Este 06 de junio se disputará la segunda vuelta presidencial. Keiko Fujimori con una campaña demagógica y basada en el miedo pretende ganar para profundizar las políticas de explotación y saqueo, mientras que Pedro Castillo, con un programa adaptado a la presión de la derecha y a la institucionalidad vigente, se ha convertido en el candidato del anti fujimorismo y de los sectores postergados. Más allá del 06 de junio, urge continuar la lucha para acabar con el régimen del 93 e imponer un plan de emergencia que evite que la crisis la sigamos pagando los trabajadores y el pueblo.
Viernes 4 de junio de 2021 08:50
Hemos llegado a esta segunda vuelta en el marco de una profunda crisis política que se suma a la crisis socio sanitaria agudizada por la proliferación del coronavirus y el estancamiento económico. Esta crisis política se expresó en la primera vuelta en los elevados índices de voto nulo, viciado, blanco y en el ausentismo electoral, lo cual llevo a que las dos candidaturas que pasaron a la segunda vuelta lo hicieran sin superar el 20%, esto demuestra el descredito en las instituciones y en los partidos políticos existentes. Recordemos que el descontento social ya tuvo una expresión contundente y explosiva en las masivas movilizaciones de noviembre del 2020 que tiraron a Manuel Merino. En esa oportunidad, la burguesía y los medios de comunicación, sostenidos en el congreso y de la mano de la izquierda reformista y la burocracia sindical, trataron de desviar este descontento y oxigenar el régimen, para lo cual buscaron crear ilusiones en las elecciones del 11 de abril, pero no lo lograron.
Es en ese contexto que el docente y dirigente sindical Pedro Castillo y Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, llegaron al balotaje que se resolverá este domingo 06 de junio. En esta segunda vuelta, y así como ocurrió en las dos últimas elecciones presidenciales, ha primado el malmenorismo, lo cual ha llevado a que Castillo capitalice el masivo voto anti fujimorista y las aspiraciones de cambio de los sectores más postergados, los cuales no le creen ya a Keiko Fujimori a pesar que esta, en el último tramo, impulsó una campaña demagógica y populista prometiendo de todo con lo cual pretendía ganar el voto de los sectores populares que viven en condiciones deplorables como consecuencia de la crisis económica.
Así también, el fujimorismo y sus aliados han implementado una campaña macartista basada en el miedo y las mentiras que nos recordó los años más oscuros del gobierno de Alberto Fujimori. Para ello y valiéndose del apoyo de la gran prensa, no dudaron en apelar al “terruqueo”, al racismo y al boicot económico para hacer creer a la población que detrás de la candidatura de Castillo se esconde el “modelo chavista”, el comunismo, el terrorismo y el derrumbe de la economía. Sin embargo, lo que en realidad les preocupa a estos sectores empresariales, a los partidos patronales y a personajes reaccionarios del espectro intelectual como Mario Vargas Llosa, es que este cuestionamiento popular a los pilares económicos y jurídicos del régimen del 93 termine abriendo camino a procesos de lucha social como los vividos hace poco en Colombia, Chile y Ecuador y que estos procesos de lucha pongan en la picota sus privilegios de clase salvaguardados hoy por la institucionalidad vigente.
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Por eso, el énfasis en la campaña electoral fue descalificar groseramente cualquier iniciativa que cuestione al régimen del 93 como el cambio de constitución vía asamblea constituyente o la nacionalización de los recursos naturales y empresas estratégicas. A esto se sumó la desvirtuación sistemática de la lucha y la movilización popular haciéndolas ver como expresiones “terroristas” y violentistas, para lo cual promovieron la defensa irrestricta de instituciones represivas como el ejército y la Policía Nacional, esta última, como se sabe, fue responsable de los asesinatos de los dos estudiantes (Inti y Bryan) que se movilizaron en la jornadas de noviembre y de tres obreros que participaron en las contundentes huelgas agrarias de diciembre y enero de este año.
En ese entender, y apelando al fantasma del comunismo y el terrorismo, el eje del fujimorismo y sus aliados se centró en defender la institucionalidad y la democracia emanadas de la constitución de 1993, las cuales preservan los enormes privilegios de una minoría de ricos en desmedro de los intereses y necesidades del pueblo trabajador. No olvidemos que esta constitución hecha por Alberto Fujimori en la década del 90, no solo avala la evasión tributaria de los grandes empresarios a través de los contratos de estabilidad jurídica, sino que también prioriza el papel de la inversión privada en desmedro del rol del estado el cual se convierte en mero subsidiario del capital, así mismo, la constitución de 1993 promueve la liquidación de los derechos laborales y recorta la libertad sindical. Recordemos también que la actual constitución cierra las puertas a cualquier proceso constituyente soberano e independiente de los poderes facticos, por eso, pretender hacer cambios profundos en el marco de esta constitución es contraproducente.
En esta segunda vuelta, Pedro Castillo - presionado por la campaña del fujimorismo y sus aliados – ha terminado girando a derecha y ha abandonado sus propuestas de primera vuelta donde (tímidamente y con su propio enfoque) hacia énfasis en cambiar la constitución de 1993 a través de una asamblea constituyente, hablaba de nacionalizar las empresas estratégicas y los recursos naturales y confrontaba las políticas neoliberales y las instituciones podridas en las cuales se sostienen los intereses de los grandes empresarios.
Este viraje se expresó inicialmente en la suscripción de la denominada “proclama ciudadana”, donde Castillo se comprometió formalmente a respetar la constitución política vigente y sus instituciones. Esto quedaría refrendado en el primer debate técnico y en el segundo debate presidencial del pasado 30 de mayo. En ambos eventos desapareció de su discurso el llamado a las nacionalizaciones y el cuestionamiento al neoliberalismo, además, su demanda por una nueva constitución se redujo a una cuestión más declamativa y formal desarticulada ya de la demanda por una asamblea constituyente. Se hizo constante y reiterativa su defensa de la propiedad privada burguesa y su llamado a los empresarios “honestos” a sumarse a su proyecto, dejando en el olvido las demandas de la clase obrera como la derogatoria de la suspensión perfecta de labores y la anulación de los regímenes precarizadores que son la principal fuente de desempleo y pobreza de millones de peruanos. Castillo se sumó también a la defensa de las instituciones represivas, a las cuales dijo que dignificaría en un probable gobierno suyo, y persistió en sus posiciones contrarias a las demandas de las mujeres y la diversidad sexual.
Dejamos en claro que somos respetuosos de la voluntad de los miles de trabajadores y sectores populares que en esta segunda vuelta optaran por Castillo para cerrarle el paso al fujimorismo, y que ante una victoria de Keiko Fujimori, seremos los primeros en salir a las calles contra un nuevo gobierno de la derecha como lo hemos venido haciendo durante esta segunda vuelta. Sin embargo, consideramos que un probable gobierno de Pedro Castillo no asegura acabar con la herencia fujimorista expresada en el vigente régimen económico y político que tiene su expresión jurídica en la constitución política de 1993, por ello, no le damos la más mínima confianza a su candidatura.
Luchemos por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y por un programa de emergencia que evite que la crisis la sigamos pagando los trabajadores y el pueblo pobre
La única forma de acabar realmente con el régimen del 93 y evitar que la profunda crisis socio sanitaria siga golpeando a los trabajadores y al pueblo, es imponiendo con la lucha y la auto organización obrera y popular una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la cual, no deberá estar sujeta ni condicionada por los poderes existentes (ejecutivo, legislativo o judicial) y así mismo deberá tener la facultad para aprobar un programa de emergencia y de ruptura con los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
En esta Asamblea Constituyente Libre y Soberana deberán estar representados las y los trabajadores, los pueblos originarios, las mujeres y la juventud. Aquí pelearemos para que se derogue la suspensión perfecta de labores y los regímenes laborales que precarizan el empleo y llevan a la pobreza a millones. Así mismo, y para combatir la crisis sanitaria, impulsaremos la liberación de las patentes para habilitar la producción y distribución masiva de vacunas, la centralización y nacionalización de los sistemas de Salud y la estatización con control obrero de las clínicas, laboratorios, cadenas farmacéuticas y centros de producción y expendio de oxigeno medicinal, además de licencias pagas al 100% para los trabajadores afectados por el virus y salarios de cuarentena.
Para reactivar la economía impulsaremos la condonación de deudas para pequeños y medianos comerciantes e impuestos progresivos a las grandes fortunas, además de la nacionalización con control obrero de la minería y empresas estratégicas. Mientras que, para enfrentar la irracionalidad de las corporaciones y el imperialismo, lucharemos para imponer la estatización del comercio exterior y la nacionalización del sistema bancario bajo control obrero; junto con el no pago de la deuda externa que nos obliga a destinar millonarios recursos para atender a los pulpos económicos internacionales y no para las necesidades del pueblo en estos tiempos de crisis.
Frente a la inflación, la carestía de la vida y el chantaje económico de los empresarios, sostendremos la pelea por la escala móvil de los salarios y horas de trabajo. Ocupación y control obrero de toda fábrica o establecimiento que cierre o quiebre. Ante los despidos masivos y la cesantía; lucharemos por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario para combatir la desocupación. Nacionalización de la banca bajo control obrero y estatización del comercio exterior para terminar con la fuga de capitales que solo beneficia a corporaciones y empresas imperialistas.
Estas y otras medidas no vendrán desde arriba, sino más bien deberán ser impuestas por la lucha de la clase trabajadora y el pueblo, basada en instancias de auto organización y defensa, como los comités de lucha, asambleas populares, frentes de defensa, consejos obreros y del pueblo pobre, entre otros espacios, desde los cuales también bregaremos por imponer un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo, que nos permita acabar con la explotación y la miseria a la que nos arrojan los capitalistas. Para avanzar en ese sentido es fundamental construir cuanto antes un partido revolucionario de las y los trabajadores, independiente de los empresarios y de las opciones neo reformistas y reformistas.