La Sala II de la Cámara Federal porteña dispuso que César Arakaki y Dimas Ponce, militantes del PO, sufran nuevamente prisión preventiva. Sigue la criminalización de la protesta social.
Miércoles 28 de febrero de 2018
Fotografía:Enfoque Rojo
Este martes los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah resolvieron continuar con el procesamiento de César Arakaki y Dimas Ponce, militantes del Partido Obrero, detenidos por la represión que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre, cuando se trataba la reaccionaria reforma previsional.
Los jueces ordenaron, además, que vuelvan a prisión. Entre los argumentos que motivan este pedido se encuentran que los manifestantes, en libertad, podrían obstaculizar el proceso judicial.
Te puede interesar: [Video] Myriam Bregman denunció la nueva detención de Arakaki y Ponce
En el escrito los jueces señalaron que "hay medidas probatorias que podrían ser obstaculizadas por los imputados", entre las que destacan "dar con el paradero del resto de los agresores". Es decir que detienen a dos manifestantes para que otro se entregue. Una resolución por fuera de cualquier marco jurídico.
Lo cierto es que los jueces deben apelar a los argumentos más inverosímiles para justificar su posición contra los manifestantes que salen a reclamar por sus derechos.
Son las importantes movilizaciones contra el saqueo a los jubilados –como las que tuvieron lugar en diciembre pasado- lo que motiva a los jueces a respaldar al Gobierno con fallos que funcionan como herramienta a la criminalización de la protesta social.
Desde las jornadas de diciembre tanto el Gobierno, como los medios y jueces afines intentan deslegitimar las masivas movilizaciones que repudiaron el robo a los jubilados.
El fallo persigue judicialmente a militantes de la izquierda y pretende instalar en la opinión pública que ha surgido un grupo de “violentos” que buscan “la desestabilización” del Gobierno.
La resolución de los jueces, además de ser absurda, muestra un cinismo sin límites. Precisamente porque no condena la violencia del Estado que, en el último año, es responsables de la muerte de dos jóvenes en protestas. Además del hecho de utilizar todos los resortes del Estado para encubrir esos crímenes. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel murieron en el marco de la represión por parte de fuerzas de seguridad, cuando reclamaban en la Patagonia las tierras para los pueblos mapuches, expropiadas por terratenientes.
Un fallo completamente parcial
Los días 14 y el 18 de diciembre el Gobierno utilizó cuatro fuerzas federales y la Policía de la Ciudad para militarizar el Congreso Nacional. Más de 3.500 uniformados estuvieron a cargo de la tarea represiva. El saldo de ese ataque represivo resultó en la hospitalización de más de 80 manifestantes. Cuatro de ellos perdieron la visión por los disparos de goma.
Estos mismos uniformados dispararon a los periodistas para impedir que registraran la represión, mientras salían a cazar a manifestantes y detuvieron más de 40 personas. Muchas de las cuales permanecieron más de dos meses detenidos (algunos ni siquiera habían participado de la marcha) y hoy continúan con causas abiertas.
Durante esas represiones llegaron a gastar todas las balas de goma que tenía a disposición estas cuatro fuerzas de seguridad, incluso los cartuchos que estaban vencidos. Por eso el Gobierno inició una licitación para comprar 15 millones de postas de goma.
Sin embargo ningún juez abrió una investigación sobre este operativo represivo ordenado por el Poder Ejecutivo. Pero el juez federal Sergio Torres sí ordenó la detención de dos militantes del Partido Obrero. El 29 de diciembre los militantes se presentaron ante la Justicia. César Arakaki fue detenido y trasladado al penal de Marcos Paz. El otro militante tuvo que ser liberado porque demostró que ese día no se movilizó. Lo que demostró que las órdenes judiciales fueron una caza de brujas contra militantes de los partidos de izquierda.
Después pedirían la detención de otro manifestante, Dimas Fernando Ponce, para mostrar que están dispuestos a usar todo los resortes del Estado para criminalizar la protesta social.
La “doctrina Irurzun”
El carácter de clase de la Justicia vuelve a quedar expuesto en estos fallos. Como decíamos los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ordenan la detención preventiva de los militantes del Partido Obrero porque… hay otro manifestante prófugo. Un argumento ridículo esgrimido para justificar la persecución a los luchadores.
Lo que ya es llamado la “doctrina Irurzun” implica la prisión preventiva por la prisión preventiva misma. La lógica de los argumentos no tiene importancia para los jueces. Es evidente que el único fin es la demonización de la protesta social.
Sin embargo los uniformados que dispararon a la cara de los manifestantes -cuatro de ellos perdieron la vista- no son identificados por estos jueces que dicen tener todos los videos grabados de la jornada del 18 de diciembre.
El Gobierno y el Poder Judicial tratarán de imponer su agenda represiva para atacar a los manifestantes movilizados. Los trabajadores, después de las jornadas del 14 y 18 de diciembre, continúan luchando y enfrentan los despidos, y demuestra que están dispuestos a defender sus conquistas.
