COYUNTURA POLÍTICA. Postales antes del arranque de la nueva legislatura

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Rivera el facilitador

La XI Legislatura que arranca tras las elecciones generales del 20-D comienza con una primera victoria de los socialistas. El exlehendakari Patxi López será el nuevo presidente del Congreso. Tras un acuerdo de Sánchez con Rivera, y de este último con Rajoy, el PP renuncia a presentar candidato a la Presidencia, pero se queda con tres puestos en la Mesa. PSOE, Podemos y C’s, dos cada uno. La elección formal se producirá este miércoles, a partir de las diez de la mañana, en la sesión constitutiva de las Cortes.

Cada cual vendió el negocio como mejor le convenía. Rajoy le dijo a su Junta Directiva Nacional que era un “gesto” del entendimiento al que está dispuesto para orquestar una “gran coalición” que nadie cree posible. La gente de Sánchez insistió en que su acuerdo es sólo con Ciudadanos, al que se unió el PP “por necesidad”. Pero Rivera no desaprovechó el minuto de fama para asegurar que es a todas luces “un acuerdo a tres bandas”. Y en efecto, lo es.

El dato relevante es que el rol de mediador del partido de Albert Rivera, operando para conseguir un pacto sin que Sánchez tuviese que negociar directamente con Rajoy, puede estar anunciando un rol aun mayor de la derecha cool de C’s en las negociaciones de investidura y las aspiraciones de Sánchez de llegar a La Moncloa. Porque tan segura es la necesidad de los socialistas de contar con la mayor cantidad de apoyos posibles, como el terror de Rivera al escenario de nuevas elecciones.

Los tres del bunker

La contracara de esta primera postal es que al líder socialista se le complican los apoyos de Podemos para aspirar a ser investido presidente del Gobierno. La formación morada fue la única que no fue parte del acuerdo. Pero no por falta de invitación, sino porque condicionó su apoyo a Patxi López, a que los socialistas les respalden en su intención de desdoblarse en cuatro grupos parlamentarios -uno español, otro catalán (En Comú Podem), otro gallego (En Marea) y otro valenciano (Compromís-Podemos-És el Moment)-. Ante la negativa socialista, Pablo Iglesias le puso onda desde su cuenta de Twitter llamando a las otras tres fuerzas políticas como “los tres del búnker” en un tuit que se viralizó en pocos minutos.

La multiplicación de los grupos parlamentarios de Podemos (lo que implica mayor presencia en cada debate, en cada sesión y más recursos) ha puesto de los nervios a los representantes del establishment, que se alternan entre acusaciones de fraude y apelaciones al art. 23.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Lo cierto es que Iglesias ha transformado una debilidad en una fortaleza relativa, al menos para este punto de las negociaciones. Aunque se presente como una gran maniobra política, la exigencia de Podemos responde a la necesidad de mantener un equilibrio entre las alianzas regionales que le dieron nada menos que 28 de los 61 escaños que Podemos defiende como propios.

La última palabra al respecto corresponde a la Mesa, en la cual PP y Ciudadanos tienen mayoría absoluta con cinco de los nueve sillones. Pero no todo está perdido. Sánchez ya adelantó que estaría dispuesto a cambiar el Reglamento para ganarse el beneplácito de Podemos. Porque en el fondo sigue en juego la presidencia, no de la cámara baja, sino del Gobierno.

El gobierno progresista

Iglesias insistió este martes en que “tenemos la mano tendida desde el minuto cero y hemos dicho como una sola voz que queremos evitar que el PP siga gobernando en España”, pero eso “implica que el PSOE tiene que hacer cosas, no decir cosas. No vamos a creer lo que digan, sino lo que hagan y demuestren (…) El PSOE tiene que escoger si se pone de acuerdo con el PP y Ciudadanos o con nosotros”.

Aparte de la aceptación de los cuatro grupos parlamentarios, la otra condición de Podemos para “entenderse” con el PSOE es que apoye su Ley 25 de emergencia social, que la formación morada quiere presentar este miércoles en la sesión constituyente del Congreso.

Iglesias parece decidido a negociar hasta el final con el PSOE la posibilidad de que se instale un “gobierno progresista” en La Moncloa. Lo que resulta difícil de digerir es como uno de “los tres del bunker”, o en términos más históricos, uno de “los dos grandes del Régimen”, puede transformarse así nomás en un “aliado del cambio”.

Catalunya y las grandes demandas sociales y democráticas pendientes

Mientras transcurría la carambola negociadora en la Cámara baja, Carles Puigdemont tomaba posesión como 130º presidente de la Generalitat catalana. Prometía el cargo “por la voluntad del pueblo de Catalunya, representada en el Parlament”, sin prometer lealtad ni a la Constitución ni al rey como si lo hizo en su día Artur Mas.

La prensa del establishment ya puso el grito en el cielo por semejante afrenta. Pero los gestos en política siempre suelen exagerarse y del mismo modo se ha leído su discurso. Puigdemont habló de un Estado que “humilla, ahoga financieramente, desatiende y menosprecia” las instituciones catalanas sin decir una vez la palabra independencia, y aun así fue visto como una declaración de guerra a la sacrosanta “unidad de España”.

Pero a pesar de los temores de la caverna, la realidad es que el nuevo presidente, un hombre de Artur Mas y el aparato de CDC, no sólo es expresión de continuidad en lo social de las políticas aplicadas en los últimos años por CiU (y apoyadas por ERC), sino que utilizará su mayoría en el Parlament -garantizada por el lacayuno acuerdo firmado por la CUP- para limitar el proceso a los márgenes que siempre ha defendido: el diálogo con el Estado central y el respeto a la legalidad del ‘78. Es que en alianza con el gran partido de la burguesía catalana la lucha por el derecho a decidir y por la apertura de un proceso constituyente sólo puede terminar en un callejón sin salida.

Y algo parecido sucede a escala estatal. En alianza con uno de los grandes partidos del Régimen del ’78 como el PSOE, toda lucha por las demandas sociales y democráticas pendientes a las que aspiran millones de trabajadores, trabajadoras, jóvenes y sectores populares en el Estado español está condenada al fracaso.

El derecho a la autodeterminación, la abolición de la monarquía y del senado, la instauración de una cámara única elegida por sufragio universal, la anulación de leyes antidemocráticas como la Ley mordaza y la reforma laboral, junto al aumento del salario mínimo, el no pago de la deuda, la nacionalización de banca y otras demandas básicas para crear empleo genuino, así como una asamblea constituyente libre y cuyas decisiones sean soberanas, donde puedan debatirse y resolverse todas estas cuestiones urgentes, solo pueden conquistarse con la más completa independencia de todos los partidos del régimen y los capitalistas e impulsando una profunda movilización obrera y popular.

Ese espíritu de lucha, ajeno a las negociaciones de Palacio que tienen lugar en estos días, que recorrió las calles desde el 15M hasta las Marchas de la Dignidad, es el que hace falta recuperar.