A escasas semanas de que las principales universidades y centros educativos del sector público del país regresaran a clases presenciales en su totalidad y tras dos años de pandemia, estudiantes del Instituto Nacional Politécnico denuncian el deterioro de las condiciones al interior de sus escuelas.
Martes 13 de septiembre de 2022
Desde el 23 de agosto, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) unidad Zacatenco y unidad Santo Tomás entraron en paro de actividades. Lxs estudiantes denunciaron a las autoridades y directivos de su escuela por actos de corrupción y abuso de poder, en particular contra Yadira Rivera, directora de la institución, a quien acusan de desviar fondos.
Ese mismo día, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Azcapotzalco, quienes ya habían realizado protestas el pasado 17 de agosto, se sumaron al paro de labores exigiendo la destitución del director interino, Fidel Cruz, a quien acusan de hacer caso omiso de los requerimientos administrativos de los alumnos, de la falta de mantenimiento a la infraestructura y, en general, de las demandas estudiantiles.
El 31 de agosto la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) se manifestó frente a la delegación Iztacalco. En redes sociales acusaban al director de no dar una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio, por lo que se sumaron al paro de labores.
Tras estos primeros pasos, una ola de descontento y denuncia de las malas condiciones en que se encuentra el instituto inundó decenas de escuelas más. Al momento de escribir estas líneas son 31 las escuelas que han tenido asambleas, paros o movilizaciones; varias de ellas se mantienen en paro hasta que se cumplan las demandas estudiantiles.
Hasta ahora el común denominador de los pliegos petitorios incluye la mala gestión de las autoridades, el abandonó de los laboratorios y las instalaciones en general, la falta de grupos y la saturación de los mismos, denuncias de acoso y violencia de género, así como la exigencia de no represalias contra los estudiantes que intervienen en el movimiento y múltiples problemáticas locales. Entre estas últimas resalta que los estudiantes de voca 8 tuvieron que exigir que el suministro de agua sea permanente en la escuela.
Por otro lado, vemos con preocupación el intento de las autoridades por desviar el descontento que expresan las asambleas estudiantiles, ya sea directamente o vía los consejos técnicos. La solución a los problemas no vendrá nunca de quienes se han encargado de profundizar los problemas del instituto para su beneficio personal y de los grupos políticos vinculados al régimen y los partidos políticos.
Desde nuestra perspectiva, además de “una mala administración”, lo que nuestras escuelas enfrentan es consecuencia de la antidemocracia que tantas veces se ha denunciado por el estudiantado, profesores y trabajadores. Quienes asumen los cargos directivos son, en la mayoría de los casos, protegidos de la casta administrativa, lo cual da cabida a que gestionen cada una de las escuelas discrecionalmente de acuerdo a sus intereses, desviando recursos y maniobrando con las plazas y los puestos de confianza.
Sin embargo, los problemas con la gestión de las escuelas es apenas la punta de un iceberg que data de décadas atrás y durante la pandemia se hizo más grande: el desmantelamiento del sector educativo, potenciado por la "austeridad republicana" impulsada por el gobierno federal que pese a qué en su retórica dice afectar los privilegios de los grupos de poder, en los hechos carga el peso de la crisis sobre los de siempre atacando presupuestalmente a las escuelas, así como la política de precariedad que enfrentan los trabajadores (docentes y administrativos) de todos los niveles en las instituciones públicas en el país.
Además de la denuncia a los directivos, los estudiantes de las diversas escuelas comparten otras demandas; ninguna de ellas es nueva, pero se han agudizado tras dos años de pandemia.
Un ejemplo es la exigencia de mayores recursos, insumos y mantenimiento de los laboratorios para realizar correctamente las prácticas que su formación académica requiere. Esta necesidad se ha agravado luego de que los laboratorios estuvieron cerrados durante tantos meses, si la excusa es la falta de presupuesto la pregunta es ¿A dónde fue el recurso que se ahorraron durante dos años sin darles mantenimiento, ni invertir en insumos?
Por otro lado, hay múltiples denuncias a cerca del entorpecimiento de los trámites administrativos, así como la saturación de salones. Una vez más, estamos frente a una situación que se vivía desde hace años, que se ha exacerbado por el regreso de los estudiantes a las aulas, pero también por la profunda precariedad que atraviesan los trabajadores de la educación.
En el caso de los administrativos, hace años que denuncian que el número de plazas no ha aumentado pese a la jubilación o el fallecimiento de algunos trabajadores y a pesar del incremento en la matrícula en algunas escuelas. De vuelta a la presencialidad, no ha habido ninguna iniciativa por parte de las autoridades para hacer más eficiente la atención de trámites que fueron suspendidos o postergados durante el confinamiento. Por el contrario, apenas en abril de este año, trabajadores administrativos se manifestaron en contra de la suspensión del reconocimiento del rango D salarial para 855 trabajadores, esto pese a contar con los requisitos que el tabulador marca, y de que durante un año habían percibido este salario. Esto se tradujo en una reducción salarial, algo que además de violentar sus derechos es inconstitucional.
Por otro lado, la saturación de grupos es también consecuencia de la falta de iniciativas por parte de las autoridades para enfrentar el problema de deserción y la suspensión de estudios, derivados de la virtualidad. Era de esperarse que de vuelta en las aulas el número de inscritos reportara un incremento, sin embargo, esto debe ser enfrentado por una planilla docente en la que el 24% tiene menos de 20 horas a la semana, y el 29% entre 20 y 30 horas, sin prestaciones laborales de ningún tipo y bajos sueldos.
Abrir más grupos, es una necesidad imperiosa para los estudiantes, pero también para los docentes, ya que implica mayor materia de trabajo, así como la apertura de más plazas.
Estos son apenas algunos ejemplos que nos ayudan a pensar en la importancia de pelear conjuntamente estudiantes, trabajadores y administrativos.
Como hemos desarrollado en este diario, la lucha en el politécnico se da en un contexto de luchas por el derecho a la educación pública y gratuita mucho antes de la pandemia. Sin embargo, el regreso a la presencialidad ha revelado múltiples problemáticas que durante la pandemia se agravaron. La lucha de los estudiantes se da mientras estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizan un paro por aumento de presupuesto para la biblioteca, acceso a una enfermería, etc. y la FES Cuautitlán ha entrado en un paro de labores exigiendo transporte seguro y la reducción en las tarifas.
Es momento de sumar fuerzas entre las universidades públicas que enfrentamos las mismas condiciones para pelear por aumento al presupuesto educativo y que seamos los tres sectores de la comunidad quienes gestionemos los recursos. Para ello pensamos que es urgente reimpulsar una Asamblea Interuniversiaria, que unifique las demandas del IPN, de la UNAM, y de todas las universidades y sectores en Defensa de la Educación Pública y Gratuita. Para ello es esencial que se garantice la más amplia democracia en cada asamblea local para que todxs se sientan incluidos y sea la masividad del movimiento estudiantil lo que nos permita salir victorioso, para ello es indispensable mantener el carácter independiente de las autoridades y todos sus representantes.
Así mismo, urge retomar las demandas de los trabajadores docentes y administrativos, exigir la contratación de nuevas plazas para garantizar que se abran los grupos necesarios y se agilicen los trámites administrativos que están pendientes.
Exigir el presupuesto necesario para resolver todos y cada una de los problemas de infraestructura y falta de insumos en laboratorios, salones, bibliotecas, etc.
La solución a los casos de acoso y de violencia de género no vendrá de las autoridades que precarizan a estudiantes y trabajadoras y cierran los ojos ante la violencia. Necesitamos comisiones independientes de las autoridades integradas por compañeras estudiantes, profesoras y trabajadoras del instituto que analicen caso por caso y que de la mano de las asambleas por escuela construyan un plan integral para combatir la violencia machista en el todo el IPN no con salidas punitivas, sino que apuesten a transformar las condiciones estructurales de las mujeres y las disidencias sexogenéricas.
Para que esto sea posible es necesario terminar con el funcionamiento antidemocrático del IPN, cómo piso mínimo, todo puesto directivo debería ser electo por voto directo de la comunidad politécnica en perspectiva de construir un gobierno tripartito de estudiantes, docentes y administrativos.