El PRO busca los votos necesarios para el ingreso de privados en el Autódromo. El proyecto que el año pasado Macri no pudo aprobar, intentará volver esta semana de la mano de Rodríguez Larreta. El PRO, los radicales y el FpV estarían negociando el texto final.
Jueves 29 de septiembre de 2016
Bajo el pomposo título de “Plan integral, social, cultural, deportivo y comercial, tendiente a la integración, urbanización, recuperación, reposicionamiento y jerarquización del Autódromo, con impacto económico y cultural en beneficio del Área de Desarrollo Sur de la Ciudad”, el PRO sigue a paso firme en la privatización de terrenos de la zona sur.
La ley que busca su aprobación crea un fideicomiso del que será parte el Gobierno de la Ciudad y los privados que deseen ingresar, los cuales deberán estar relacionados con la industria automotriz y/o del automovilismo deportivo y/o motociclismo deportivo, durante 30 años, en el predio tiene casi 180 hectáreas.
Todo el proyecto quedará además a cargo del Ministerio de Modernización de la Ciudad como autoridad de aplicación, que está al mando de Andy Freire, ex director del gigante inmobiliario IRSA, que tiene unos cuantos negocios en la Ciudad, entre ellos los principales shoppings y otros grandes emprendimientos inmobiliarios.
Este Ministerio tendrá a cargo todos los grises que tiene la ley que se develarían recién con su reglamentación. Entre otras cosas, cómo se integrará el patrimonio del fideicomiso, cómo se designarán las personas físicas o jurídicas para el mismo, qué facultades tendrá el Gobierno de la Ciudad, entre ellas su poder de veto. Casi un cheque en blanco en manos de quien fuera director de IRSA hasta hace menos de un año.
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Pero no son los únicos puntos oscuros. El Laboratorio de Políticas Públicas cuestionó además la redacción del artículo 5° que establece que “el derecho constituido sobre el bien de dominio público retornará al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esta ambigüedad permite que pueda “no reintegrarse el objeto (inmueble) con sus mejoras y construcciones, sino los derechos que quedaron acreditados en el Banco Ciudad”, algo que es muy incierto porque la ley no exige ninguna contraprestación y permite que se queden con todas las ganancias. Al no explicitar que esos terrenos no puedan ser vendidos en el futuro, lamentablemente, y dadas las últimas experiencias en la Ciudad, es de temerse que podamos terminar en la venta lisa y llana de esos terrenos una vez finalizado el fideicomiso.
El diputado del Frente de Izquierda, Patricio del Corro, adelantó que se opondrá a este proyecto y que “el predio del Autódromo tiene que ser recuperado por la Ciudad para el desarrollo de actividades deportivas y culturales de los vecinos de la comuna 8 y volver a ponerlo en el lugar que se merece. De hecho, hay otros proyectos que promueven la puesta en valor del Autódromo, pero manteniéndolo en la esfera pública y habilitando nuevos espacios verdes, pero el oficialismo solo busca como favorecer negocios privados. Es paradigmático que hace años que la Comuna 8 espera tener un hospital equipado que pueda atender su demanda, pero jamás ha sido una prioridad del PRO. El proyecto que pretenden votar ni siquiera incluye un estudio de impacto ambiental, permitiendo hasta la realización de deportes acuáticos de motor en el lago, que junto con los de Lugano y Soldati forman parte de un corredor biológico en la zona sur”.
Suba de tarifas, pero baja de impuestos a los privados
El nuevo plan del PRO establece también diversos incentivos fiscales relacionados con el pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y exención del Impuesto de Sellos y del pago de distintos impuestos relacionados con las nuevas construcciones, como verificaciones de obras y otros.
Son tantos los beneficios que las empresas que sean parte podrán utilizar estas exenciones para otras actividades económicas que realicen en la Ciudad, aunque nada tengan que ver con el objetivo del plan previsto en el proyecto.
El mismo informe realizado por el Laboratorio de Políticas Públicas estimaba que “el plazo de recupero de la inversión será de 2,17 años gracias a los beneficios impositivos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad a los participantes del proyecto, sumado a que no se prevé el cobro de un canon de explotación por el uso de tierra pública”. Una verdadera estafa que terminaremos pagando los porteños, no solo porque los privados no pagarán nada por utilizar estos terrenos públicos, sino que tendrán además exenciones impositivas para cualquier actividad que realicen en la Ciudad.
Nada mal si se tiene en cuenta que actualmente, según publicó Clarín, un ex ministro de Economía dijo, en referencia a la situación del país, que los inversores “por un tiempo pretenderán recuperar el capital invertido acá en cuatro o cinco años, cuando en países previsibles se estiran a doce”. Una vez más la Ciudad a la vanguardia, facilitando las ganancias capitalistas.
Los negocios de los privados están a plena luz, pero no queda para nada claro cuáles serán los supuestos beneficios para los porteños que traerá este proyecto.
El papel del Frente para la Victoria y la oposición
Después de acompañar las votaciones de la Agencia de Bienes S.E. o la concesión del Centro de Exposiciones del Parque Thays, el Frente para la Victoria presentó un proyecto que reproduce el espíritu de lo esencial del macrista: la privatización de hectáreas verdes de la Ciudad.
Presentaron por intermedio de los diputados Andrade y Pokoik algunas pequeñas enmiendas para permitir este fideicomiso privado en tierras públicas. Su proyecto disminuye la duración de 30 a 20 años, pretende privilegiar a las PyMEs y baja los montos de las exenciones impositivas, pero mantiene el espíritu de esta legislación privatista del espacio público.
Habrá que ver hasta dónde no es más que una puesta en escena para negociar con el oficialismo la aprobación de la ley a cambio de algunos cambios cosméticos. La realidad es que el PRO necesita además de los votos de sus aliados de Cambiemos, los del peronismo porteño, que viene hasta ahora obsequiando al jefe de Gobierno con los votos necesarios para que se apruebe cada una de sus iniciativas privatizadoras.
