Rechazo masivo al tarifazo retroactivo. Los servicios públicos no pueden estar en manos privadas. Estatización bajo gestión de trabajadores, técnicos y participación de usuarios populares.
Pablo Anino @PabloAnino
Lucía Ortega @OrtegaLu_
Miércoles 10 de octubre de 2018
El lunes pasado el Secretario de Energía, Javier Iguacel, oficializó un nuevo tarifazo en el gas. Con el mismo, no sólo se sella un crecimiento extraordinario de 1.848 % en el monto promedio cobrado a los usuarios residenciales desde diciembre de 2015, sino que agrega un instrumento para incrementar las tarifas muy particular que deja de manifiesto, sin lugar a dudas, que la política energética del gobierno persigue el único objetivo de satisfacer la sed de ganancias empresarias.
De igual forma, el rechazo masivo de la población a esta medida, y que cada vez vuelve más insostenible el acceso a servicios esenciales por parte de las familias trabajadoras, conduce a cuestionar, indefectiblemente, que las empresas de servicios públicos estén bajo la órbita privada, esquema de privatizaciones que se ha mantenido intacto desde la década de 1990.
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En el mes de abril, las tarifas de gas se habían incrementado 32 % en promedio. Ahora en octubre los aumentos que aplicarán las distribuidoras consisten en un 19,67 % a los usuarios residenciales en términos de cargos fijos, y aumentos por consumo, que van del 60 % al 63 % en el caso de los usuarios que menos gas utilizan (la categoría R1) y de 21 % a 22 % para las categorías más altas. Además, una “segunda parte” de este aumento llegará en enero de 2019, con un 10 a 15 % adicional.
Pero el provocador Iguacel, como otras tantas promesas del gobierno, justifica estos aumentos con el argumento de que el próximo invierno habrá una “tarifa plana”, aunque tampoco se especifica qué impacto tendría la misma en los salarios cada vez más devaluados.
El hecho que terminó de romper la paciencia social, después de tantos tarifazos y de su carga cada vez más insoportable, es un aumento adicional y “extraordinario” que empezará a impactar en la próxima facturación y cuyo único objetivo es trasladar el costo de la devaluación pasada (entre abril y septiembre) a los bolsillos de los usuarios para asegurar a las empresas amigas, tanto productoras como distribuidoras, que verán conservadas sus ganancias en dólares.
Pero además de este beneficio, también les otorgan un negocio jugoso que es adjudicarle a los usuarios este sobrecosto como si fuese una deuda (de facturas que ya fueron pagadas), para lo cual se le imputan intereses y también el costo de la “financiación” en 24 cuotas. Es decir, intereses sobre intereses. Todo ganancia (para las empresas).
Tal es el exabrupto, que el fiscal Marijuan denunció penalmente al Secretario de Energía, Javier Iguacel, por abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En juego hay $ 10.600 millones, que es el reclamo entre productoras y distribuidoras, considerando que Camuzzi exige una diferencia de $ 3.300 millones, Gas Ban $ 2.800, EcoGas $ 1.500 y Metrogas en torno a los $ 3.000, a lo que deben sumarse los jugosos intereses.
Las facturas de gas comprenden tres elementos: a) el precio del gas en "boca de pozo"; b) tarifa de transporte; c) tarifa de distribución. El Gobierno oculta las razones por las cuales hace pagar al usuario un precio en "boca de pozo", que es justamente el componente implicado en el tarifazo retroactivo, a valores superiores a los internacionales e incluso a los costos de producción que declara YPF cuando le habla a sus accionistas en Nueva York.
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A pesar de las enormes ganancias que vienen obteniendo las empresas en los últimos años gracias a los tarifazos, ahora quieren más. Y amenazan con un empeoramiento del servicio si no reciben lo que reclaman.
El día lunes, Nicolás del Caño junto a la diputada Nathalia González Seligra, del bloque del PTS-Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de ley para dar marcha atrás con la “compensación” del secretario de Energía, Javier Iguacel, que favorece a las privatizadas. El proyecto propone derogar la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, así como las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas, según las cuales se oficializan los nuevos cuadros tarifarios en el gas.
La oposición al Gobierno pidió la convocatoria a una sesión especial para el próximo jueves 18 de octubre, en la Cámara de Diputados. La sesión fue reclamada por todos los bloques de la oposición, desde el peronismo semi-oficialista (Bloque Justicialista y Frente Renovador) hasta la oposición dura, referenciada con el Frente de Izquierda.
Capitalismo de amigos
El sistema energético está en manos de un puñado de empresarios, algunos de ellos amigos o cercanos al presidente.
Metrogas se encuentra controlada por YPF Sociedad Anónima, sometida a la impronta de las ganancias como el resto de las empresas. El Gobierno busca que YPF se desprenda de la empresa de gas. Meses atrás, los diarios hablaban de la posible adquisición por parte del grupo de José Luis Manzano. En el primer semestre, Metrogas aumentó su facturación un 98%, sus ganancias brutas fueron positivas, pero el resultado financiero negativo por un inusitado alto costo financiero.
Pampa Energía es de Marcelo Mindlin, muy cercano al macrismo. Es la principal empresa energética privada del país e interviene en todas las etapas productivas. Posee a Transportadora de Gas del Sur, una de las principales empresas del rubro. Además es dueña de Edenor y otras compañías. En el primer semestre Pampa incrementó su facturación un 74 % y obtuvo resultados positivos por $ 15 mil millones.
Nicolás Caputo, un amigo íntimo de Mauricio Macri tiene participación accionaria en la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), que dirige la Central Puerto, el principal generador de energía eléctrica. Tiene acciones de Edesur y controla muchas otras empresas. En el primer semestre del año, Central Puerto obtuvo ganancias consolidadas por $ 15 mil millones: implicando un increíble aumento de 1.411 %.
La contrapartida de los tarifazos son esas ganancias extraordinarias.
Terminar con el saqueo
Aun siendo un país dependiente de las potencias imperialistas, Argentina fue uno de los primeros países del mundo en conquistar una industria hidrocarburífiera integrada. Gas del Estado llegó a ser la tercera compañía en su rubro en el mundo.
Pero las empresas públicas gestionadas por el Estado capitalista fueron vaciadas por la “patria contratista”. Con la privatización menemista se desmembró la producción energética nacional que integraba extracción, producción, transporte y distribución.
Edenor, Edesur y Metrogas en el Gran Buenos Aires y las distribuidoras del resto de las jurisdicciones son las caras visibles, pero para el abastecimiento energético es fundamental la extracción y producción de hidrocarburos (petróleo y gas).
Durante años Repsol y otras empresas expoliaron los recursos hidrocarburíferos. El Gobierno de Cristina Fernández realizó el fraude de la argentinización con el ingreso de la familia Eskenazi como accionista de Repsol. La nacionalización parcial de las acciones de YPF fue una respuesta de contragolpe para contener ese desfalco y abrir el paso al pacto neocolonial con Chevrón para extraer hidrocarburos en Vaca Muerta. Al negocio del fracking contaminante se sumaron otras empresas como Techint, una de las que pagaron coimas, según los cuadernos de Óscar Centeno.
El esquema de subsidios del kirchnerismo alimentó las ganancias sin cuestionar las privatizaciones menemistas. Entre 2004 y 2015 se dilapidaron U$S 162 mil millones en subsidios de todo tipo a la energía, el transporte y otros sectores. No obstante, la desinversión tuvo consecuencias catastróficas: la extracción de petróleo decayó 21 % en el período que va de 2004 a 2015. En simultáneo, fueron reduciéndose las reservas. Entre 2004 y 2015, la extracción de gas disminuyó 18 % y las reservas pasaron de 11 años en 2004 a 8 en 2014. Así se impuso la necesidad de importar gas. La consecuencia: un enorme rojo en el comercio exterior.
Con la gestión privada, tanto en el modelo subsidiado del kirchnerismo como en el de tarifazos del macrismo, las empresas desinvierten imponiendo la decadencia del sistema energético. O sólo invierten muy parcialmente cuando pueden cobrar carísimo cada peso que desembolsan, como ocurrió durante los años de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, y quieren lograr ahora con el macrismo.
En la actualidad, la producción total de gas y petróleo se encuentra debajo del nivel de 2010 a pesar de la mayor extracción de no convencionales (como en Vaca Muerta). Incluso la inversión total decae a causa de que el vuelco empresarial a Vaca Muerta no compensa la baja en la inversión en hidrocarburos convencionales.
En el primer trimestre de 2018 (último dato disponible), las compañías que producen petróleo y gas cotizantes en el Merval aumentaron sus resultados un 29.350 %. Excepto en distribución de gas, todos los segmentos energéticos exhiben ganancias en alza.
En total, ganaron U$S 810,6 millones en un solo trimestre. Proyectados estos números a todo el año, implican ganancias cercanas a los U$S 3.242 millones o más que el presupuesto universitario anual.
Un servicio esencial
Los servicios públicos son un derecho esencial para el pueblo trabajador. Su provisión hay que desacoplarla de la lógica de la ganancia empresaria.
El actual estado de desmembramiento del entramado energético carece de racionalidad. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte hasta la distribución a los usuarios.
Esta salida es opuesta a volver a la antigua Segba o Gas del Estado para ser expuestas nuevamente al vaciamiento de la "patria contratista" o el Club de la Obra Pública. La expropiación o quita de concesiones a las empresas privadas debe ser sin ningún tipo de indemnización: no se puede hacer como Axel Kicillof que indemnizó a Repsol luego del saqueo de años.
Por el contrario, una auditoria en la que se abran los libros contables de las empresas debe establecer la reparación que deben pagar al pueblo trabajador por la decadencia a que empujaron el sistema.
El sistema energético tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que mediante una votación directa conformen los órganos de dirección y administración. También es central la participación de comités de usuarios populares. La perspectiva es que todo el pueblo trabajador pueda acceder a tarifas bajas, en camino hacia el abaratamiento de los costos energéticos en base al desarrollo productivo.
Pablo Anino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
