El funcionario es sospechoso de corrupción por otorgar un negocio millonario a empresas a través de la venta de algunas acciones que integran los fondos de las jubilaciones y pensiones.
Martes 5 de junio de 2018
El próximo 7 de agosto, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso deberá asistir a los tribunales debido a un pedido de indagatoria realizado por el juez Bonadio. Es el primer funcionario de primera línea del gobierno de Cambiemos que es llamado a declarar en una causa por “sospechas de corrupción”.
Basavilbaso es investigado por la venta de acciones de Petrobras Argentina (PESA), que eran parte de los activos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La investigación pone el eje en que la venta de las acciones que integran los fondos de las jubilaciones y pensiones generó un perjuicio multimillonario para el Estado.
La primer venta de de acciones del FGS realizada por el macrismo fue por U$S 156 millones, según el portal de La Política Online “cuando el grupo Pampa Energía de Marcelo Mindlin compró las acciones de Petrobrás Argentina, éstas valían 10,01. Después hicieron una oferta pública de acciones (OPA), al paquete que tenía la Anses de Petrobras Argentina, y ese día se vendieron a 10,37. (...) seis meses después explotó y pasó a valer 18.” .
La venta de las acciones del FGS fue una señal hacia los empresarios de la “normalización” de la economía, ya que implicó la “devolución” a bajo precio de acciones de empresas privadas a sus emisoras. Al 30 de junio de 2016 el valor total de inversiones del FGS alcanzaba $ 770.141.960.213, de los cuales casi la mitad correspondian a Bonos públicos y un 12,5 % a acciones negociables, esto es, $ 96.484 millones. Estas acciones en manos del Estado, eran en su mayoría provenientes de grandes empresas privadas amigas del gobierno como el Banco Macro ($ 20,457 millones), Grupo Galicia ($ 12,241 millones), Telecom Argentina ($ 13,731 millones), Siderar ($ 8,735 millones), entre otros.
La venta de parte del FGS implicó también el comienzo del intento por avanzar en el desfinanciamiento de la caja previsional. Como se explicó aquí “los rendimientos generados anualmente por estos activos significan aproximadamente el 9 % de los ingresos de la Seguridad Social (rentas de propiedad), por lo que su liquidación según establecen los nuevos topes acordados en la Ley de Reparación Histórica que permite bajar su participación mínima hasta el 7 % del FGS, significaría no sólo resignar un activo de $ 54.000 millones, sino también dejar de disponer de una parte importante del sostenimiento de las jubilaciones y pensiones.”.
De prosperar, el llamado a indagatoria es el paso previo a un procesamiento, esto suma una nueva preocupación para el Gobierno ya que cualquier problema con la ANSES implica complicaciones con una de las cajas más importantes del Estado.
