Juan Zabaleta llega con un prontuario a medida de los ajustadores. Como intendente de Hurlingham despidió a trabajadores municipales, aplicó tarifazos, fortaleció a la policía local y luchó contra el aborto legal. Además pretende responder al problema de la pobreza con más precarización.
Lunes 9 de agosto de 2021 21:44
Hasta el momento de su designación como ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta se desempeñaba como jefe comunal en la ciudad de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los políticos de confianza del Presidente Alberto Fernández.
Uno de los interrogantes que rodean a Juan Zabaleta tiene que ver con sus planes para el ministerio de Desarrollo Social, aunque el nuevo ministro ya dio indicios sobre la forma de responder frente a problemas estructurales que afectan a millones. A un día de la represión policial que desalojó violentamente a las familias sin techo en Guernica, Zavaleta participó de un acto en el que el Presidente y Axel Kicillof, gobernador de la PBA, entregaron móviles policiales para fortalecer la seguridad de la provincia.
Acompañamos a nuestro querido presidente @alferdez y al gobernador @kicillofok en la entrega de móviles en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad para la Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/A7rc1w3CX8
— Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) October 30, 2020
La trayectoria del nuevo ministro se desarrolló principalmente en el ANSES, donde se desempeñó como director de Relaciones Gremiales en 2004, como gerente coordinador de gestión a partir de 2007, y luego como Secretaría General del organismo.
También se desempeñó como subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía de la Nación entre 2009 y 2011 y luego estuvo a cargo de la Secretaría Administrativa del Senado de la Nación hasta el año 2013, en el que fue elegido concejal de Hurlingham. En el año 2015 ejerció el cargo de intendente en Hurlingham y obtuvo la reelección en 2019. En 2017, abandonó el espacio de Florencio Randazzo y apoyó la candidatura de Cristina Kirchner.
En el inicio de la pandemia, Zabaleta fue denunciado por culpar a los trabajadores contagiarse, defendiendo de esta manera a la empresa de transporte del Oeste SA (EDO), que presionó a los conductores para que trabajaran sin hacerles pruebas de hisopado.
Volviendo a los inicios de su gestión como intendente, el perfil del intendente empeora aún más. En el año 2016, ni bien asumió su cargo, Zabaleta despidió a 380 municipales que trabajaban bajo la modalidad de contrato. Al igual que en otras dependencias gobernadas por Cambiemos, los despidos fueron acompañados de persecución hacia los trabajadores.
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A pocos días de los despidos efectuados, el intendente llamó a inscribir a 170 postulantes para sumar a la policía local; y además la fortaleció invirtiendo en nuevas tecnologías. Además, apoyó a María Eugenia Vidal, ex gobernadora de PBA, para que se votara el presupuesto en el que incluía el endeudamiento de la provincia.
Pero su trayectoria no termina acá: fue denunciado por haber impuesto un tarifazo por medio de un aumento en las tasas municipales de Hurlingham que osciló entre un 300% y 500%; y también reafirmó su compromiso con el Pacto de San Antonio de Padua, un documento de diez puntos que entre otros puntos, planteó la lucha contra el aborto legal, seguro y gratuito.
¿Renta universal o trabajar menos para trabajar todes?
Según trascendió, Zabaleta también tendrá como uno de los objetivos fundamentales reformar los planes sociales para orientarlos al trabajo y producción, como había postulado el ex ministro Daniel Arroyo desde el inicio de su gestión; y como exigen movimientos sociales afines al gobierno.
Este fin de semana y por el Día de San Cayetano, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) encabezó una masiva marcha para que se aplique un programa similar al de la renta básica universal, equivalente a la tercera parte del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), es decir alrededor de $ 9.072.
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La principal política desplegada por la cartera de Desarrollo Social hasta el momento fue el programa "Potenciar Trabajo", que en julio aumentó en un 4 %, llegando a los 12.636 pesos, es decir, menos de la mitad del SMVM. El monto equivale a menos de una quinta parte de lo que el propio Indec estableció como línea de pobreza, 65 mil pesos y alcanza a casi 900 mil personas en todo el país.
Los montos de estas políticas dan cuenta de la salida que propuesta ante la crisis por parte del Gobierno Nacional y las organizaciones sociales afines. Se trata de paliar la la gravedad de la crisis con planes sociales que utilizan a los sectores más pobres de la población como mano de obra ultra precarizada para realizar algunas obras en los municipios. Además, no garantiza ningún derecho laboral: ni ART, ni licencias, ni convenio ni aguinaldo. Por eso, desde Unidad Piquetera, denunciaron que se trata de una política que trata a quienes participan del programa "como trabajadores de cuarta o quinta”.
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A diferencia de estas salidas que continúan condenando a la miseria a millones de hogares, el Frente de Izquierda propone una salida de fondo: trabajar menos y trabajar todos, con salarios equivalentes a la canasta familiar. Mediante la reducción de la jornada laboral a 6 horas 5 días a la semana sin afectar el salario, se podría repartir el trabajo existente entre ocupados y desocupados, acabando con el desempleo y las jornadas extenuantes de trabajo que alcanzan las 10, 12 o 16 horas.
