Ochenta expositores, muchos críticos. ¿Qué dijeron Gabriel Fuks, Gonzalo Pascual, Claudio Bertonatti, Malala Fontán, Juan Sassaroli, Sergio Federovisky y Jonatan Baldiviezo, entre otros?
Domingo 2 de septiembre de 2018 17:08
Este miércoles 29 de agosto se realizó en la Legislatura porteña la audiencia pública para discutir la concesión de uso y explotación de edificios y nuevos espacios ubicados dentro del predio del ex Jardín Zoológico. El proyecto ya tuvo aprobación en primera lectura.
Expusieron unos 80 oradores que en su abrumadora mayoría no sólo se expresaron en contra de este proyecto, sino que además denunciaron este avance sobre el predio del exzoo como parte del proyecto de ventas y privatización de tierras públicas que lleva adelante el gobierno de Rodríguez Larreta.
De Zoológico a Ecoparque
Luego de años de controversias, desidia de los concesionarios, vaciamiento y muertes de animales, el Estado porteño decidió intervenir en la cuestión del zoológico porteño. Ya hacía unos años que el zoo era el centro de una disputa que enfrentaba, por un lado, a algunas ONG ambientalistas que consideran esta institución como necesaria para educar y hacer conservación de fauna y, por otro lado, a organizaciones y activistas que cuestionan el cautiverio de animales y la efectividad de los zoológicos como supuestos pilares de la educación y la conservación. La difusión de las abrumadoras condiciones en que los animales estaban viviendo en el zoológico, más el conflicto laboral interno por la falta de inversión y seguridad de los trabajadores, hizo escalar la tensión hasta lograr una gran visibilidad social.
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En ese contexto, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió que era hora de entrar en escena y anunció que rescindiría la concesión y se haría cargo del predio. El 7 de diciembre de 2016 se aprobó la Ley N° 5.752 que dispuso la transformación progresiva del Jardín Zoológico, prometiendo una institución cuyos objetivos principales serían la conservación de la biodiversidad, propiciar la educación ambiental, promover la innovación para el desarrollo sustentable y la concientización y recreación de la población por medio de la experiencia interactiva con los componentes de la naturaleza.
El patrimonio histórico
A las 11 de la mañana la entrada de la Legislatura porteña ya viste banderas denunciando que el Ecoparque, en realidad, es un Ecofraude. Activistas por la liberación animal reparten folletos a los transeúntes y se posan para los fotógrafos con carteles, banderas y fotos que identifican al grupo SinZoo, quienes nos informan que dentro del predio las cosas no han cambiado tanto como lo había prometido el gobierno porteño en su momento. “Ecofraude” sintetizan.
La audiencia pública del miércoles tuvo como objetivo escuchar a la ciudadanía sobre la ley presentada por el gobierno porteño que pretende concesionar a entidades privadas más de 20 edificios y otros espacios públicos ubicados dentro del predio de Palermo. El espacio a otorgar a privados sería un total aproximado de 33 mil metros cuadrados, equivalentes a una quinta parte de la superficie total del zoo, según informan desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. El conjunto del exzoológico, devenido Ecoparque, fue declarado monumento histórico nacional por Decreto Nacional N° 437/199, que menciona al “conjunto edilicio paisajístico -ambiental y artístico – ornamental” como objeto de protección. Es decir, el predio entero es objeto de protección histórica nacional.
Uno de los principales cuestionadores de este proyecto fue el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fuks, quien fue el primer orador de la jornada. Sobre la cuestión edilicia recalcó que “la riqueza patrimonial del predio entra en una zona gris” ya que la ley otorga a emprendimientos privados, de diversa índole, recintos libres de animales, pero no estipula que las obras de remodelación no se realicen antes con los animales adentro. Además, cuestiona quiénes son los posibles interesados en los espacios y para qué fines los quieren, ya que según relató, el ingeniero Gonzalo Pascual (subsecretario del Proyecto Ecoparque) le manifestó personalmente que no habría ganancia para los concesionarios, lo cual “resulta por demás llamativo”. También resaltó la preocupación de la defensoría sobre esta ley que otorga al Poder Ejecutivo atribuciones del Poder Legislativo y existen discrepancias dentro del proyecto por las superficies a concesionar que se describen en el mismo.
Por su parte, el subsecretario del Ecoparque Gonzalo Pascual, segundo en hablar, dedicó tiempo a chicanear a algunos miembros de ONG que estaban presentes, acusándolos de “habladurías” y de difundir información recolectada de redes sociales. Agregó que a pesar de haber sostenido reuniones personales con ellos, en que superando las diferencias, todos compartían el mismo objetivo, luego salieron a criticar el Ecoparque por diversos medios. El funcionario mostró una presentación que llevaba por título: “Ecoparque, una transformación necesaria”, bastante contradictoria y larga que generó hastío y hasta abucheos entre los presentes. Tampoco quedó claro qué edificios serán concesionados ni con qué finalidad, ni cuáles serán los utilizados para educación, rehabilitación de animales y otros objetivos que se propone el Ecoparque.
Osvaldo Guerrica Echevarría, presidente de la Asociación Amigos de los Lagos de Palermo le aclaró que “ese video no debió mostrarlo acá, donde todos sabemos que es mentira” y fue contundente señalando que si se aprueba esta ley “desaparece el monumento histórico nacional”.
Bienestar animal, bien gracias
Otro de los puntos del proyecto más discutido fue la cuestión del bienestar animal, y en particular con esta ley los traslados de aquellos animales que están en los recintos a ser concesionados y las recientes muertes de animales en circunstancias poco claras.
Según Claudio Bertonatti, quien recientemente denunció ante la fiscalía de delitos ambientales las condiciones precarias y de abandono en que se encontraban varios recintos y animales, desde el Ecoparque se realizan derivaciones de animales sin un plan de colección ni evaluación previa. A este Gobierno “no le interesa la conservación ni el bienestar animal ni la ciencia”. Además, respondiendo a Pascual, aclaró que lo que sucede dentro del exzoo “no es en absoluto lo mismo que nos mostraron en esa presentación”.
Malala Fontán, de SinZoo, agregó que se trasladan animales porque el negocio inmobiliario no cierra con los animales dentro de los recintos y denunció que están enviando animales a cualquier lado. Se trasladan sin protocolo y los cuidadores con mayor experiencia fueron despedidos, lo que suma estrés a los animales y llevó a la muerte a varios de ellos. “El apuro por sacar provecho económico está causando las muertes”, sentenció.
El veterinario Juan Sassaroli sumó más críticas en este sentido al resumir que “concesión es antítesis de conservación” y aportó el dato alarmante sobre la muerte de más de 7 mil animales en el período en que el zoo estuvo concesionado. Según este especialista, el zoológico en manos privadas funciona como proveedora de fauna nativa para instituciones extranjeras. Básicamente, se convierte en un instrumento del tráfico ilegal de fauna.
Andrei Chtcherbine, quien fue el primer impulsor del proyecto Jardín Ecológico junto a la organización SinZoo, dijo sobre los proyectos de conservación, rescate de fauna y colaboración con otras provincias e instituciones, que “muchas de las ideas del proyecto nuestro se ven reflejadas en lo que escuchamos hoy, aunque muchas otras cosas van al revés. Nosotros no fuimos convocados para dialogar sobre el proyecto Ecoparque”. Además destacó que del “otro lado hay gente que pretende ir hacia atrás, reproducir animales por reproducir nomás, seguir exhibiendo animales”, y se pregunta: “¿No es suficiente mostrar estos proyectos de conservación y divulgación científica a la gente, que además les tenemos que mostrar leones encerrados?”
En un contexto global de pérdida de biodiversidad que se repite alarmantemente a nivel local, no faltó la crítica a la falta de políticas a nivel nacional para enfrentar el problema. Así, Sergio Federovisky, biólogo y periodista ambiental, incorporó al temario un debate pendiente: “La discusión debiera trasladarse al Congreso. Necesitamos una política pública nacional para pensar qué pretende la Argentina de los zoológicos como espacios públicos”. También Carlos Caserta vinculó la problemática de la amenaza a la fauna dentro de un contexto general de pérdida del ambiente y mencionó al apellido Peña Braun como responsable del desmonte de 9 mil hectáreas de bosques nativos en Salta, hogar del yaguareté. Dijo “necesitamos que la fauna esté en su casa, en su ambiente”, y en este sentido, también recalcó que desde el Estado debería reforzarse la política de Parques Nacionales y reservas urbanas. Sin embargo, parecería que la decisión es hacer lo contrario: “El Ecoparque no tiene que ser un shopping, no puede ser que arrasen con todo lo que nos pertenece”, concluyó Caserta.
Otro robo a los espacios públicos porteños
Un patrón que se repite constantemente con las problemáticas ambientales es la falta de cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental ante la realización de cualquier obra o proyecto que pueda generar algún impacto sobre el ambiente. La realización de un estudio de impacto ambiental (EIA) y su discusión en audiencia pública es requisito antes del comienzo de cualquier obra, según la Ley General del Ambiente 25.675 y del artículo 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este caso, ambas leyes fueron incumplidas por lo que la exconstituyente de la ciudad, María José Lubertino, dijo en su turno que “esta ley es inconstitucional, porque implica delegación de atribuciones desde el poder legislativo al ejecutivo, viola las normas de bienestar animal y no tiene estudio de impacto ambiental”. Incluso, agregó sobre este último punto que “tiene carácter delictivo”.
En ese sentido, Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad, agregó que “estamos discutiendo si privatizamos o no. Como ciudadanos no podemos discutir el proyecto, sólo reunirnos con el Sr. Pascual para que nos venda el proyecto” y que hay que considerar esta ley en el contexto de la privatización de aproximadamente 350 hectáreas de espacio público en 10 años en esta Ciudad. “Este es un proyecto orientado a entregar tierras a privados. Es el primer paso para la privatización total”, finalizó Baldiviezo.
Así transcurrió una maratónica audiencia, en la cual la gran mayoría de los expositores se expresó en contra de esta ley de concesión de espacios públicos dentro del Ecoparque. Pero además, no sólo se centró la discusión en ese predio, sino que se la vinculó a una problemática general de pérdida de biodiversidad y degradación del ambiente por actividades económicas de gran impacto y a la falta de política nacional para atender a esta situación. También se denunció con vehemencia la venta de tierras públicas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde que el PRO asumió su control y la falta de claridad y objetivos a la hora de justificar la entrada de privados en la gestión de instituciones de carácter público. La carencia, precariedad de contenido y mentiras en las propuestas del Gobierno porteño fue objeto de varias observaciones y no faltó la denuncia ante el desinterés por la ciencia e investigación de esta gestión.
