La iglesia católica cuenta con entre 30.000 y 40.000 propiedades inmatriculadas en los últimos 20 años de las cuales la Mezquita Catedral de Córdoba es el monumento más conocido.
Miércoles 27 de noviembre de 2019
El ministerio de justicia del gobierno en funciones de Pedro Sánchez, apela en los tribunales una resolución del Consejo de Transparencia emitida en Septiembre a favor de divulgar la lista de los inmuebles inscriptos por la iglesia.
Inmatricular es un término administrativo para designar la acción de registrar un bien por primera vez. Hasta hace solo 4 años la Iglesia católica podía inscribir inmuebles sin tener que demostrar poseer la propiedad de los mismos.
Esto fue así, primero gracias a un reglamento franquista de 1946 que permitía a los Obispos actuar como funcionarios públicos registrando inmuebles con su sola firma y la posterior reforma de la ley hipotecaria de José María Aznar en 1998, que incluyó a los “centro de culto” excluidos técnicamente -aunque no en la práctica- de la norma franquista.
La Catedral de Córdoba, por ejemplo, fue registrada por solo 30 euros bajo el paraguas de la reforma de Aznar. Un monumento que según una comisión de expertos, de la que la hoy vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo fue parte, hasta hace 12 años era de propiedad pública.
Lo curioso y paradójico, es que la confección de dicha lista de inmuebles, se aprueba a propuesta del PSOE en abril de 2017, mientras estaba en la oposición, al gobierno de PP con M. Rajoy. La misma lista de propiedades que hoy los futuros socios de gobierno de Unidas Podemos, intentan que no se haga pública.
El PSOE de hoy, muy cerca de formar gobierno pleitea contra el PSOE de ayer en la oposición….digno de estudio, si no fueran sus propuestas de transparencia una pobre puesta en escena electoral para un partido que ha sido pilar de este régimen y garante de los privilegios de la iglesia.
Pero la gran pregunta es, ¿se someterá también a esta “razón de Estado” Unidas Podemos, como prometió y viene cumpliendo de forma cómplice en la defensa de la unidad de España contra las aspiraciones democráticas del pueblo catalán? Lamentablemente, la dinámica indica que sí.
La publicación de esta lista daría pie a que muchos ayuntamientos y particulares afectados por inmatriculaciones irregulares, puedan recurrir la titularidad de los inmuebles que deberían ser públicos.
La Iglesia, por boca del portavoz de la Conferencia Episcopal, ha dicho que defenderán lo que consideran sus derechos “la Iglesia no ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente” y sentencia que “Tenemos una confianza infinita en la justicia española".
Iglesia y Estado, asunto separado
El Estado español tiene una “aconfesionalidad” de pandereta. Por su parte, la reaccionaria Iglesia Católica sigue manteniendo su histórica y estrecha relación con el Estado y el Régimen del ’78, tras haber sido un pilar papel clave del Régimen franquista. Jamás, -haciendo honor al cántico del movimiento de mujeres de Argentina ¡Iglesia y Estado, asunto separado! en su lucha por el derecho al aborto-, un gobierno hasta la fecha ha cuestionado los privilegios de la casta eclesiástica.
Buena fe de ello dan los privilegios fiscales y las ayudas económicas concedidas a expensas del erario público y el patrimonio nacional, cuyo expolio por parte de esta institución ha sido consentido por los gobiernos del PP y del PSOE mientras que año tras año se renovaba el Concordato con la Santa Sede de 1979. Concordato negociado en secreto y que sustituyó al de 1953 acordado con la dictadura, de la cual la iglesia católica fue una gran colaboradora. Así como también lo fue de otros regímenes fascistas como el de Hitler y Mussolini.
La exención de tributación por los ingresos propios de la actividad religiosa o la reducción del tipo del Impuesto de Sociedades al 10%, la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I) para todas las propiedades bajo su titularidad, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, del impuesto de sucesiones así como el de trasmisiones patrimoniales son algunos de sus privilegios fiscales que se esfuerzan en presentar como “una inversión social muy rentable” según el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.
El concordato de 1979, en continuidad con el de 1953, consolida la presencia de la Iglesia en instituciones públicas como colegios, hospitales, universidades, el ejército, así como su injerencia en temas relacionados con políticas sociales, derechos civiles, la investigación, y un largo etc.
La verdadera solución, es la efectiva separación de la Iglesia y el Estado, incluyendo el fin de todo financiamiento público y los privilegios fiscales que le son concedidos, así como la devolución de todo el patrimonio expoliado por la Iglesia durante siglos.
Empezando por las inmatriculaciones del patrimonio público realizadas por la iglesia desde 1946 bajo la ley franquista y la anulación de los acuerdos con el vaticano.
La separación efectiva entre la iglesia y el Estado implica expulsar a esta del sistema educativo del cual mantenían un control absoluto durante el franquismo y que en la actualidad aún mantienen sobre la mayoría de centros del sistema educativo privado y concertado (privado sostenido con fondos públicos).
Esta institución, la Iglesia católica, junto a la monarquía borbónica, son dos instituciones reaccionarias y medievales a las cuales, ya no un anticapitalista, sino todo “demócrata” consecuente se debería oponer.
