Este viernes la ministra de Defensa Maya Fernandez informó que el General Iturriaga se mantendrá en su cargo, pese a compartir información falsa sobre cómo se habría desarrollado la instrucción militar y como fue la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre.
Domingo 12 de mayo
“Hay soldados que decidieron partir sin su tenida termica”, “Se requirió inicialmente guantes para que ellos efectivamente enfrentarán los primeros momentos de la marcha”, “uno veía a los soldados desabrigándose porque efectivamente hacía calor”. Todas estas declaraciones emitidas por el General Iturriaga son falsas y han sido desmentidas por los mismos ex conscriptos que se encontraban en Putre y otras instituciones públicas como el Cesfam de la localidad. Solo luego de que se desmintieron los dichos, el ejército ha tenido que echar pie atrás con nuevas declaraciones. Nuevamente las fuerzas armadas muestran el desprecio por que se conozca la verdad, el desprecio por las propias familias de los ex conscriptos, mientras mantienen a todos los responsables de que se sigan sosteniendo métodos bestiales y abusos impunes dentro de la institución. La pregunta es, ¿Por qué el gobierno respalda al General Iturriaga?
Estabilizar el régimen a toda costa
La profunda crisis institucional que se ha venido arrastrando durante años, y se expresó con toda sus fuerzas el 2019, no ha deja de estar presente. El caso Hermosilla vino a desnudar nuevamente esta realidad y el caso de los ex conscriptos en Putre, ya muestran toda la pudrición de las instituciones que sostienen el régimen en Chile.
Lejos del discurso en contra del régimen heredado de la dictadura, el 15 de noviembre del 2019 Gabriel Boric, justo 3 dias despues de una de las movilizaciones más grandes de los últimos tiempos donde los trabajadores comenzaban a entrar a escena, firmaba el acuerdo por la paz, que otorgaba impunidad a los violadores de DDHH y al gobierno de Sebastian Piñera, pero que por sobretodo, mantenía las bases del régimen en Chile. A esto le siguió toda una política del Frente Amplio de criminalización y persecución contra quienes se manifestaban como lo fue la aprobación en general de la ley antibarricadas. El partido comunista que si bien no firmó el acuerdo, jugó un rol desmovilizador desde la firma del mismo. Prometió “desbordar la convención” cosa que nunca llevó adelante, todo lo contrario, aceptó medidas criminales en la pandemia como la ley de suspensiones que se tradujeron en despidos masivos. Llegando al gobierno,tanto el partido comunista como el frente amplio, han cedido a todas las presiones de la derecha, buscando poner al centro “el diálogo” con Chile Vamos, como parte de toda una política de conciliación para estabilizar el régimen. En este sentido le han abierto el camino a que la derecha ponga al centro la agenda securitaria y se potencien sentidos comunes reaccionarios en la población.
El general Iturriaga, a quien el gobierno le da su respaldo, fue elegido por Sebastian Piñera en el 2020. Plantea sobre la rebelión en Chile que, ” las violaciones a los derechos humanos fueron casos aislados”. Sobre la información que tiene el ejército sobre las desapariciones y violaciones a los DDHH en la dictadura militar mencionó el año pasado, “El Ejército no tiene hoy día información que no esté disponible en la justicia”. Iturriaga es defensor de una institución criminal que ha sido partícipe de masacres brutales contra el propio pueblo que dicen defender.
La política de reforma al interior del ejército o los discursos que buscan “humanizar” a las Fuerzas Armadas, son una ilusión. No resisten la más mínima prueba de la realidad, y expresan una visión deforme de lo que es el Estado y su brazo armado, que fue creado para el sostenimiento del orden, su orden, y el resguardo de la propiedad privada de los grandes empresarios. En la región de Arica y Parinacota, donde ocurrieron los fatales hechos, tanto Dolores Cautivo, concejala del Partido Comunista como Lorena Mussa, consejera regional de la Izquierda Libertaria, difunden esta ilusión.
Es imposible acabar con la impunidad del ejército si la investigación sobre la muerte de Franco Vargas y los abusos cometidos en Putre, sigue quedando en sus manos y no en tribunales independientes, con expertos y organizaciones de DDHH, totalmente distinto a la centralidad que busca darle la derecha a la justicia militar. Casos como este, y muchos más, deben ser reabiertos y hacer que los culpables de todo tipo de vejámenes que se han cometido por parte de las fuerzas armadas, paguen por sus responsabilidades.
