COVID-19. Pruebas obligatorias para legisladores. ¿Y para los trabajadores cuándo?

Debido al fallecimiento del legislador Joel Molina Ramiréz debido al COVID-19, el contagio de los senadores Alejandro Armenta, Lupita Saldaña y Verónica Delgadillo (quienes participaron en la sesión pasada), sumado a la exigencia por parte de la oposición de mejores medidas sanitarias y de suspender la próxima sesión, el Senado realizará pruebas a sus legisladores los días 26 y 27 —reagendando la sesión del martes 27 al miércoles 28 de octubre esperando los resultados de las pruebas.

Como parte de las nuevas medidas para prevenir el contagio del COVID-19 y de la influenza, las sesiones del Senado durarán máximo 5 horas y se disminuirá el número de senadores junto sus asesores, dejando 3 de MORENA, 2 del PAN y 1 asesor para los demás grupos parlamentarios, haciendo obligatoria una respuesta negativa y actualizada de la prueba, así como la reactivación del grupo de trabajo legislativo a distancia.

El 28 de octubre, el senador Ricardo Monreal Ávila tuiteó que se habían realizado 805 pruebas PCR y que, hasta ese momento, 22 habían dado positivo; aclarando que “2 son de legisladoras, una de un legislador, y el resto de personal de diversas áreas”. Terminó su publicación diciendo que el costo de las pruebas que se tendrán que hacer semanalmente correrán a cargo de las y los senadores.

De estos tres casos, gracias a sus cuentas de Twitter se sabe que las senadoras Josefina Vázquez Mota del PAN y Claudia Edith Anaya Mota del PRI son portadoras del virus COVID-19.

Este es un claro ejemplo de la necesidad de aplicar pruebas para evitar la propagación de los contagios, pero por qué no se aplica a todo los sectores, a los millones de trabajadores que nunca pararon sus labores, por ejemplo en el sector salud o de la industrial maquiladora, donde además de no garantizarles pruebas para detectar COVID-19, no cuentan con mínimas medidas sanitarias de protección.

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Esto es porque las políticas y reglas del gobierno se muestran más interesadas en cumplir los intereses de los grandes empresarios antes que el de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Ante la reapertura de la economía en todo México, donde se puede ver el inicio de una segunda ola de la pandemia con un repunte de casos de COVID-19 en todo el país, y la vuelta a semáforo rojo primeramente estados que se caracterizan por la industria como Chihuahua, no está de más pensar en medidas más drásticas para contener la pandemia, que estén —por supuesto— del lado de las y los trabajadores.

Aparte de exigencias básica como mayor presupuesto a la educación, con la gran crisis sanitaria —que no ha parado—, por qué no se puede exigir también dejar de pagar la deuda externa, o exigir impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y que con esos fondos en las manos de los trabajadores se garanticen “pruebas masivas y periódicas para todas las personas que presenten al menos uno de los síntomas de covid-19 y de vacunas contra la influenza para toda la población”.

Sabiendo como funciona el virus, las decisiones sobre la cuarentena, el semáforo epidemiológico o la reactivación de la economía no pueden dejar fuera la información que se obtendría con las pruebas, identificando así también los casos asintomáticos. ¡Por que nuestras vidas valen más que sus ganancias!