La anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Los principales lineamientos agudizan los rasgos regresivos del sistema impositivo.
Pablo Anino @PabloAnino
Miércoles 1ro de noviembre de 2017
Fotografía:DyN
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio a conocer en la tarde del martes los ejes de la reforma tributaria que el oficialismo presentará en el Congreso en dos semanas.
Los cambios impositivos anunciados apuntan a beneficiar a las patronales, agravando el carácter regresivo del sistema impositivo: entre otras iniciativas, se destacan la reducción de las contribuciones patronales y la baja de la tasa del impuesto a las ganancias para las empresas.
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Ayer mismo Dujovne se reunió con legisladores de todos los bloques para informarles de los principales lineamientos.
Concurrieron al convite Nicolás Massot, Diego Bossio, Marco Lavagna, Fernando Sánchez, Pablo Kosiner, Jorge Franco, Alicia Ciciliani, Federico Pinedo, Esteban Bullrich, Juan Manuel Abal Medina, Marco Lavagna, Mario Negri, Silvia Elias De Perez, Alfredo Luenzo y Axel Kicillof.
Todo el régimen de los partidos patronales se pone al servicio de debatir las reformas antiobreras que impulsa Cambiemos. El Frente de Izquierda, como afirmó Nicolás del Caño, rechaza la multisectorial del ajuste.
Baratos y precarizados
Uno de los principales aspectos de la reforma que anunció Dujovne es la suba del mínimo no imponible de las contribuciones patronales, lo que implica directamente un desfinanciamiento de la Anses.
El mínimo no imponible subirá progresivamente hasta alcanzar los $ 12.000 en 2022. Las empresas no pagarán las contribuciones por los salarios debajo de ese valor.
El Gobierno presenta esta medida como un incentivo para el blanqueo de trabajadores no registrados (en “negro”) y para generar empleo, pero la historia muestra lo contrario.
La reducción de contribuciones patronales impulsada por Domingo Cavallo en los ’90 (del 33 % al 17,7 %) no condujo ni a la creación de empleo ni al blanqueo. Por el contrario, el esquema noventista estalló en el 2001 con un mar de desempleados, pobres y trabajadores en negro.
El kirchnerismo aprobó en 2014, a través de la ley 26.940, reducciones para las empresas que contaran con hasta 80 trabajadores. Tampoco redundó en mejoras, ni en el empleo ni en la registración.
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El verdadero incentivo para las empresas será contratar trabajadores con salarios de miseria que ni siquiera cubren la canasta de pobreza. Y están bien lejos de la canasta familiar. De este modo, se ahorrarán las contribuciones patronales.
No sólo eso. Las compañías que contraten trabajadores pagando salarios por encima del mínimo no imponible ($ 12.000 en 2022) deberán hacer las contribuciones sólo por el salario que exceda ese nivel.
O más perverso aún, podrán despedir trabajadores con mejores condiciones y reemplazarlos por nuevas contrataciones con menores salarios y derechos.
La reforma laboral que propone el gobierno para atacar conquistas obreras es el complemento de la rebaja de las contribuciones.
Ganancias: los trabajadores en la dulce espera
Una de las principales promesas de campaña de Mauricio Macri en 2015 fue la eliminación del impuesto al salario (mal llamado impuesto a las ganancias de la cuarta categoría).
Un contubernio de Cambiemos, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores condujo a modificaciones parciales a fines de 2016, pero el impuesto lo sigue pagando miles de trabajadores.
Lejos de aquella promesa de campaña, ahora el oficialismo propone bajar la tasa del impuesto a las ganancias empresarias del 35 % al 25 % para las utilidades no distribuidas, es decir que tengan como destino la inversión. El descenso de la tasa también será gradual hasta el 2021.
Es conocido que las empresas tienen un gran aparato al servicio de la contabilidad creativa para evadir impuestos y fugar capitales, contando además con paraísos fiscales que facilitan la tarea.
El Gobierno propone mayor fiscalización y medidas de control sobre la contabilidad empresaria, dando por descontado en los hechos que es probable que cada vez haya más utilidades a "reinvertir".
La reducción de la tasa del impuesto finalmente redundará en menos recaudación para engrosar los bolsillos patronales.
Barniz progresista
El aspecto presentado como más progresivo de la reforma es la extensión del impuesto a las ganancias sobre las rentas financieras con mínimos no imponibles y alícuotas moderadas: 15 % para los activos en dólares y 5 % para los nominados en pesos.
La propia presentación difundida por el Ministerio de Hacienda expone la tibieza del trato al capital especulativo: en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tan venerados por el macrismo, las alícuotas promedio son de 42 % para los dividendos, 37 % para las ganancias de capital por acciones y 28 % para los intereses ganados.
Los especuladores venían presionando para que no se gravara la renta financiera, incluso la Bolsa porteña reflejó en varias jornadas subas y bajas al calor de los rumores sobre cómo sería el proyecto final del oficialismo.
Los trascendidos indican que un sector del Gabinete optó por grabar módicamente la renta financiera para encubrir de progresista la reforma proempresarial.
Es una fórmula similar a la practicada el año pasado con la falsa reparación histórica a los jubilados, que encubrió un escandaloso blanqueo que benefició al hermano de Mauricio Macri y a otros familiares del elenco gobernante.
No obstante, muchos banqueros y operadores financieros anticiparon que el pago del impuesto obligará a la autoridad monetaria a ofrecer más incentivos para instrumentos como las Lebac. Lo que plantean es una compensación a través de las tasas que paga el Central.
Está por verse la actitud de Federico Sturzenegger en el futuro, pero a nadie se le escapa que el Gobierno ha convertido a la plaza local en una trinchera del capital financiero internacional.
Más rebajas a las empresas
El Gobierno busca avanzar en un acuerdo de “responsabilidad fiscal” con las provincias para que los gastos no aumenten más que la recaudación. Busca llevar la avanzada ajustadora a todos los distritos.
Pero hay más. El oficialismo a la vez promueve una reducción de los ingresos brutos, una de las principales fuentes de recaudación de la mayoría de las provincias, y los sellos, por lo cual se redoblarán los límites al crecimiento del gasto.
No es difícil adivinar por donde vendrán los recortes. Todos los gobiernos provinciales protagonizaron en el último año y medio ajustes sobre los trabajadores, siendo incluso más brutales en Santa Cruz y Tierra del Fuego donde gobierna el kirchnerismo.
El proyecto oficial también contempla que el impuesto a los créditos y débitos bancarios (al cheque) se puedan considerar como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
El macrismo dice que de conjunto la rebaja de impuestos a las empresas permitirá que se desarrollen inversiones.
El latiguillo es conocido. La famosa "lluvia de inversiones" que desatarían las medidas que tomó el Gobierno cuando asumió nunca llegó.
Agravando los desequilibrios
Uno de los principales desequilibrios que tiene el esquema económico es el déficit fiscal. La quita y baja de retenciones de exportación e importación a varias ramas de la economía apenas asumió Cambiemos, principalmente al agronegocios, profundizaron el rojo fiscal.
Otro tanto ocurre con los pagos de los intereses de la deuda externa, que superan el 10 % del presupuesto y son mayores a los presupuestos de educación y salud. Y crecen exorbitantemente por el festival de deuda.
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En paralelo, la reforma impositiva disminuirá los ingresos a las arcas públicas en un monto equivalente a 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cabo del quinto año.
Esto significa que, si se cumplen las estimaciones del gabinete económico, hacia 2022 unos $ 155 mil millones, en valores actuales, irán a los bolsillos de los empresarios gracias a la reforma tributaria.
El proclamado equilibrio fiscal que dice buscar el macrismo sólo recorta “gastos” contra los trabajadores aplicando tarifazos, destruyendo el salario de los empleados públicos, la educación y la salud.
El sistema tributario actual agudizará sus rasgos regresivos en tanto seguirá apoyado en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto al salario.
Es necesaria una amplia movilización obrera y popular para tirar abajo el impuesto al salario, quitar el IVA a los consumos populares y aplicar impuestos progresivos al gran capital y las grandes fortunas del país.
Pablo Anino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
