Durante el fin de semana las y los recuperadores levantaron el bloqueo al acceso del Predio de Disposición Final de Basura. En lunes retomaron la medida por falta de respuestas. La solución del gobierno a las y los recuperadores de basura es la amenaza de represión.
Miércoles 20 de mayo de 2020 20:47
Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, las y los recuperadores de residuos están padeciendo la falta total de sus ingresos.
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El día lunes las y los recuperadores de residuos debieron retomar el bloqueo al acceso del Predio de Disposición Final de Residuos ya que no obtuvieron ninguna respuesta por parte de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Reclaman la aprobación del Protocolo de seguridad e higiene para poder trabajar en el Predio.
En el día de hoy, tras las fallidas negociaciones con las autoridades locales y representantes provinciales y nacionales, las y los recuperadores dejaron ingresar a cuatro camiones de basura como muestra de buena voluntad. La respuesta que recibieron fue un fuerte operativo policial de varias fuerzas represivas, en el lugar.
Desde la Izquierda Diario entrevistamos a José Martin Romero, que nos manifestó que: “No hay intención de dialogo por parte del gobierno nacional, provincial y menos municipal. Hace semanas que estamos tratando que nos escuchen. Nada más que trabajo pedimos, nuestro trabajo es lo más bajo: somos cirujas, somos los que ayudamos al medio ambiente recuperando basura, por eso necesitamos que nos aprueben el Protocolo, y en lugar de eso nos ofrecieron ayuda alimentaria, pero con un paquete de polenta no se puede pagar el gas, y nos quieren amedrentar con la policía. Le tenemos más miedo al hambre que a la represión. Entendemos que estamos en pandemia por eso presentamos un protocolo para trabajar seguros, no queremos contagiar a nuestras familias o que nos den subsidió”.
Mientras a las y los recuperadores de basura el gobierno no les da ninguna solución para atravesar la pandemia dignamente, a los empresarios los premia permitiéndoles sacar millones del país, como al Grupo Clarín que fugó U$S 650 millones y el Gobierno paga parte del sueldo a sus empleados.
