Así lo solicitaron los fiscales en un dictamen ante el juez Augé, en la causa que investiga el espionaje ilegal sobre el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria en 2018.
Martes 28 de julio de 2020 11:03
Los fiscales encargados de la investigación, Cecilia Incardona y Santiago Eyherbide, les atribuyen los delitos violación de la ley de inteligencia, por haber ordenado y realizado tareas de espionaje ilegal, y el de falsedad ideológica ya que además intentaron ocultar las maniobras de espionaje a través de la producción de documentos falsos, buscando de darle apariencia legal a ese accionar.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideran en base a lo investigado, que Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, la cúpula de la AFI no sólo estaba al tanto del espionaje ilegal sino que los encargaba y encubría.
Estos documentos truchos fueron llevados a la Bicameral del Congreso y a la justicia con el mismo objetivo de pretender ocultar el espionaje. Esos documentos fueron rubricados y sellados como pertenecientes a la AFI para dar esa apariencia legal y que la investigación está demostrando su falsedad.
El 9 de agosto de 2018, Arribas y Majdalani “suscribieron conjuntamente la Nota con sello de identificación de la AFI N° 8201 que fue presentada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia” con la que buscaron justificar las actividades desarrolladas por los espías descubiertos.
En este mismo expediente ya se encuentra procesado el espía Alan Ruiz, que es quien coordinaba los operativos ilegales en la “calle”.
Según consigna la agencia Télam, las órdenes a Ruiz, estiman los fiscales, eran impartidas directamente por Silvia Majdalani, quien debía junto a su grupo de espías, vigilar e informar si en ambos domicilios ingresaban o salían "bolsos".
Estas tareas ilegales desde la AFI macrista las quisieron “dibujar” como tareas de seguridad frente a posibles riesgos ante un eventual ataque terrorista, como se intentó decir en un primer momento. Con ese pretexto, se habrían desplegado tareas para desarrollar “vigilancia perimetral”, en el marco de una causa por alarmas de atentado, radicada en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena, quien debió excusarse de intervenir en este expediente.
Los fiscales pidieron también solicitaron que sea procesado el agente y exdirector operacional de Contrainteligencia, Martín Coste, quien había dicho en el Congreso que en realidad "el director general de Operaciones era la subdirectora (es decir, Silvia Majdalani)".
Las derivaciones y hasta dónde lleve esta causa y el megaoperativo de espionaje ilegal durante el macrismo, están por verse. Pero se trata de un organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo, el expresidente Mauricio Macri y su exjefe de gabinete Marcos Peña, al menos, no podrían haber desconocido las tareas que se realizaban en la ex SIDE.
El espionaje ilegal se extendió durante el macrismo a periodistas, organizaciones sociales y la izquierda.
Este tipo de prácticas ilegales de espionaje contra opositores, trabajadores y organizaciones ocurrieron bajo todos los Gobiernos más allá de su signo político. Se trata de una práctica de la que ningún Gobierno pudo prescindir, uno de los cimientos de los Estados capitalistas.
