Crisis. Renuncia el jefe del Estado Mayor Conjunto de Chile tras filtración de mails confidenciales

La ministra de Defensa chilena, Maya Fernández, tuvo que volver de urgencia de Estados Unidos, donde se encontraba acompañanado al presidente Gabriel Boric en la Asamblea de la ONU, para anunciar la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, por la filtración de documentos secretos.

El pasado martes, medios chilenos informaron que un grupo de hackers filtró más de 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) que contenían comunicaciones, documentos sobre gastos así como de algunas operaciones de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Excepción que se llevó a cabo en las regiones mapuche del Bío Bío y La Araucanía, durante la administración del expresidente Sebastián Piñera. Estos documentos no solo incluirían datos de la represión sino también de negocios y corrupción en la esfera del Ejercito.

Es por esto que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Guillermo Paiva, anunció el jueves por la noche su inmediata renuncia.

“Frente a los hechos conocidos en relación con la falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, el Presidente de la República ha instruido a la ministra de Defensa Nacional retornar al país para liderar la respuesta frente a estos hechos”, comunicaron desde el Gobierno chileno.

El Congreso también se pronunció desde su comisión de Defensa Nacional citando a la secretaria de Estado junto al subsecretario y el jefe del EMCO, con el fin de dar cuenta de los alcances de la filtración.

Mientras tanto, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, se refirió al hackeo y a la renuncia de Paiva, y afirmó que hay una investigación en curso, pero “hay una responsabilidad de mando en algo que pasó”.

Asimismo, la ministra que ejerce como vicepresidenta de Chile por el viaje al exterior del presidente Gabriel Boric, fue crítica con el Estado Mayor Conjunto, que no informó sobre la filtración de correos en el momento que ocurrió, y solo habló de una situación de vulnerabilidad de seguridad.

“La filtración no estaba comunicada ni en el Ministerio ni a ninguna autoridad fuera del Estado Mayor, lo que estaba avisado es que había vulnerabilidades en la seguridad”, señaló Tohá en entrevista con Chilevisión.

De acuerdo con investigaciones locales, los archivos filtrados incluyen datos de ciberseguridad, comunicaciones y monitoreo de fronteras, además de información sensible sobre inteligencia y sistemas de monitoreo satelital.

La información la dio a conocer el grupo de hackers internacional "Guacamaya" que señaló a través de un comunicado que la filtración de los emails del Estado Mayor Conjunto es el primer paso de una intervención que llamó “Fuerzas represivas” y que incluiría información de otros países latinoamericanos.

El Estado Mayor Conjunto de Chile agrupa a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y trabaja junto al Ministerio de Defensa. Las cuentas de correos electrónicos de funcionarios del EMCO que fueron intervenidas son 162. En total, se expusieron 340 gigabytes de información. La metadata de los archivos indica que el hackeo se produjo entre el 7 y el 16 de mayo de este año.

Caso "Fraude en el Ejército"

Esta crisis se suma a los escándalos y las investigaciones por corrupción y fraude dentro de las Fuerzas Armadas. Se trata de un procedimiento sistemático que se remonta a la dictadura de Pinochet, pero que siguió desde el fin de la dictadura apañado por los beneficios y privilegios que le otorgaba a los militares la constitución pinochetista. En los últimos años estallaron escándalos de todo tipo relacionados con la corrupción interna que terminaron con al menos tres jefes de Ejército procesados. Este mismo viernes la Justicia chilena ordenó el procesamiento de cinco generales en el retiro por su presunta responsabilidad en presuntos delitos reiterados de malversación de fondos públicos equivalentes a 455 millones de pesos (cerca de 500.000 dólares).

El caso conocido como "Fraude en el Ejército" investiga ilícitos que se cometieron presuntamente entre diciembre de 2007 y marzo de 2018, procesando en ese marco a decenas de oficiales y exoficiales de la rama castrense chilena. Compra de propiedades, autos de lujo, viajes, fiestas y turismo con recursos fiscales forman parte de la causa que suma un desfalco del erario nacional que hasta ahora supera los 8,2 millones de dólares.

Militarización en territorio mapuche y el negocio del Estado de Catástrofe

La otra arista es la corrupción misma del Ejército como parte de su accionar represivo, tanto durante la rebelión de 2019 como, sobre todo, la intervención territorial en el sur del país durante los estados de emergencia aplicados contra el pueblo mapuche, y la relación estrecha con los empresarios madereros.

Entre algunos datos filtrados resaltan las conversaciones de los jefes de Defensa. en una de ellas queda de manifiesto la inquietud del Estado Mayor Conjunto, sobre el robo de madera y el caso del joven comunero mapuhe Camilo Catrillanca asesinado por Carabineros en La Araucanía, como también la "cooperación" con los empresarios de la industria maderera.

"El robo de madera, así como el narcotráfico presente en la zona, puede inducir a una suerte de economía ilícita, parecida a la que existe en la zona del Amazonas (Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia y Perú) con el oro y el narcotráfico, donde se implica no solo a los delincuentes sino también a la población beneficiada y en este caso, pareciera que también a la industria maderera que coopera para no verse afectada", afirma la minuta.

En ese sentido, remarca que "se debe tener un especial cuidado en la posible búsqueda de la victimización de un delincuente por acción de las FF.AA., produciendo un segundo Catrillanca, lo que dejaría en muy mal pie las acciones desarrolladas, a los JDNs (Jefes de la Defensa Nacional) y al Gobierno".

En tanto, "se puedo constatar que el empleo de los medios aéreos produce un efecto disuasivo sobre los delincuentes, lo que llama a reforzar ese medio tanto de vigilancia como de trasporte de medios terrestres a diversas partes del escenario", complementan.

En cuanto a la militarización durante el decreto de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la denominada "zona macrosur", los correos develaron un gasto de La Armada de casi 700.000 dólares durante los seis meses que se prolongaron los patrullajes en la denominada Macrozona Sur. El comunicado, enviado el 7 de abril de 2022 entre dos altos funcionarios del EMCO, señala la participación de 1.300 efectivos y 41 medios de transporte. Además precisa gastos relacionados a viáticos y gratificaciones, combustible y horas de vuelo.

El Ejército, por su parte, desplegado tanto en La Araucanía como en el Biobío, desembolsó más de $500.000 dólares en La Araucanía. Asimismo, se señala que se emplearon más de 200 medios de transportes y más de 900 uniformados.

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