Gremios de pescadores artesanales se declararon en alerta frente a la moción parlamentaria que busca posponer la entrada en vigencia de la ley que permite la extracción de jibia sólo con potera o línea de mano. Aseguraron que volverán a la calle para manifestar su rechazo.
Lunes 24 de junio de 2019
Gremios de pescadores artesanales se declararon en alerta frente a la moción parlamentaria que busca posponer la entrada en vigencia de la ley que permite la extracción de jibia sólo con potera o línea de mano y aseguraron que volverán a la calle para manifestar su rechazo.
Recordemos que la Ley de Pesca se votó en el año 2012, en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones medioambientales y de pescadores artesanales, que entre otras cosas, exigían ampliar la zona de exclusión para los grandes buques pesqueros, ya que reduce el área de captura a los pescadores artesanales.
También denunciaban las cuotas de pesca, porque deja en manos de los grandes empresarios estos recursos, otorgando licencias por 20 años y con posibilidad de renovación.
Los pescadores artesanales denuncian que desde que se votó la ley, ha disminuido su producción en un 50%. Organizaciones y dirigentes de los pescadores artesanales han cuestionado estas modificaciones, no solo porque no se han considerado sus opiniones, sino también porque consideran que estos cambios no van en beneficio de ellos sino de las empresas extranjeras, de ahí la exigencia a la derogación de esta ley.
Lamentablemente hace tiempo que la “suerte” de estos pescadores ya no depende de la minuciosidad de su oficio, las inclemencias del tiempo o la bondad y caprichos del mar.
Hoy día cuatro grandes conglomerados, que a su vez están concentrados en las manos de siete multimillonarias familias, controlan el 92 por ciento del sector pesquero nacional: Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José); Blumar (fusión de Itata y Golfo) y Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Biobio) y Marfood (fusión de Joint Venture de Alimar y Foodcorp).
Esta claro, para el poder político y los grandes empresarios pesqueros no hay otra ley, más que la de embolsarse los tres mil millones de dólares que genera anualmente el rubro a partir de la extracción y comercialización de los recursos del mar chileno y que por ende, deberían pertenecer a todos los chilenos
