Ajuste. Sin pan y sin trabajo: por qué el plan de Milei sólo puede traer más pobreza

Pocos 7 de agosto (día de San Cayetano) encontraron a la situación social del país en un estado tan crítico. Sobre un deterioro que se arrastra y agudiza desde hace más de 10 años el ajuste de Milei y Caputo está sumergiendo a millones de personas en la pobreza y empeorando a ritmo acelerado las condiciones laborales. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) calculó que en el primer trimestre del año en Argentina la pobreza alcanzó al 54,9 % de la población y la indigencia al 20,3 %. A su vez, en los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei cayó en 612.139 el número de trabajadores independientes y en relación de dependencia aportantes a los regímenes de la Seguridad Social, según datos la Subsecretaria de Seguridad Social (debido a despidos y o el pase a la informalidad).

Ni la Iglesia, como las organizaciones sociales y políticas que la siguen, como la CGT y la CTA hacen mucho más que denunciar los sufrimientos de las grandes mayorías. Hasta el momento, han optado por ser garantes de la paz social, la UCA afirma en su último informe que las “políticas de ajuste correctivas” implementadas por el nuevo gobierno fueron “brutales” pero “inevitables” y este miércoles en Plaza de Mayo Pablo Moyano presentó la jornada como “continuidad del plan de lucha” pero no dio explicaciones sobre la parálisis de la CGT ni mucho menos anunció cómo continuaría ese plan.

Las políticas económicas de la Libertad Avanza son un ataque directo e indirecto a los trabajadores, los jubilados y sus familias por la vía del recorte presupuestario y la baja de la producción (recesión). Los datos de consumo publicados por el Indec reflejaron que en el mes de mayo las compras en los autoservicios mayoristas cayeron un 13,3 % respecto a igual mes de 2023 y las ventas en los supermercados mostraron una caída de 9,7 % interanual. Al mismo tiempo las grandes empresas multiplicaron sus ganancias, como La Serenísima (Mastellone hnos.) que ganó más de $ 56.000 millones en el primer semestre del año. Mantener la pasividad en este contexto es ser cómplice del ajuste del Gobierno ya que es necesario un contundente plan de lucha para invertir las prioridades y sean las grandes corporaciones quienes paguen el costo de la crisis.

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Las esperanzas de Milei y Caputo están puestas en conseguir el ingreso de dólares al país por la vía de aumentar la deuda externa y el ingreso de inversiones mediante el RIGI que concede beneficios extraordinarios que permitirían el saqueo de los bienes comunes naturales. La combinación del miedo por una recesión en los Estados Unidos, los nubarrones financieros en importantes países asiáticos (con su impacto global) y la reducción del crecimiento en China; hacen menos probable que organismos internacionales o grandes empresas le den crédito o inviertan en la Argentina. Con este panorama lo más probable es que el Gobierno opte por redoblar el ajuste, agravando sus consecuencias.

Las cifras publicadas por la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) grafican con claridad los recortes del ministro de Economía, Luis Caputo. En julio los gastos totales del Estado cayeron 27,9 % interanual en términos reales, teniendo a las partidas de jubilaciones, obra pública, subsidios y programas sociales entre las más afectadas.

Respecto a los haberes jubilatorios, al comparar el poder de compra promedio de siete meses de 2024 respecto de igual período de 2023 OPC registró una caída real de 29,2 % interanual. Los programas sociales, entre los que se encuentran los que reemplazaron al Potenciar Trabajo, la tarjeta alimentaria y las becas progresar, acumulan un recorte del 40,3 % en el mismo periodo. Los subsidios a la energía y el transporte fueron reducidos en un nivel similar, un 36,9 %

El aumento de la pobreza y el hambre, son consecuencia del ataque sistemático del Gobierno a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora. Es imposible lograr una recuperación real de los ingresos de las grandes mayorías sin afectar las ganancias del capital concentrado. En las 12.000 principales empresas del país (que nunca pierden y hasta ganan mucho más con la inflación y el ajuste) es posible recortar la jornada laboral a seis horas, sin reducción salarial, y que se repartan las horas “liberadas” entre la población desocupada, elevando los salarios hasta que cubran la canasta familiar. Así, se podría crear un millón de nuevos puestos de trabajo de calidad. Una primera medida de emergencia para recuperar parte del “el pan y el trabajo”, pero para conquistarla es clave la organización de los trabajadores para romper la paz social.

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