Gobierno, patronal y sindicatos prorrogan los ERTEs hasta septiembre. El mayor rescate empresarial de esta crisis que no sirve para mantener el empleo. Las empresas están usando las ayudas para preparar las indemnizaciones de los despidos que en muchas de ellas ya se empiezan a producir.
Jueves 27 de mayo de 2021
Finalmente gobierno, patronal y sindicatos acuerdan la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de septiembre. Se trata de la quinta renovación de la mayor operación de rescate empresarial llevada adelante en la actual crisis y que, en estos momentos, afecta a cerca de 600 mil trabajadores.
Desde el primer Estado de Alarma, en marzo de 2020, el gobierno “progresista”, siguiendo el ejemplo de otros gobiernos conservadores y de la centroizquierda del continente, apostó por que el Estado asumiera el grueso de los salarios de las plantillas de aquellas empresas obligadas a cerrar o rebajar la actividad.
Una medida indiscriminada que ha hecho que incluso empresas con beneficios en 2020 y en especial en los ejercicios anteriores - como todos los grandes grupos de la hosteleria, el turismo o el comercio – contaran con este rescate de dinero público y vieran sus balances y provisiones de fondos salvarse de la más mínima quita. Los trabajadores afectados por su parte han visto desaparecer el 30% de sus salarios, muchas veces quedando por debajo del mínimo, y millones de ellos padeciendo los retrasos e impagos del SEPE.
Como vemos, la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios sigue siendo la guía de la política económica del gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
En esta ocasión la renovación en bajo las condiciones que exigían a la vez las dos patronales, CEOE y CEPYME, y las direcciones burocráticas de CCOO y UGT. Álvarez y Sordo actuaban así, junto a la ministra de Trabajo, como los mejores abogados de la patronal. El Estado, además de abonar el 70% de los salarios base, asume entre el 75 y el 85% de las cotizaciones de aquellas empresas que mantengan los ERTEs y hasa el 95% de aquellos trabajadores que sean sacados de los mismos.
Estas generosas ayudas se hacen sin apenas condicionantes. Las grandes empresas que han mantenido a salvo sus beneficios y reservas gracias a ellas, tienen muy “barato” convertir esos ERTEs en EREs, como lo demuestran los despidos masivos en El Corte Inglés o H&M entre otras cadenas. El gobierno solo les reclama la devolución de las cotizaciones perdonadas. En caso de que los despidos se produzcan 6 meses más tarde de haberse acogido a un ERTE, ni eso.
Es por lo tanto una auténtica falacia el discurso, pronunciado desde el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y las direcciones de CCOO y UGT, de que estamos ante la medida estrella del rescate social. Los ERTEs están, a lo sumo, posponiendo un desenlace que ya empieza a ver con la tasa de desempleo desbocada hasta el 16% y los anuncios de EREs masivos en muchos sectores.
Lo ahorrado por las empresas durante la pandemia permite ahora que se puedan plantear descartar a miles de trabajadores abonándoles las indemnizaciones por despido objetivo de 21 días que permiten las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. Muchas de ellas llevan más de un año haciendo caja con el ahorro salarial para poder desembolsar esas cantidades.
Pero es que además, este gran trasvase de fondos públicos a las empresas para financiar los despidos de mañana, o de hoy en muchos casos, viene a engrosar una deuda pública que -junto a los 70 mil millones de fondos europeos en créditos que irán a modo de regalo a las grandes empresas del IBEX35- será después pagada a costa de una nueva tanda de ajustes como la que demanda la OCEDE y la Comisión Europea.
La política de las direcciones sindicales en este tema es criminal. Avalan el rescate y dejan que cada conflicto contra cierres, despidos o rebaja de condiciones quede aislado y sea conducido a la derrota. Nada muy distinto a lo que vimos en la crisis anterior, cuando dejaron pasar sin apenas resistencia la escalada del paro al 25% y las peores contrarreformas laborales y de pensiones de las últimas décadas.
Contra la oleada de cierres, despidos y quiebras, la solución no pasa por exigir en una mesa del diálogo social más dinero para las empresas, como hacen Álvarez y Sordo.
Lo que las grandes centrales deberían hacer, y el conjunto del sindicalismo combativo y la izquierda debemos exigirles y trabajar por imponerlo desde abajo, es un plan de lucha por medidas como la prohibición de los despidos, el reparto de horas sin rebaja salarial y la ocupación de toda empresa que amenace con despedir o cerrar para pelear por su nacionalización bajo control de las y los trabajadores.
Esta es la única manera de defender genuinamente las fuentes de trabajo, repartiendo la faena entre todos y todas los que quieren trabajar, garantizando salarios y condiciones dignas, acabar con el desempleo de millones y la sobreexplotación de otros tantos, y hacer que esta crisis la paguen la gran patronal y la banca, no que, una vez más, seamos las y los trabajadores los que les paguemos la cuenta.
