Según un estudio del Instituto de Investigación Avanzada en Educación (IE) y del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile (publicado en el diario La Tercera), el 20% de los profesores deserta al quinto año del ejercicio docente, obligados por el agobio y la precarización laboral, lo que se agudiza con la pandemia y las clases híbridas sin los recursos tecnológicos y materiales mínimos.
Martes 6 de abril de 2021
Los datos son crudos: al quinto año se retira cerca del 20% de las y los profesores que ingresan al sistema educativo chileno. Este problema se da más entre los colegios de enseñanza media, particulares y de educación parvularia. Pero el caso de los liceos técnico-profesionales es más grave: el 40% de los docentes se retira al quinto año.
De acuerdo con el estudio, cerca de 15 mil profesores dejan la sala de clases cada año. Las razones que identifican los docentes entrevistados por La Tercera son la excesiva preocupación por las notas, el Simce y la PSU (ahora PDT); la excesiva carga laboral que no alcanza con las horas no lectivas, la incompatibilidad con la maternidad de profesoras; y los sueldos que van entre los $300.000 y los $600.000 líquidos, incluso por 44 horas de trabajo.
La pandemia: una agravante material
A esto se suma el contexto de la crisis pandémica, que ha agudizado aún más la deserción laboral docente y los problemas heredados del modelo educativo de dictadura, que dividió la educación chilena entre establecimientos municipales, subvencionados y particulares, segmentando y proyectando todas las desigualdades sociales en el modelo educativo chileno que, con la pandemia, deja un saldo de menores de 18 años muertos por contagio de COVID-19 en el contexto de las clases híbridas.
Según las declaraciones del ministro Figueroa en Radio Cooperativa el 29 de marzo, el balance es positivo, “porque combina lo sanitario con lo pedagógico y lo socioemocional. El incremento de los casos no se relaciona con la actividad escolar ” Pero las cifras contradicen sus declaraciones, porque
“más de 800 establecimientos volvieron a las clases online, y han dejado un saldo de más de 110 mil menores de 18 años con contagio confirmado, entre los que hay 81 fallecidos, 2.279 que han requerido hospitalización y 174 afectados por Síndrome Inflamatorio Multisistémico. Este grave aumento de contagios no sólo se da al interior de las escuelas debido a las clases presenciales, sino sobre todo porque esta política contribuyó a aumentar el flujo y el hacinamiento en el transporte público” (Álvaro Pérez Jorquera, profesor de Historia y Geografía y candidato a constituyente por el D13).
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Estas condiciones, que también afectan directamente la salud y los derechos mínimos de la infancia y la juventud, sin duda alguna contribuyen a aumentar las cifras de deserción docente. Pues a estos antecedentes se suma el problema de la conectividad y los recursos tecnológicos que tanto las familias como los profesores deben enfrentar sin la ayuda material del gobierno.
Colegio Carlos Miranda de Rancagua: un ejemplo de precarización y agobio
En Rancagua hay un ejemplo concreto de este problema: apoderados y profesores del Colegio Carlos Miranda exigen cambio de directora y reincorporación inmediata de profesores despedidos. Entre las denuncias podemos mencionar las siguientes:
- Despidos injustificados de docentes y profesionales sin ser reemplazados por otro profesional.
- Malos tratos y desinformación generalizada por parte de la directora.
- Colegio con clases híbridas sin posibilidad de clases telemáticas.
- Tablets entregadas desde 5 de abril.
- Familias que tienen más de un hijo en el colegio reciben solo un chip con internet, dejando las tablets restantes inutilizables.
- Implementación de la plataforma Classroom sin previa capacitación (el año pasado debían haber implementado la plataforma como todos los colegios, pero no fue posible).
- Hay alumnos que aún no reciben útiles escolares, sin embargo las clases comenzaron a principios de marzo.
- No hay elementos de protección personal para alumnos, solo para docentes y auxiliares.
- No hay un Reglamento de convivencia escolar online.
- No todos los estudiantes tienen correo institucional.
- Apoderadas denuncian despido de terapeuta ocupacional y reemplazo arbitrario de un kinesiólogo, hecho contradictorio considerando la necesidad de contención emocional que exige el contexto de crisis.
- Despidos de docentes y profesionales justificados desde la CORMUN sobre la base de “no haber seguido los lineamientos de la directiva”.
- Colegio pide ayuda al Centro de Padres y Apoderados para funcionar sin considerar que se trata de un sector con familias trabajadoras vulneradas.
- Colegio pierde matrículas, lo que genera menos subvención y recursos para cuestiones importantes como el equipo PIE.
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Estos problemas son la evidencia material de la nula inversión del Estado en educación y de la descarada administración del gobierno de Sebastián Piñera y su designado Figueroa antes y, peor aún, durante esta crisis sanitaria y social que atravesamos.
El problema del colegio Carlos Miranda evidencia que el gobierno no ha garantizado herramientas ni condiciones mínimas como lo son el internet y los equipos de conexión, dejando en las familias y docentes la carga económica y material de la implementación prepotente de las clases híbridas.
El cobre por el cielo, la educación por el suelo
Pero la pandemia no afecta a todos por igual. La riqueza de Sebastián Piñera, Luksic y Angelini, aumentaron exponencialmente (Luksic y Angelini suman ganancias que ascienden a los US$476 millones), a la par de las ganancias del cobre durante el año 2020 por la demanda China y Europea, que suman 1618 mil toneladas, superando en un 1,9% la producción del año 2019. Pero ¿dónde van a parar esas ganancias? Sabemos que no hay voluntad política para resolver la inequidad social del país mediante una distribución de las riquezas en beneficio del pueblo trabajador. La revuelta nos recordó que son 30 años de saqueo empresarial. Esto evidencia que las desigualdades sociales también han aumentado y lo seguirán haciendo.
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Se hace urgente, por tanto, un impuesto a las grandes fortunas y la utilización de los recursos estatales para garantizar el derecho a un ejercicio docente digno y el acceso a la conectividad y equipos para profesores y estudiantes. No permitamos que la deserción laboral docente continúe y se sigan repitiendo casos de agobio y precarización como el caso del colegio Carlos Miranda de Rancagua, que además contribuir a este problema, no garantiza los derechos mínimos de la infancia.
