La empresa tomó semejante determinación en medio del aislamiento obligatorio y de la crisis sanitaria, económica y social que se vive, a raíz del avance del coronavirus en el país.
Miércoles 15 de abril de 2020 22:25
La fábrica Mabe comunicó la suspensión de todo su personal, reduciendo los salarios al 70%. La decisión fue comunicada a las trabajadoras y los trabajadores a través de WhatsApp, poco tiempo después de que el gobierno nacional decretara la supuesta “prohibición de despidos y suspensiones”.
Conocida la noticia, la conducción provincial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) hizo declaraciones ante la prensa local. Su Secretario General, Jorge Garro, dijo que “Mabe ha tomado una postura que no es la correcta para nosotros como gremio porque ha quedado suspendida la gente sin mantener ningún diálogo con nosotros o, al menos, una breve charla. Supuestamente, la intención de la empresa es que el 30% restante del salario de los trabajadores sea abonado mediante el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), pero esto todavía no está confirmado”.
Asimismo, Roberto Gómez, Secretario Adjunto, manifestó que “la fábrica venía trabajando muy bien. De hecho, había contratado a 80 trabajadores y estaba con una lista de 20 para tomar en planta permanente. Pero, ahora afirman que se corría riesgo si continuábamos trabajando bajo la circunstancia de la totalidad de los haberes. Claramente, la empresa se tomó sus atribuciones. No podemos hacer ninguna presentación porque no hay ningún ministerio abierto que nos escuche, por lo menos, hasta que pase el aislamiento obligatorio. Ellos querían sacar provecho de esta cuarentena, entonces tomaron la medida”.
Por último, los dirigentes metalúrgicos coincidieron en que una vez que se levante la cuarentena social, realizarán presentaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación y en Programa de Relaciones Laborales de San Luis: “Como sindicato, vamos a hacer todo para que esto vuelva a la normalidad, por el bien de los trabajadores”.
Sin embargo, es sabido que las suspensiones son la antesala de nuevos ataques al salario y los puestos de trabajo, mucho más si tenemos en cuenta que los mismos decretos nacionales de necesidad y urgencia que “prohíben despidos y suspensiones” avalan (entre otras cosas) que las empresas puedan suspender cuando hay reducción de trabajo o por fuerza mayor, siempre y cuando sean pactadas entre el empleador y el empleado. Es decir, que desde el mismo gobierno nacional de Alberto Fernández se convalidan las suspensiones con reducción salarial, al estilo Mabe, por ejemplo.
Y encima, para mal en peor, la dirigencia nacional de la UOM (Antonio Caló) ya estaría negociando con las cámaras empresariales del sector metalúrgico, suspensiones laborales con el pago del 70% del salario básico para todo el personal de esa rama industrial. Vaya manera de defender a las trabajadoras y los trabajadores del sector en medio de una crisis sanitaria, económica y social galopante.
Semejante panorama no hace más que confirmar que lo sucedido en Mabe no es un caso aislado. Las suspensiones con salarios a la baja y los despidos vienen siendo moneda corriente en los distintos puntos del país. McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Burger King, Starbucks, Mostaza, Supermercados Coto, Techint, Frigorífico Penta, Farmacity, entre otras empresas, son algunos ejemplos de la miseria y la desidia que el empresariado tiene para con sus trabajadoras y trabajadores.
Las familias más ricas del país, dueñas de las empresas más grandes e importantes, no tienen ningún problema a la hora de suspender, despedir, reducir salarios, especular con los precios de los productos básicos de la canasta familiar y negar medidas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo para evitar la propagación del virus. Esto demuestra que si el COVID-19 es una pandemia, los grandes empresarios con su sistema capitalista, que les garantiza ganancias millonarias a costa del trabajo ajeno y la salud de millones de laburantes, también lo son.
Por todo ello, es fundamental que exista una verdadera prohibición de despidos y de suspensiones, como así también, que se garanticen el pago total de los salarios y condiciones de seguridad e higiene que estén a la altura de evitar los contagios por coronavirus.
Y además, resulta muy importante el proyecto de ley presentado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, ambos legisladores nacionales del Frente de Izquierda, en el cual se plantean impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y las familias más ricas del país (0,03 de la población), ya que su recaudación permitiría no sólo adquirir material sanitario y equipamientos médicos y hospitalarios, y contratar más personal para el sistema de salud, sino también pagar un salario de cuarentena de $30.000 para trabajadoras y trabajadores que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores o se hallaran en la informalidad, y comenzar a ejecutar un plan anual de construcción de 100.000 viviendas populares en un año para reducir los niveles de exposición a la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades (como el dengue), por parte de las miles de familias trabajadoras que viven en condiciones de hacinamiento o déficit habitacional.
