Algo se ha torcido en la situación política y social tras la debacle del PSOE en las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid, que está llevando a que incluso el frente más exitoso de consenso para avalar las políticas del Gobierno “progresista” durante toda la pandemia, la negociación con la burocracia sindical y la patronal, esté a punto de fracturarse, con un motivo además tan sensible como la ampliación de los ERTE. Aún están a tiempo, quedan cinco días, y la debilidad social y política del Gobierno en estos momentos augura algún acuerdo apresurado de última hora.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Martes 25 de mayo de 2021
La última reunión celebrada ayer -prorrogada hoy antes de finalizar el Consejo de Ministros- entre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con la patronal y la burocracia sindical de CCOO y UGT, a tan solo cinco días de que expire la prórroga de los ERTE, se ha saldado con un enconamiento en las posturas enfrentadas en relación a las exoneraciones de la Seguridad Social y sobre qué trabajadores se incide más con las ayudas públicas, a los que salen o a lo que se quedan en el ERTE.
Se suponía que iba a haber “fumata blanca” y que ayer se habría alcanzado el acuerdo previo en la mesa de negociación que permitiría que hoy, en la última reunión ordinaria del Consejo de Ministros del mes antes de la expiración de la última prórroga de los ERTE -que finaliza el día 31 de mayo-, se podría apuntar el Gobierno otra muesca más en su largo recorrido de acuerdos exitosos con la patronal y los sindicatos mayoritarios para tratar de asegurar la paz social. Sin embargo, todo se ha encallado.
La patronal y los sindicatos han formado un frente común, una vez más y como con todo el amplio abanico de acuerdos de todo tipo que vienen firmado entre sí y con el Gobierno “progresista”, exigiendo a los ministros presentes en la reunión, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, no solo la ampliación de los ERTE hasta el mes de septiembre, sino que no se toque ni una coma del acuerdo preexistente. Pese a que la realidad económica está evolucionando hacia la desescalada de las medidas restrictivas de movilidad y, por lo tanto, hacia una mayor actividad, lo que hace que se está reduciendo el número de trabajadores en ERTE. En la actualidad se cifra en 625.000, cuando se llegó a los 3,5 millones en los momentos más álgidos de la pandemia. Y eso, en una buena lógica exigiría dejar de dopar con tantos fondos a las empresas para mantener trabajadores desocupados, mientras éstos pagan las consecuencias al ver sus ingresos muy disminuidos. Y no digamos seguir pagando exoneraciones a la Seguridad Social para las empresas que han incorporado trabajadores y reiniciado la actividad a velocidad de crucero, por lo que están haciendo pingües beneficios. Todo ello, mientras la deuda y el déficit se disparan, lo que más pronto que tarde va a pasar por exigir recortes sociales y de derechos tanto por la patronal, el Banco de España-como ya lo ha hecho- o el propio Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que, sin duda, los llevará a cabo.
La postura unitaria de la patronal y las cúpulas sindicales mayoritarias es que se mantenga el acuerdo de los ERTE tal y como está y ahora tan solo se prorrogue. Es decir que siga el mismo esquema de regulación por el que se exonera actualmente con hasta un 85% de las cuotas para las empresas con menos de 50 trabajadores, y un 75% para las que tengan más de 50 empleados. Y ello tanto para los suspendidos de actividad como para los reincorporados. Esto implica que grandes empresas, hasta 50 ni siquiera es el límite para la calificación de PYME -llegan hasta 250 trabajadores- se pueden beneficiar exactamente igual que muchas pequeñas y medianas de este ingente volumen de ayudas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que si al trabajador se le ha incorporado es porque aporta un beneficio a la empresa y, pese a ello, la empresa se sigue beneficiando de la exoneración de la Seguridad Social. No se entiende como el trabajador incorporado, sin embargo, deja de percibir la prestación por ERTE. Está claro que son lógicas diferentes para el Gobierno “progresista”, la manera de tratar a la clase trabajadora respecto de los capitalistas. Luego dirá el ministro Escrivá -como viene diciendo y queriendo legislar-, que la Seguridad Social no tiene fondos para pagar las pensiones y que hay que retrasar la edad de jubilación y dar un tajo a las pensiones, con el enorme agujero que está provocando en la hucha de las pensiones.
Pero es que estas increíbles ayudas públicas a las empresas son aún mayores cuando hablamos de aquellas que sufren impedimento de la actividad, no imposibilidad, basta con el impedimento, porque en este caso las exoneraciones se elevan a porcentajes de entre el 90% e incluso el 100%. Y también claro está, se aplican si el trabajador se ha incorporado o no a su empleo. Hay una tercera tipología de los tipos de ERTE, es que no se dejan ningún problema empresarial sin atender, que son los de “limitación de actividad”. Esto pasa por cualquier reducción de la actividad normal y para esos supuestos se aplican exenciones que son decrecientes: 100% para empresas de menos de 50 trabajadores durante el mes de febrero de este año, 90% en marzo, 85% en abril y 80% en mayo.
Todo este ingente manguerazo de ayudas públicas a las empresas, incluyendo el sueldo reducido al 70% de la base imponible de las y los trabajadores, ha supuesto para las arcas públicas en 2020 más de 30.000 millones de euros- hay falta de transparencia y las cifras no se ofrecen desagregadas y concretadas-. Mientras para el Ingreso Mínimo vital se han destinado apenas 1.500 millones de euros para este año- la previsión era el doble-, veinte veces menos, y es prácticamente el doble, 16.000 millones, de lo destinado al conjunto de las comunidades autónomas para atajar las consecuencias de la covid-19.
Frente a la posición de la patronal y los sindicatos oficializados se ha ubicado el ministro de Seguridad Social José Luis Escriva -parece ser que Yolanda Díaz se inclinó más en favor de mantener las ayudas por ERTE según están- que defendió reducir las exoneraciones para los trabajadores que permanezcan en ERTE a partir del 31 de mayo, para aumentar más las de los incorporados a sus puestos, según el ministro, para estimular la reincorporación. Una posición realmente increíble porque, aunque es cierto que la situación está cambiando y el Estado debería de dejar de costear las plantillas de las empresas, prohibiendo por otra parte el despido claro está, y dejar de incrementar el agujero de la Seguridad Social cuando hay muchas empresas que ya están en beneficios y no digamos las grandes empresas del IBEX35, por lo que en ningún caso se debería estimular a las empresas por incorporar trabajadores y obtener aún más ganancias.
Los ERTE que según la ministra Yolanda Díaz, una auténtica fan de ese mecanismo flexibilizador de las plantillas, “han venido para quedarse”, solo tratan de garantizar el beneficio empresarial a costa de las y los trabajadores y del erario público. Todo ello sin apenas contrapartidas dado que ni siquiera aseguran el empleo, supuestamente defendido con esta herramienta flexibilizadora, a medio plazo. Solo tenemos que ver los más de 35.000 despidos que se han anunciado mediante ERE recientemente por las grandes empresas de multitud de sectores (automóvil, banca, aeroespacial, eléctrico, gran comercio, etc.).
Hay que desenmascarar el “consenso pandémico” en favor de la patronal y sostenido con la complicidad de las cúpulas de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT en alianza con el Gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos, para mantener la paz social y una de cuyas herramientas de ataque, envuelta en precioso celofán de defensa del empleo, son los ERTE.
Por ello, hay que plantear la defensa irreductible de los empleos sobre la base del reparto del tiempo de trabajo- trabajar menos para trabajar todos- sin reducción salarial. Un programa de inversiones públicas que posibilite el empleo masivo de jóvenes, mujeres y parados de larga duración apoyado en una reforma fiscal para que recaiga sobre las grandes fortunas y empresas que apenas pagan impuestos. Además de la prohibición de los despidos y los desahucios, de los cortes de luz, agua, teléfono y gas, y la nacionalización de las grandes empresas que cierren o despidan, entre otras medidas de emergencia social.
Para ello, hay que movilizarse en la calle de manera unitaria y con independencia de clase, sin dejar pasar un solo ataque de la patronal o del Gobierno contra nuestros derechos laborales y sociales. Rompiendo y desenmascarando las capitulaciones de las burocracias sindicales e impulsando la coordinación y la autoorganización en cada barrio, centro de trabajo o estudio mediante asambleas, en la perspectiva de exigir un frente único para la lucha.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
