierno que busca poner en marcha el diseño de un modelo económico en el país, que si bien no es nada nuevo en el mundo, con el mismo tratan de realizar una especie de “gran viraje” con el cual buscan instalar en Venezuela un modelo económico postpetrolero, aunque en ningún modo postextractivista ni postrentista.

Este no es cualquier debate, pienso que es fundamental porque con ello, estos irresponsables que están en el gobierno, pretenden definir el futuro de este país con recetas neoliberales y neocoloniales fracasadas económicamente, social y ambientalmente, no les parece suficiente la situación que tenemos a nivel mundial de crisis civilizatoria en curso, determinada por la crisis ambiental que ha generado este modelo social caracterizado por la mercantilización de todos los bienes comunes. Además plantean la creación de zonas económicas especiales en el país como si fuese una gran alternativa a la crisis que tenemos, sin evaluar el desastre que está dejando la mal llamada Zona Económica Especial Arco Minero del Orinoco en términos ambientales, étnicos y sociales. Es sencillamente imperdonable.

Tú has publicado recientemente un artículo titulado “Razones para oponerse al Proyecto de Ley de las Zonas Económicas Especiales”, allí se exponen de manera sintética algunas de estas razones. ¿Podrías sintetizar por aquí de nuevo, cuáles son esos aspectos más problemáticos y dañinos de esta política?

En internet están corriendo varias versiones del proyecto de ley. Con ese artículo de opinión muy sintético, pretendía llamar la atención sobre el asunto, y creo que lo logré porque me han llegado a mi correo muchos comentarios en la misma línea de estar en contra de ese proyecto de ley. Como lo digo en el artículo, ahí se prenden algunas alarmas de lo que se pretende construir como modelo, no solo en el plano económico sino también político.

Primero, es un proyecto de ley que desconoce el modelo de Estado que está contenido en la constitución vigente, ya que le otorga al Presidente de la República decisiones como las de prácticamente cercenar el territorio al crear ZEE que sencillamente están fuera de su competencia, pero además, plantea que este tiene potestad para crear una especie de figura de “protectorado supraconstitucional” que es quien coordinará el desarrollo de las ZEE que, será designado por el Presidente de la República y rendirá cuentas al poder central. Como verás, se trata de crear una estructura organizativa que contribuye más a la concentración del poder en Miraflores y que vista así, está fuera del modelo de Estado que define nuestra constitución, ya que prácticamente deja relegados a las figuras de los gobiernos regionales y locales.

Desde varias voces críticas se señala la fragmentación del territorio y de la propia soberanía nacional, en el entendido que se trata de áreas geográficas en las que no regirían varias de las leyes que aplican para el resto del país, en materia por ejemplo tributaria, laboral e incluso ambiental.

Como te comenté, en internet existen varias versiones, aunque la versión hasta ahora oficial es la que aparece en la página web de la Asamblea Nacional, si no la cambian. En una se dice expresamente de los beneficios y garantías al capital inversor, en la otra, aunque se mantiene el espíritu de lo que se busca, que es precisamente darle beneficios al capital, es más sutil, aunque dice taxativamente que el objeto de la ley, aparte de regular la creación, organización etc., de las ZEE, plantea directamente el diseño y puesta en marcha de estímulos económicos, fiscales y, a diferencia de la versión anterior, esconde los laborales aunque habla de aprovechar ”especialmente las ventajas competitivas” que tiene el país.

Como sabemos, el capital lo que entiende por estímulos no son precisamente los que tengan que ver con beneficios para los trabajadores y su grupo familiar o el medio ambiente, porque sencillamente seria contra natura. A mi modo de ver, la forma muy general como está redactado el proyecto de ley que aparece en la página web de la AN, a diferencia del anterior, es una especie de “trampa caza bobos”, me imagino que está así para evitar profundizar las contradicciones en el seno del chavismo-madurismo que han venido ocurriendo en torno a la propuesta inicial, pasando a la Ley Antibloqueo y su secretismo todo lo demás que aparecía en la versión que critiqué.

Ahora bien, lo más regresivo en materia de interés nacional, y de los intereses del conjunto del pueblo venezolano, puede estar en el hecho estructural de que sus recursos naturales, su infraestructura y capacidad instalada, así como la explotación de la fuerza de trabajo nacional, estarán cada vez más orientados a la satisfacción de las necesidades de un puñado de corporaciones y capitales transnacionales.

Fíjate, como comentaba, este proyecto de ley no lo podemos ver de forma aislada, tenemos que mirarlo en el marco de la estrategia que viene construyendo el gobierno como alternativas a la crisis económica, donde por cierto el gobierno no asume responsabilidades y bastante que las tiene, a pesar de que no se debe negar que en el ámbito económico la crisis tiene un componente de carácter estructural.

En la estrategia que está planteando el gobierno como aspecto importante para superar la crisis económica, sin lugar a dudas está la profundización de un modelo extractivista y de industrialización tardía como el que se instaló en China, Vietnam y Corea del Sur, tal como lo señalan los propios voceros del gobierno. Lo que deja ver una profunda ignorancia sobre los propios procesos históricos que vivieron esos países, conflictos bélicos en el marco de la Guerra Fría, además, sustentados en una profunda explotación de los trabajadores y de la naturaleza, por lo tanto, no pueden ser modelos a seguir y máxime si se habla de justicia social y respeto a los derechos humanos y a la naturaleza, tal como está contemplado en nuestra constitución vigente y a los desafíos que como humanidad enfrentamos con respecto al acelerado cambio climático.

Claro, también está invitado al banquete el capital privado nacional. Aunque lo central, por supuesto, sean capitales imperialistas y de diversas potencias capitalistas, de este festín participará también el sector de la burguesía local que se haga un lugar en ese esquema de saqueo.

No solamente la burguesía local tradicional, no olvidemos a la burguesía emergente o “boliburguesía”, como la queramos llamar, que nació al calor del desfalco a la nación, ocurrida durante este último boom petrolero y que necesita legitimar sus capitales.

Veamos una cuestión importante, para explicar a quienes nos lean y hayan escuchado la justificación oficial. El razonamiento es más o menos así: el país está quebrado, su economía deprimida, y sin nuevos recursos no habrá superación de esta situación, además tiene un “bloqueo” por parte de EE.UU., todo lo cual justifica la política de las ZEE.

Si, efectivamente esa es la justificación que se viene armando en torno a esta estrategia económica donde el proyecto de ley de las ZEE es uno de varios instrumentos jurídicos, como te comenté, no olvidemos la Ley Antibloqueo y el número de leyes que para este año forman parte de la agenda legislativa de la Asamblea Nacional.

Hablando de la “necesidad de recursos”, es bastante engañoso el argumento, en tanto que el esquema de las Zonas Económicas Especiales se asienta, como vemos, en una política de bajísimos o casi ningún impuesto al capital privado, y en el derecho casi ilimitado a llevarse al extranjero todas las ganancias que resulten del proceso de trabajo aquí en el país.

Si, efectivamente eso está muy claro en la estrategia económica que pretende, desde hace un tiempo atrás, poner en marcha el gobierno. Esto lo pudiéramos definir como un “gran viraje” al estilo, con sus matices y sus diferencias por supuesto, al VIII Plan de la Nación de Carlos Andrés Pérez, en cuanto a sentar las bases para transcender el modelo económico petrolero, con un enfoque de liberalización y desregulación económica y laboral. Aunque esto último no se dice en el proyecto que aparece en la página web de la AN, pero no hay que manejar mucha información para concluir que una de las ventajas competitivas que tiene este país es la mano de obra barata, así como la cantidad enorme de recursos naturales. Todo ello, sustentado en un discurso “socialista”, como dijo alguien “el socialismo a la venezolana”.

Si ya hoy tenemos un sistema tributario en el que la recaudación fiscal es regresiva, donde cobra un peso enorme un impuesto directo al consumo del pueblo, e indirectamente al salario, como lo es el IVA, esta lógica de exonerar de impuestos a los grandes capitales por supuesto que no redundará en mejorías de la recaudación pública por esa vía. ¿Podemos decir entonces que la contraparte de tal política será que, en realidad, el Estado buscará resolver lo del déficit presupuestario pechando con más énfasis al pueblo trabajador?

La estrategia está en que el Estado poco a poco se irá retirando de su responsabilidad en cuanto a garantizarle a la población bienestar, no es que lo esté haciendo hoy en día como tampoco es que el capital le vaya a garantizar al pueblo ese bienestar, lo que se puede inferir de la estrategia es que sea el mismo pueblo trabajador el que le proporcione al Estado y al capital los ingresos que necesitan y exigen como retorno del capital “invertido”. Ingresos estos que bajo el modelo rentista que se instaló en el país desde Juan Vicente Gómez, el Estado se ha encargado de distribuir y que el capital se ha encargado de apropiarse, en la mayoría de los casos, de forma delictiva tal como ocurrió con el reciente desfalco a la nación y a los constantes incrementos de deuda que hemos vivido, paradójicamente en el marco de importantes ingresos petroleros como el último que vivimos en el presente siglo.

La súperexplotación de la fuerza de trabajo es otro de los pilares de este esquema de “Zonas Económicas Especiales”. A la exoneración de cumplir con normas en materia laboral, se suma el ofrecimiento de una de las manos de obras más baratas del mundo, quizás la más hoy. Un hecho reconocido recientemente de manera abierta y desvergonzada por uno de los empresarios y políticos opositores que se da la mano con el gobierno en esta orientación, el ex candidato presidencial Javier Bertucci.

Ciertamente en eso consisten las ventajas competitivas a las que se refiere el proyecto de ley, es poder ofrecerle al capital todas las garantías necesarias, incluyendo una de las manos de obra más baratas del mundo, como lo es la mano de obra venezolana.

En el ambiente puede quedar rondando de todas maneras la cuestión de cómo conseguir entonces los recursos que hacen falta para superar la depresión económica.

Visto así, esto supone varias cosas importantes, la primera que tenemos que dejar de mirar al país como un país petrolero, aunque reconozcamos que tenemos petróleo y unas instalaciones y activos que debemos aprovechar, ya que, aunque exista un cambio en la matriz energética a nivel mundial, el petróleo no desaparecerá de inmediato. Una PDVSA gestionada con probidad, eficiencia y conciencia de país, podría proporcionarle al Estado los recursos necesarios para invertir en educación, salud, infraestructura e innovación tecnológica. No es reproducir los planes faraónicos del pasado que solo han servido para la apropiación delictiva de renta, se trata básicamente de trascender el modelo extractivista y rentista que ha caracterizado a la economía venezolana desde Gómez hasta nuestros días como eje fundamental y único de nuestra dinámica económica.

El país requiere en lo inmediato y de forma consensuada del diseño de un programa económico que coloque como tema central atender a la emergencia social compleja que viven los venezolanos y que busque estabilizar las principales variables macroeconómicas (detener la hiperinflación), esto último implica, entre otros aspectos, poner orden los gastos del gobierno y que se diseñe una estrategia soberana para atender el tema de los pasivos (deuda y su auditoría para ir en mejores condiciones a una reestructuración de la misma), y recuperación de los activos que tiene la república en el exterior.

Por otra parte, tenemos que reconocer que nuestro país tiene una enorme potencialidad para el desarrollo de una economía ecológica, social, en todos los sectores de actividad, que se articule e integre desde el ámbito territorial (…) donde exista un profundo respeto por nuestros bienes comunes.

En síntesis, el hecho de que estemos en una crisis económica profunda, la entrega del país en bandeja de plata al mejor postor, jamás podrá ser una opción para los venezolanos.

Desde Ideas de Izquierda VE, hemos venido escribiendo que hay cierto “consenso entreguista”, por darle un nombre, no declarado pero sí implícito, en las distintas fracciones políticas que hoy tienen peso en la disputa política nacional. Aunque con diferencias, por supuesto, en cuanto a aliados internacionales, ritmos y esquemas, tanto el ala de Guaidó, el gobierno y la oposición que acuerda con éste, solo ven como “salida” más extranjerización de la economía, más entrega a los capitales de cualquier latitud y más endeudamiento público nacional.

En eso ciertamente no hay contradicciones entre los sectores, gobierno y oposición guaidoista, que se están enfrentando por el poder, los cuales nos han demostrado con creces que su agenda política no es la búsqueda del bienestar del pueblo venezolano que sufre, como tampoco la defensa de la constitución y mucho menos de la soberanía nacional.

Hemos señalado así mismo, que esta perspectiva de mayor entreguismo nacional, pone en juego que el estatus del país en el marco del capitalismo mundial pase a ser cada vez más semi-colonial, en el sentido de una nación que si bien es formalmente soberana, independiente, sin embargo, dado el control de su economía y las condicionantes por los intereses de los grandes capitales extranjeros y sus respectivos gobiernos, tal “soberanía nacional” tiende a ser cada vez más una ficción.

Eso es lo que estaría planteado.

Y ni hablar de eso que llaman “soberanía popular”. Es decir, si ya la idea de que “la soberanía reside en el pueblo” es un engaño en la sociedad capitalista, puesto que aun cuando se vote cada tanto, el poder real no está en manos del pueblo sino de los “poderes fácticos reales”, como la clase capitalista y su Estado, con esta avanzada, que llamamos semicolonizadora, cada vez más aún las decisiones reales sobre el país se tomarán en las oficinas de las transnacionales y en sus contubernios con el gobierno entreguista de turno.

Ese sería, lamentablemente, el futuro no muy lejano de nuestro país si no se busca, mediante la organización y la movilización de la gente a través de los mecanismos electorales, pacíficos y constitucionales con los que contamos, detener esa estrategia que está en marcha desde hace unos cuantos años.

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