El pedido de vacancia presidencial impulsado por la ultra derecha parlamentaria y los grandes medios de comunicación no representa una salida para los trabajadores y el pueblo. Con la movilización y la auto organización obrera y popular enfrentemos el avance de la ultraderecha e impongamos una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que a su vez nos permita implementar un plan de emergencia que evite que las consecuencias de la aguda crisis económica las sigamos pagando las y los trabajadores y el pueblo empobrecido. A continuación reproducimos la declaración política de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores.
Lunes 6 de diciembre de 2021
Foto: CST
La ultra derecha parlamentaria encabezada por los partidos Renovación Popular de Rafael López Aliaga, Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Avanza País de Hernando de Soto y los grandes medios de comunicación de señal abierta, han decidido pisar el acelerador y destituir, vía la vacancia presidencial, a Pedro Castillo quien, a partir de su política conciliadora con los poderes económicos, a renunciado a sus ya tibias promesas de campaña cediendo terreno a los sectores más conservadores quienes hoy ponen la agenda política en el país. Es por ello que el gobierno va de tumbo en tumbo y de crisis en crisis y la popularidad del presidente ha empezado a declinar.
El pedido de vacancia presidencial impulsado por estos sectores reaccionarios es una medida profundamente antidemocrática ya que no respeta la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones presidenciales. Esta actitud antidemocrática ha sido recurrente en el accionar de la ultraderecha, por eso, desde el primer día que Castillo asumió la presidencia de la Republica, desde el Congreso buscaron su destitución queriendo así cambiar el resultado electoral. Además de ello, esta iniciativa viene acompañada de toda una arremetida macartista que se expresa con claridad en las movilizaciones que los grupos afines a la ultraderecha realizan fundamentalmente en la ciudad de Lima donde se manifiestan contra el supuesto comunismo de Pedro Castillo y agreden a personalidades que consideran contrarios a sus intereses, como ocurrió hace unos días atrás con el ex congresista Yonhy Lescano a quien golpearon en su domicilio.
El gobierno ha encarado esta vocación destituyente y reaccionaria de la ultraderecha, negociando con los otros partidos de la derecha y cediendo a las presiones del empresariado y los grandes medios de comunicación, ha ello se debe que en los 4 meses que lleva de gestión Pedro Castillo ya se han cambiado 11 ministros y un premier. Podemos decir entonces que la vacancia no solo es una herramienta de destitución presidencial, sino también sirve en la presente coyuntura como un mecanismo de condicionamiento para hacer que el ejecutivo se orille más a la derecha. A pesar de ello y de los reiterativos pedidos de confianza de Castillo a los empresarios, la burguesía no lo quiere y no termina por darle su confianza, ya que no es su gobierno y porque seguramente preferirían otro más afín a sus intereses, por eso apoyaron en las pasadas elecciones a Keiko Fujimori, a Rafael López Aliaga o a Hernando de Soto.
Esta revitalización de la ultra derecha tiene mucho que ver con la política que ha implementado Pedro Castillo desde el primer día que asumió su mandato como presidente de la Republica, ya que, desde el ejecutivo prefirió continuar con el piloto automático neoliberal para lo cual se mantuvo en la presidencia del Banco Central de Reserva al banquero fondomonetarista Julio Velarde y el Ministro de economía Pedro Francke se comprometió públicamente a mantener la vigencia del actual modelo económico priorizando a la gran inversión privada extranjera en desmedro de los intereses y necesidades de los trabajadores y el pueblo. Además de ello, el gobierno renunció a su propuesta por la Constituyente y asumió la defensa de la Constitución de 1993, llamando a construir un gran frente para la “gobernabilidad” de la mano de burguesía nacional y extranjera, a la cual Pedro Castillo llamo en reiteradas oportunidades a invertir en el Perú ya que su gobierno se declaró respetuoso de las reglas de juego establecidas en la Constitución fujimorista del 93. De esta manera Castillo frustró las ilusiones de quienes lo votaron.
Así mismo, al apostar por gobernar con el empresariado priorizando la institucionalidad vigente expresada en el régimen político y económico de 1993, Pedro Castillo buscó al mismo tiempo frenar o contener cualquier iniciativa de lucha obrera y popular, desarmando políticamente a los millones de trabajadores y sectores populares que votaron por él en la primera y segunda vuelta y que esperaban cambios de fondo que vayan más allá del piloto automático neoliberal y de las ya inservibles instituciones sostenidas en la Constitución fujimorista. Esta estrategia de conciliación de clases se expresó desde la segunda vuelta, cuando Castillo y sus entonces aliados de Perú Libre firmaron la denominada “Proclama Ciudadana”, con la cual se comprometían a respetar la Constitución de 1993, lo cual permitió que la izquierda liberal e institucional del nuevo Perú que dirige Veronika Mendoza y la burocracia sindical le brinden todo su apoyo, así como lo hicieron con los gobiernos de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti.
Es por ello que el gobierno de Pedro Castillo no nos merece la más mínima confianza y no esperamos de él ninguna medida sería que beneficie realmente al pueblo trabajador, a pesar de ello, rechazamos categóricamente la vacancia presidencial ya que – como lo dijimos – esta es una salida reaccionaria y antidemocrática que está orientada a fortalecer aún más a la ultraderecha.
En ese entender hacemos un llamado a los trabajadores, los sectores populares golpeados por la crisis, los campesinos y la juventud a retomar la movilización y la lucha, y en ese marco desarrollar espacios de auto organización obrera y popular, para enfrentar la arremetida de la ultraderecha y el boicot económico de los grandes capitalistas que todos los días suben el costo de los productos de primera necesidad y que ahora han empezado a cerrar sus centros de producción como lo anuncio la minera Las Bambas, con lo cual buscan acrecentar la crisis política y crear miedo en la población. No basta con que las centrales sindicales llamen a defender al gobierno, es fundamental que estos sectores, así como las demás organizaciones del campo popular, llamen a un gran encuentro obrero y popular para discutir un plan de lucha nacional que ponga por delante una agenda de los trabajadores y el pueblo y la necesidad de retomar la lucha por la Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
Retomar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana es muy importante ya que las crisis recurrentes del ejecutivo y la actual deslegitimación del parlamento van dejando claro también que la crisis orgánica expresada en el debilitamiento de las instituciones públicas, los partidos políticos y sus principales figuras, no se cerró con la elección presidencial pasada sino más bien se ha profundizado sustantivamente. Esto tiene que ver con el mantenimiento del régimen del 93, lo cual hace imposible que se puedan dar salidas de fondo a la crisis desde las instituciones de este régimen político, el cual funciona de espaldas a las necesidades de las grandes mayorías.
Ello actualiza la necesidad de luchar por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana desde la movilización y la auto organización obrera y popular. Esta constituyente, que para nosotros es más que un paso en la lucha por un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, deberá tener también la facultad de concretar un plan de emergencia que ponga por delante las demandas de las grandes mayorías.
Dentro de esas demandas destacamos el incremento del sueldo mínimo de acuerdo al costo de la Canasta Básica Familiar (1,500 nuevos soles), acabar con la precariedad laboral y los regímenes precarizadores como CAS y terceros, pase a planta de los trabajadores estatales, más EPPs para los trabajadores del sector público y privado, que las empresas que cierren (como las Bambas) pasen a estar bajo control de los trabajadores y del pueblo organizado, no a la actividad minera en cabeceras de cuenca, nacionalización de los recursos estratégicos como el gas y que estos pasen a estar bajo el control de los trabajadores y el pueblo, más presupuesto para la salud y la educación lo cual implica dejar de pagar la deuda externa e implementar un impuesto a la riqueza y acabar con los beneficios tributarios que gozan las grandes empresas nacionales y extranjeras. La implementación de estas y otras medidas progresivas nos permitirá evitar que las consecuencias de la profunda crisis económica las sigamos pagando los trabajadores y el pueblo.
