En 2022 el personal docente de Catalunya hizo 5 huelgas masivas a las que se sumaron sectores del lleure externalizados y miles de estudiantes en solidaridad. Las huelgas pusieron en jaque al conseller d’Educació de ese momento Josep González Cambray, que fue considerado persona non grata por votación de algunos claustros docentes y que acabaría siendo destituido al año siguiente.
Lunes 20 de enero
Las jornadas de movilización, que dejaron imágenes de represión por parte de los Mossos a docentes y estudiantes en las puertas del Departament, denunciaban los recortes, la precarización de la educación y de las condiciones laborales del personal educativo, la persecución al catalán con las sentencias del 25% o la aplicación de un currículum creado sin consulta a la comunidad educativa. Pero también nos dejaron imágenes de autoorganización en los centros con asambleas en institutos y escuelas y coordinadoras territoriales para discutir el plan de lucha a seguir.
Previo a las movilizaciones de 2022, en 2021 vimos movilización masivas con miles y miles de interinos e interinas saliendo a las calles a exigir un proceso de estabilización. Por normativa europea, Catalunya debía reducir drásticamente en poco más de dos años su porcentaje de interinos en un educación que representaba un 50% de las plantillas. Estas jornadas de paros y huelgas acabaron, en cierto modo, desviados con la promesa de un proceso de estabilización por concurso de méritos de aquellos docentes con más puntos así como la realización de unas oposiciones light donde primaría la experiencia laboral por encima de otros requisitos.
¿De dónde venimos?
La situación de precariedad y recortes en la educación pública catalana viene de lejos. Ya con el gobierno de Artur Mas (CiU) se recortaba a la educación privada mientras se seguía financiando el concierto privado, estando muchos de ellos en manos de entidades religiosas.
La aprobación de la Llei Catalana d’Educació (LEC, 2009) abría las puertas a la gestión propia de los centros pero bajo el manto de la privatización y la segregación y que conllevó la movilización de la comunidad educativa en contra de su aplicación.
En 2006 el tripartito firmó el Pacte Nacional per a l’Educació que ponía las bases de la futura LEC y que englobaba jurídicamente las dos redes educativas -concertada-privada y pública- y las ponía bajo el sistema único educativo catalán.
El despliegue de la LEC nos dejó algunos de los decretos contras los que a día de hoy seguimos luchando porque acaban con todo rastro de democracia en los centros, de poder de decisión de los docentes y de implementar una verdadera pedagogía que desarrolle los intereses del alumnado y no de un puñado de empresas que hacen negocio con la educación.
Decreto de plantillas y plazas perfiladas
Un hecho diferencial que tenemos en Catalunya y no encontramos en otras comunidades es el infame Decreto de Plantillas por el cual las direcciones de los centros ejercen un gran poder sobre el personal docente. La selección de personal a dedo, el proceso de entrevistas para ocupar lugares de trabajo de difícil cobertura, las plazas perfiladas acorde a las necesidades de la dirección, entre otras, hacen que cada curso miles de interinos e interinas vean como pende de un hilo su continuación en los centros, por no hablar del clima de presión y amiguismo que se genera, menguando la poca democracia que queda en los centros educativos.
El negocio de las plazas perfiladas se merece un punto y aparte. Para tener un perfil necesitas sacarte cursos de unas horas estipuladas. Curso que ofrece la Generalitat a través de empresas privadas o que gestionas tú directamente con esas mismas empresas privadas. Cursos que van entre las 40 y las 80 horas y que permiten que puedas hacer click, activarte un perfil y optar a una plaza pasando por encima de docentes con más experiencia laboral que tú. A inicios de este curso el problema de este tipo de plazas se hizo patente.
Con los miles de nuevos funcionarios que debían incorporarse este nuevo curso después de las oposiciones a cascoporro que hizo la Generalitat parece que obviaron el pequeño problemas de las miles de plazas perfiladas y de puestos cubiertos a dedo por las direcciones. ¿Resultado? Funcionarios enviados a más de 200 km de su casa o cubriendo especialidades radicalmente diferentes a las suyas porque las perfiladas y las reclamaciones a dedo no salieron a concurso de oposiciones. Luego los resultados académicos son culpa de alumnos y profesores, no de la gestión del Departament que pone a alguien de historia a hacer catalán y matemáticas o porque se nos vaya el tiempo en desplazamientos al vivir a 2 horas del centro de destinación.
Otro decreto más…el de autonomía de los centros: empresas privadas en la pública
Allá por 2010 la Generalitat aprobaba el decreto de autonomía de los centros, con Ernest Maragall a la cabeza del Departament. La mayoría de sindicatos de educación se opusieron a dicho decreto al considerar que incorporaba prácticas de las empresas privadas a la enseñanza pública y que fomentaría la segregación y la competencia entre centros.
Con la excusa de acabar con la doble red de escuelas concertadas y públicas, el decreto abría las puertas de los centros públicos a la gestión privada, considerada más eficiente.
Entre otras cosas, el decreto permitía que los centros eligieran y añadieran asignaturas, cosa que antes estaba reservada al Departament d’Educació.
Además de la autonomía a nivel pedagógico que lo centra todo en los resultados académicos, este decreto desarrolla la jerarquía de la dirección por encima del resto del equipo docente y el del proyecto educativo del centre que se basa en el proyecto de la propia dirección y por el cual se establecen los recursos en función de los resultados obtenidos fomentando de esta manera la competitividad desigual entre centros.
La autonomía que se promueve está vinculada a los resultados que obtenga el centro, pero ¿cómo se miden estos resultados? Con las competencias básicas que gestiona la Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació -ahora mismo Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu-.
Esta dependencia de los resultados tiene dos grandes impactos que vemos en los centros cada día.
No somos pocos los que hemos trabajado en centros donde se manipulan descaradamente los resultados seleccionando a alumnos que se considera tendrán muy malos resultados y se les privará de hacer la prueba junto al resto de la clase para evitar que bajen las estadísticas. Por otra parte, los centros de máxima complejidad o los centros ubicados en zonas con menos recursos socioeconómicos tiene resultados más bajos lo cual afecta a los recursos que tendrán para el curso siguiente.
Además, para poder buscar recursos y vías propias de financiación se permitía a los centros hacerlo a través de los Proyectos de innovación pedagógica y curricular, abriendo la puerta a fundaciones y empresas privadas. Y yendo más lejos aún, en el artículo 16.2 del decreto se plantea que ante un resultado deficitario de las cuentas del centro este debería pedir un crédito privado, lavándose las manos de esta manera de la responsabilidad institucional ante un servicio público.
¿Otra manera de entrada de las empresas privadas en la educación pública? Pues a través de los Consejos Escolares. En aquellos centros públicos que se oferte formación profesional, se puede proponer la participación con voz y sin voto de un representante empresarial de las empresas relacionadas con los estudios impartidos.
En definitiva, tal como denunciaba la CGT en su momento, el decreto de autonomía de los centros tenía una terminología reivindicada por muchos docentes y que acabó siendo un caballo de Troya para introducir un modelo jerarquizado, burocrático y privatizador.
Una supuesta autonomía que queda relegada a los planes de la Generalitat, como por ejemplo el adelanto del calendario escolar o el intento desde hace varios cursos de acabar con la jornada única en la secundaria e imponer la jornada partida con el falso argumento de acabar con el abandono escolar.
Perspectivas de lucha
Son muchas las reivindicaciones por las que luchar de manera organizada. Desde la aplicación efectiva de destinar el 6% del PIB a la financiación del pública y el fin de todos los conciertos educativos, así como la salida de todas las empresas privadas de la educación pública; la estabilización del personal interino; el fin de los decretos antidemocráticos; la internalización del personal no docente contrata a través de empresas privadas, como el lleure o el personal de limpieza; el aumento de recursos y el fin de la segregación entre centros que profundizan la marginación de nuestros alumnos; o la lucha contra la imposición del 25% del castellano en las aulas y la defensa de la escuela pública en catalán.
Son muchos los puntos que debemos discutir y sumar a un plan de lucha para no permitir ningún ataque más a la educación privada a la vez que revertimos los que llevamos sufriendo los últimos años.
Ahora bien, es necesario añadir un punto de debate actual: luchar por el mantenimiento de MUFACE. La respuesta debe ser “no”. No podemos luchar por una educación pública mientras perpetuamos un modelo privado de sanidad. Todo el mundo a la sanidad pública y a luchar en contra de sus recortes económicos y en condiciones laborales.
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El camino de lucha que dejaron las huelgas de 2022, con autoorganización en asambleas y coordinadora, inclusión de todos los sectores educativos y convocatoria unitaria de los sindicatos educativos. Es algo que debemos retomar, así como el ejemplo de las huelgas convocadas de manera conjunta entre sanidad y educación.
